El conflicto legal por la expropiación de predios al sur de la ciudad, realizado en 1966, seguirá siendo un tema pendiente para el próximo gobierno municipal encabezado por José Chedraui Budib. La síndica Guadalupe Arrubarrena García destacó que, debido a la falta de una resolución por parte de la Sala Superior del Tribunal Agrario, la administración actual no podrá concluir con este asunto.
En entrevista, Arrubarrena García explicó que el proceso legal comenzó en 2020, y fue en 2021 cuando el ayuntamiento recibió la notificación oficial. Posteriormente, en mayo de 2022, se emitió una sentencia inicial. Sin embargo, señaló que el ayuntamiento considera que no se tomaron en cuenta diversas defensas presentadas, motivo por el cual decidieron llevar el caso a una instancia superior, el Tribunal Agrario.
Aclaró que aún no hay una sentencia definitiva y, después de que la Sala Superior emita su fallo, el gobierno municipal podría recurrir a un amparo si fuera necesario.
Además, la funcionaria destacó que aún no existe una cifra precisa sobre el monto que el gobierno municipal tendría que pagar por la expropiación, ya que esto no ha sido cuantificado oficialmente. Aunque los demandantes han solicitado una indemnización que supera los mil millones de pesos, la cantidad exacta será determinada por la instancia competente.
Aseguró la sindica que seguirán sosteniendo mesas de diálogo, concientes que no se resolverá en esta administración, será la siguiente la que tendrá que resolver el conflicto
