Por: Humberto Aguilar Coronado*
La fiscalización de los recursos de los partidos políticos y candidatos, en las
etapas de precampaña y campaña, es una de las tareas clave que le fueron
asignadas al Instituto Nacional Electoral.
Esta herramienta institucional se construyó con el consenso de las fuerzas
políticas, a partir del alarmante diagnóstico de las inequidades y los efectos
corruptores del ingreso de dinero ilegal en las campañas políticas. Y decir que
el dinero es ilegal es, tanto por su posibles fuentes como por la manera de
ingresarlo al proceso.
Algunas estimaciones llegaron a considerar que por cada peso que los
candidatos y los partidos declaraban al sistema de fiscalización, en realidad
se gastaban 15 pesos.
El sistema de financiación de los gastos de campaña establece, desde la
Constitución, la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, pero
el mecanismo está profundamente distorsionado, permitiendo que el dinero,
público o privado, no provenga directamente de la financiación asignada
presupuestalmente.
Es evidente que, sea cual sea el origen de los recursos ejercidos en
precampañas o campañas fuera de los límites de la ley, significa un peligro
mortal para la salud de la democracia mexicana, pues implica que los
aportantes, ya sean servidores públicos o particulares, a lo que aspiran es a
ejercer influencias ilícitas en el ejercicio del gobierno, pero además, esta
vulnerabilidad afecta directamente la autenticidad de la representación
política, porque no puede expresarse como resultado de un voto libre y
secreto.
Están definidos los topes de gasto que los candidatos deben respetar y el
procedimiento para vigilar su cumplimiento. Su finalidades es garantizar el
cumplimiento del principio de equidad, por lo que si dichos límites no
se respetan, entonces el propósito se diluye.
Evidentemente el diseño normativo es insuficiente, cuando se acusa a
personas cercanas al gobierno de recibir aportaciones de orígen ilícito.
Existen investigaciones criminales sobre aportaciones del crimen organizado
para, por lo menos, dos campañas del grupo político que hoy ostenta el
Poder.
No podemos permitir dinero de la delincuencia organizada en las campañas
electorales.
No podemos permitir que se usen recursos públicos para favorecer a una
candidata.
No podemos permitir que se oculten gastos y que se intente engañar a la
ciudadanía y a la autoridad electoral.
México merece una democracia real, con contrapesos y división de poderes.
México no puede ser rehén del dinero ilícito para construir un régimen
autoritario que no sabe, y, a las claras, no quiere, respetar la ley.
*Es Diputado Federal del PAN
