Respecto del fenómeno migratorio regional, del que nuestro país es parte, cabe decir que México logró un consenso legislativo por parte de los partidos políticos. Resultado de una amplia negociación sobre el tema, se aprobó la Ley de Migración (2017) y las reformas a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (2014 y 2022). El consenso privilegió el sistema internacional establecido por la Organización Internacional de Migrantes (OIM) con su visión para una migración regular, ordenada y segura establecida en el Pacto de Marrakech (2018), después de una extensa negociación entre países.
La nueva administración de los EE.UU. trae ahora directrices y objetivos diferentes, desarticuladores del consenso mexicano y regional. A comparación de la primera administración de Trump, la segunda ha comenzado con propuestas más categóricas y ambiciosas que ponen en jaque no sólo a sus otros dos poderes de gobierno, sino a los gobiernos de otros países también. Los otros dos poderes, actores importantes, el legislativo, aun cuando ha mostrado interés en apoyar al presidente al pasar la Ley Laken Riley, puede negarle recursos; en tanto, el poder judicial, cuenta con facultades para limitar las ambiciones migratorias del ejecutivo.
Por ejemplo, es poco probable que la Suprema Corte cancele el birthright citizenship – jus soli o nacionalidad por lugar de nacimiento- mediante una reinterpretación del artículo 14 constitucional, debido a los precedentes en ley y sus repercusiones prácticas. Igualmente, imponer una nueva política migratoria puede verse impedida por variadas resoluciones judiciales.
Adicionalmente, la nueva política migratoria estadounidense, se va a enfrentar a la realidad migratoria global. En este sentido, el éxito de desarticular la práctica regional, demandará que los demás países del Continente también contribuyan a la nueva posición del norte, de patrullar sus fronteras, detener migrantes irregulares, y mantener estándares administrativos y de trabajo con EE.UU. ¿Pero?, dados los costos reales de su aplicación, tanto sociales como económicos, ¿quién le haría segunda a Trump?
En este sentido, el tema migratorio, desde una perspectiva de derechos humanos, ante la realidad de México como país fuente, de tránsito y de destino migratorio, fue aprovechada por la primera administración Trump para forzar la aceptación de su política Remain in Mexico -permanece en México-. Restablecer esta práctica, entre otras, significa que nuevamente se verá la necesidad de dar cobijo a migrantes de otros países en localidades fronterizas, con la absorción de costos sociales por los municipios, mientras que el gobierno federal multiplicará los esfuerzos de las corporaciones de seguridad para presentar a los migrantes irregulares ante el INM y la COMAR. Habrá que recordar que ambas medidas no fueron populares la vez pasada y diversas autoridades locales e internacionales reclamaron. ¿Qué nos hace pensar que serán más populares en esta ocasión ante la posibilidad de un mayor número de afectados?
Pero el problema podría aparecer en otro costado: ante las próximas elecciones de 2027 en México se corre el riesgo de que un oportunismo político quiebre el actual consenso migratorio argumentando su alto costo social, similar a la actitud del choque partidista de los EE.UU. Para la administración Trump, esto representaría un escenario regional ideal, para revertir la actual práctica migratoria y forzar, a través del disenso político tanto en nuestro país como en otros países latinoamericanos que busque hacer que el fenómeno migratorio se vuelva el problema de alguien más. Un cambio en el discurso político de Latino-América que busque instrumentar medidas más severas al migrante, lejos de eliminar la necesidad de emigrar, sólo serviría para: a) poner en mayor peligro la vida del migrante, b) generar conflictos internos en el Continente, y c) provocar inestabilidad local al eliminar la válvula de escape que representa la emigración.
Por lo tanto, aun cuando la visión de la nueva administración de los EE.UU. puede llegar a resultar irresistible para algunos actores políticos con miras al 2027, asumirla será riesgosa para los países de Latino América. En consecuencia, la colaboración para la articulación de un nuevo sistema migratorio regional propuesto por la segunda administración Trump debiera hacerse desde una visión de colaboración y desarrollo regional y no de asestar el golpe a quien se deje. Es decir, tendría que ser el juego de “las traes”: un, dos, tres por mí y por todos mis amigos.
Mtro. Jose R. Xilotl Soberón
Docente en Relaciones Internacionales Anáhuac Puebla.
