En una reciente conferencia organizada por diversos colectivos de defensa de derechos humanos, incluidas las organizaciones Vitrina Social, Todos para Todos, A.C., y el Parlamento de Mujeres Mexicanas, las abogadas Rosa Corina Franco, Violeta Lagunes y Marisela Pichón Acevedo discutieron la necesidad urgente de reformar el sistema judicial mexicano. Las declaraciones de las abogadas subrayaron la insatisfacción con el actual estado del Poder Judicial y la importancia de implementar cambios estructurales.
Rosa Corina Franco enfatizó el apoyo a la reforma judicial, argumentando que el sistema actual ha fallado en proporcionar una justicia imparcial y expedita. Franco señaló que el pueblo mexicano ha manifestado su descontento con la inseguridad e impunidad persistentes, lo que ha llevado a un llamado por un cambio en el Poder Judicial de la Federación. Destacó los «sabadazos» de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se han liberado delincuentes peligrosos, como ejemplos de la mala praxis que justifica la reforma. La abogada también citó ejemplos internacionales, como Estados Unidos y Suecia, donde los jueces son elegidos democráticamente, y argumentó que la meritocracia, la honestidad y los valores deben ser esenciales en la selección de jueces, magistrados y ministros.
Violeta Lagunes, quien formó parte del Poder Judicial Federal de 1998 a 2006, abordó el tema desde su experiencia personal. Lagunes rechazó las críticas que consideran la reforma como una invasión de esferas, explicando que los tres poderes del Estado participarían en la elección de candidatos que se someterán al escrutinio público. También criticó el sistema actual de nombramientos, que, según ella, fomenta el nepotismo y la corrupción. La abogada denunció el alto costo de los salarios de los ministros y la falta de movilidad y escrutinio en el sistema actual. Además, aclaró que la reforma no eliminará la carrera judicial, sino que fortalecerá la especialización y mejorará el proceso de selección mediante evaluaciones especializadas.
Marisela Pichón Acevedo se centró en la necesidad de una justicia efectiva y en la frustración del pueblo mexicano con un sistema que no cumple con el artículo 17 de la Constitución, que establece que la justicia debe ser imparcial, pronta y eficaz. Pichón Acevedo subrayó que la corrupción y las omisiones en la impartición de justicia contribuyen a la impunidad, y exigió una respuesta que garantice una justicia social y una administración correcta de la justicia.
Las abogadas también hicieron un llamado a abordar otros temas en la discusión de la reforma judicial que se llevará a cabo en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Solicitaron la mejora de la Defensoría Pública y la Representación Social Federal para garantizar que las personas en situación de pobreza reciban una adecuada defensa legal, y pidieron que el nuevo Tribunal de Justicia Disciplinaria tenga la capacidad de imponer sanciones severas a jueces involucrados con la delincuencia organizada.
La conferencia reflejó un consenso en la necesidad de una reforma judicial profunda para abordar las deficiencias del sistema actual y garantizar una justicia más equitativa y efectiva en México.
