La iniciativa fue presentada en su momento por el diputado Eduardo Alcántara Montiel y tiene como objetivo considerar en materia electoral, a las pruebas documentales públicas que se ofrezcan y provengan de una carpeta de investigación, como prueba plena, cuando a juicio del Tribunal generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados.
Esta reforma busca aclarar que en el actuar de los juzgadores electorales, no resulte la emisión de resoluciones inconstitucionales por contravenir facultades expresamente otorgadas a los jueces penales, en cuanto alcance y valoración de pruebas.
“Cuando las documentales públicas obren dentro de una carpeta de investigación, harán prueba plena cuando a juicio del Tribunal competente generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados; al concatenarse con los demás elementos que consten en el expediente respectivo, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí”, indica el párrafo adicionado al artículo 359.
Al respecto, el diputado Eduardo Alcántara Montiel señaló que con la reforma se pretende dar certeza en la administración de la justicia electoral, con la valoración adecuada de las pruebas, dijo que esto aplicará en los juicios de protección de derechos, los recursos de inconformidad, así como los procedimientos sancionadores.
En tanto, la diputada Mónica Silva Ruiz destacó la importancia de la iniciativa en favor de los derechos político-electorales de las personas.
Durante la sesión, también se dio respuesta a distintos oficios turnados a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de autoridades municipales respecto a límites territoriales y designación de funcionarios, así como de ciudadanos respecto a peticiones para la autoridad municipal, la solicitud para legislar en materia de candidaturas independientes y en atención a los derechos de pueblos y comunidades indígenas.
En la sesión de la Comisión estuvieron presentes las diputadas Mónica Silva Ruiz y Jocelyn Olivares López, así como los diputados Eduardo Castillo López y Eduardo Alcántara Montiel.
