Antes que nada, ¡felices fiestas patrias! Tal como ustedes, siento un profundo amor por México aunque, para ser sincero y según he observado en amigos extranjeros que visitan o deciden vivir aquí, es fácil enamorarse de México.
Lo complicado, es que ese enamoramiento no degenere en justificar hasta lo más injustificable, pues porque “como México no hay dos”. Amar a México no es negarse a admitir todo lo malo que hay en el país, sino trabajar todos los días, y desde la trinchera que nos toque, en favor de un México más equitativo; respetuoso de los individuos, su individualidad y libertades; más seguro y tolerante; con mayores certezas; mucha menos violencia y abusos; con más oportunidades para todas y todos, sin importar nuestro origen, sexo, filosofía, proyectos de vida, credos, preferencias o el equipo al que le vayamos.
Dicho lo anterior, y admitiendo que aun no entiendo cómo la reforma al Poder Judicial va a mejorar la seguridad o el acceso a una Justicia más oportuna, objetiva, profesional y apegada a Ley, de las y los mexicanos, les comparto cinco puntos sobre costos asociados a la reforma y que, para variar, pagaremos las y los ciudadanos.
Punto 1. Costos directos. En un país en el que, de por sí, la presidencia de Claudia Sheinbaum se las iba a ver negras por las restricciones en las finanzas públicas, por la necesidad de recortar el gasto del gobierno alrededor de 4% del PIB (algo así como 56 mil millones de dólares), después de que en 2024 el déficit del sector público se disparara a un nada sostenible, y no visto en los últimos 30 años, 6% del PIB. En este entorno, desembolsar entre 3,500 y 5,000 millones de para organizar la elección de jueces y magistrados, y que NO están considerados en el presupuesto del INE para 2025 duele, y mucho, en la bolsa del Gobierno Federal y, aún más, en los apoyos y programas a los que las y los mexicanos ya no tendremos acceso, porque no habrá cómo fondearlos.
Punto 2. Costos de oportunidad. En términos económicos, el costo de oportunidad es el valor de todo aquello a los que renunciamos cuando dedicamos nuestros recursos a hacernos de algo en particular. En este sentido, es válido preguntarse qué se podría haber hecho con los 5,000 millones que se dedicarán a la elección de jueces y magistrados federales. A manera de ejemplos, la Secretaría del Bienestar podrían becar, por todo un año, a 138,889 adultos mayores; se podría financiar la impresión y distribución de libros de texto para educación básica de los dos próximos ciclos escolares completos; o, alternativamente, se podrían comprar, en farmacias privadas, alrededor de 5 millones de vacunas Pfizer contra el COVID-19.
Punto 3. ¡Riesgos y más costos de oportunidad! La economía mexicana depende del acceso preferencial que el libre comercio le da como proveedora del mercado y la industria de los Estados Unidos, teniendo como su única estrategia para poder crecer más, el aprovechar el nearshoring. En estas condiciones, implementar una reforma al Poder Judicial de la Federación cuyos beneficios nadie explicó a nuestros socios comerciales, es “jugarle al canelas”; hacerlo sabiendo que esa reforma pone en desventaja a las inversiones extranjeras, ya es querer hacerle al loco; si la implementación de la reforma va contra los acuerdos comerciales suscritos por México, y que son la razón por la que el país tenga acceso al nearshoring, esto ya suena francamente riesgoso; y si, adicionalmente, se hace a sabiendas de que el próximo año comienza una muy demandante revisión del T-MEC con las mismas autoridades canadienses y americanas a quienes Presidencia “puso en pausa” por atreverse, como socios que son, a expresar sus preocupaciones sobre la reforma, ¡esto ya suena del cocol! No nos van a invadir “marines”, pero empresas extranjeras que en condiciones normales deberían ya estar invirtiendo y generando empleos en México, debido a la incertidumbre respecto a las “nuevas reglas del juego para hacer negocios en México” y la manera en las que se vayan a aplicar, prefieren “poner en pausa” al país o, en los peores escenarios, optan por no invertir o llevarse sus inversiones en México a plazas donde les ofrezcan mayor certidumbre y acceso a los EE. UU. No es de gratis que, en Texas, estén sonriendo.
Punto 4. Costo reputacional. Economía y sociedad, para funcionar, requieren de un “ente” con las suficientes autoridad moral y aceptación ciudadana, para que los individuos aceptemos darle parte de nuestro patrimonio y libertades, permitiéndole ejercer, de manera monopólica, la violencia legítima, a cambio de que intervenga si las otras violencias amenazan nuestras vidas o posesiones; si la inestabilidad, inseguridad o fallas de mercado, impiden el correcto funcionamiento de este; o si, como sociedad, demandamos satisfactores que el mercado no nos puede dar. Este “ente” es el gobierno, y en México su aceptación está bastante bocabajeada tanto por su incapacidad para brindarnos seguridad como por las históricas, y contemporáneas, sospechas sobre su honestidad en el manejo de los recursos que le damos. Ahora, como resultado de la manera en la que se exhibieron en el Senado durante la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, el actual movimiento en el Gobierno tendrá que acostumbrarse a que constantemente se cuestione su autoridad moralidad, pues demostraron que no tienen empacho en utilizar los mismos métodos antidemocráticos e ilegales que, en su momento, utilizó la ahora oposición para complacer a los suyos. Nunca creí que fueran distintos, pero si alguna vez lo fueron, en la actualidad el efecto corruptor del Poder ya los igualó con sus antecesores.
Punto 5. Costo social. Siempre he creído que uno de los grandes errores del México de finales del Siglo XX e inicios del XXI, es el distanciamiento falaz entre ciudadanía y política. Alejar a las y los ciudadanos de la “rēs pública” y que esta quede en manos de políticas y políticos “profesionales”, lejos de proteger la de suyo discutible pureza ciudadana de los vicios políticos, sólo le ha despejado el camino a miembros de la misma sociedad, que sí se dedican a la política, para que hagan lo que quieran y como quieran con el país… y los resultados están a la vista. Si la reforma al Poder Judicial así sea por su contenido, la manera en la que fue aprobada o ambas, contribuye a destruir la división de poderes así como los pesos y contrapesos que templan las tentaciones de ejercer el Poder, cada vez mayores proporciones de ese poder público irán a dar al reducido grupo que conforma la “clase política” sin que haya una sociedad civil que los vigile y a la cual le rindan cuentas, por lo que el día de mañana no nos podremos decir sorprendidos por la cantidad de poder que esa “clase política” acumuló y ejerce autoritariamente sobre todos nosotros. De ser así, cual castigo dantesco, como generación estaremos condenados a escuchar en nuestras cabezas, una y otra vez, ad nauseum, que “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, por haberlo permitido.
