Imagine que la emisora, actualmente sintonizada en la radio de su auto, trabajo o en la casa, ofrece a cada oyente la capacidad de influir en la programación diaria; la oportunidad de ser escuchado y de participar activamente en la creación de los contenidos sonoros, informativos, musicales y comerciales. Es decir que nos hicieran caso al respecto de lo que queremos escuchar, lo que nos molesta de la programación o lo que pensamos pudiera mejorar.
Suena utópico, lo sé, pues las emisoras no se rigen por los gustos o necesidades de las audiencias, sino por las tendencias comerciales y políticas en turno. Y está bien, son una empresa.
No obstante, en una sociedad democrática, la protección de los derechos de las audiencias no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad fundamental para el funcionamiento de una comunicación equitativa y diversa. El derecho de la audiencia, esencialmente, asegura que toda persona tenga la oportunidad de ser escuchada y defenderse ante la autoridad competente, previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones.
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en México, particularmente en sus artículos 256 y 258, establece claramente los derechos de las audiencias, incluyendo a escuchas con alguna discapacidad. Este marco legal garantiza que los contenidos reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación, promoviendo una representación justa y variada de la sociedad en los medios.
Recientemente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha dado un paso significativo al aprobar en su XVIII Sesión Ordinaria la “Consulta Pública del Anteproyecto de Lineamientos Generales para garantizar los Derechos de las Audiencias”. Este anteproyecto, desarrollado por la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT (UMCA), busca regular los Códigos de Ética que deben emitir los concesionarios de servicios de radiodifusión y televisión.
Además, se enfoca en la regulación de los defensores de las audiencias, quienes tienen la crucial tarea de asegurar el cumplimiento de los derechos de información, expresión y recepción de contenidos, pero que “casualmente” son designados por las propias estaciones de radio y televisión, es decir que responden a los intereses de las propias empresas, no así de los escuchas. Algo así como un “acto de buena fe” por parte de los concesionarios y directivos en la radio y televisión.
El anteproyecto en mención del IFT, desarrolla dos mecanismos principales para la protección de los derechos de las audiencias: los Códigos de Ética y las Defensorías de Audiencia. Los Códigos de Ética deben establecer parámetros mínimos que los concesionarios y programadores deben seguir, mientras que las Defensorías de Audiencias aseguran que estos principios se respeten y apliquen efectivamente. Así de sencillo que suena.
Los mecanismos no solo buscan proteger los derechos de las audiencias, sino también dotarlos de una voz poderosa en el ecosistema mediático. ¿Será que sí?
El IFT ha invitado a la ciudadanía a participar en esta consulta pública, enviando comentarios, opiniones y aportaciones sobre el contenido del anteproyecto. Las personas interesadas pueden enviar sus contribuciones a través del correo electrónico designado: lineamientosumca@ift.org.mx o presentarlas físicamente en la Oficialía de Partes del Instituto en la Ciudad de México.
Esta iniciativa de consulta pública es un paso vital para asegurar que los lineamientos reflejen verdaderamente las necesidades y preocupaciones de las audiencias; aunque las aportaciones no serán vinculantes, el Instituto dice que las considerará seriamente en la elaboración del documento final.
En definitiva, la protección de los derechos de las audiencias deberá (en algún futuro), proyectarse como un pilar fundamental para la construcción de una democracia saludable; sin embargo para alcanzar este propósito, se necesita claro, de “sumar voluntades”, esas que no siempre se pueden encontrar y conciliar entre los círculos político – empresariales.
Mientras tanto, el trabajo del IFT y su iniciativa para establecer lineamientos claros y efectivos a través de la consulta pública, demuestra que hay un compromiso con la transparencia y la participación ciudadana, al menos en la escencia de las acciones administrativas.
Sin duda y en completa convicción, quien esto le comenta, considera esencial, que todas las voces sean escuchadas y que los medios de comunicación se conviertan en verdaderos reflejos de la diversidad y pluralidad de nuestra sociedad.
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