Con la finalidad de dar certeza y legalidad en los servicios de arrastre, arrastre y salvamento, y depósitos vehiculares, el gobierno presente de Sergio Salomón, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), emprendió desde junio de 2023 un proceso de regularización de todos los depósitos de vehículos que prestan servicios en el estado, dado que las quejas más recurrentes de las y los poblanos es el abuso en cuanto al cobro excesivo y la irregularidad de estos.
En rueda de prensa, el gobernador Sergio Salomón señaló que esta administración escucha de manera activa las preocupaciones de las y los poblanos sobre los servicios de grúas y depósitos vehiculares; por ello, fueron realizadas acciones para garantizar que los proveedores sean justos y transparentes. Además, el mandatario indicó que cualquier ciudadano que requiera dicho servicio podrá consultar el Padrón Oficial de Depósitos Vehiculares para evitar abusos en tarifas de arrastre.
Como parte de la intervención de la SMT, el director de Asuntos Jurídicos, Héctor Gonzalo Ramírez Leyva señaló que existen iniciativas presentadas para modificar las leyes de Transporte y de Ingresos estatales, para que la Secretaría de Movilidad y Transporte sea la autoridad rectora en el establecimiento de las tarifas de arrastre, grúas y depósitos vehiculares.
Este proceso de regularización contempló la inspecciones físicas y documentales de depósitos de vehículos, en donde actualmente 78 empresas de grúas y depósitos vehiculares cuentan con las condiciones materiales y legales para dar un servicio óptimo. Dicho directorio está disponible en la página: smt.puebla.gob.mx/deposito, donde pueden consultar datos de contacto, ubicación exacta y el propietario o representante legal de cada empresa, categorizada por municipio.
Este proyecto toma como referencia cobros estipulados en el Reglamento Federal de Grúas, para homologar los servicios en la entidad. En este sentido, en conceptos donde la tarifa federal es más alta, se aplicaron cuotas más bajas, privilegiando el interés social de los particulares que se ven involucrados en accidentes o hechos de tránsito.
En caso de que las empresas prestadoras de servicios no cumplan con las tarifas ya autorizadas, serán acreedoras a una multa de 110 a 120 unidades de Medida y Actualización (UMAs) y, si llegaran a reincidir, la SMT revocará la concesión, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Transporte del Estado. Además, aquellas empresas que estén operando sin concesión, serán clausuradas.
