Por: Eduardo Castillo López
Tras un proceso de Consulta y en un hecho histórico para Puebla, aprobamos la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, así como reformas a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y a la Ley de Educación del Estado.
Para cumplir con este objetivo, diseñamos la ruta para escuchar y atender las opiniones, propuestas y aportaciones de las personas con discapacidad, así como de pueblos y comunidades indígenas, a fin de lograr una legislación que responda a sus necesidades.
La Ley de Movilidad y Seguridad Vial establece las bases y principios para garantizar la movilidad en condiciones de seguridad vial accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, de calidad, inclusión, igualdad, modernidad e innovación tecnológica. El ordenamiento contempla los principios para la planeación, diseño e implementación de políticas públicas que prioricen la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos.
Esta Ley protege a las y los usuarios más vulnerables, pues enlaza la planeación de la movilidad con el desarrollo urbano y establece una responsabilidad compartida para procurar una seguridad vial entre los usuarios, autoridades a cargo de la infraestructura vial, proveedores de vehículos y autoridades a cargo de la aplicación de sanciones.
Igual que la Consulta a personas con discapacidad para contar con una Ley de Movilidad y Seguridad Vial incluyente; se realizó un proceso de participación ciudadana a integrantes de pueblos y comunidades indígenas para escuchar de cerca sus necesidades y aportaciones.
La Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas tiene por objeto reconocer, regular y garantizar a las comunidades integrantes de los pueblos indígenas y a sus habitantes, el ejercicio de sus formas de organización comunitaria y de gobierno propio; el respeto y desarrollo de sus culturas, creencias, conocimientos, lenguas, usos, costumbres, medicina tradicional y recursos.
Uno de los puntos centrales de la reforma es establecer como derecho la consulta previa en todas las medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los pueblos y comunidades indígenas, respetando su autonomía y formas de organización.
A través de las reformas, se promueve la cultura y la lengua de los pueblos y comunidades indígenas, además se enfatiza la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades y acceso a los servicios de salud y educación, con pertinencia cultural y lingüística, por lo que estas reformas representan un paso contra la discriminación y la desigualdad.
Mientras, las modificaciones a la Ley de Educación indican que ésta debe tener un enfoque intercultural respetando el conocimiento de las lenguas originarias, atendiendo las características y necesidades de las escuelas en contextos indígenas, y fortaleciendo la formación de recursos humanos que fomenten y preserven la cultura de los pueblos y comunidades indígena.
Si bien, las reformas son producto de la labor legislativa; la participación de los pueblos y comunidades indígenas, mediante sus opiniones, propuestas y aportaciones, se convirtieron en la prioridad para elaborar el dictamen.
