Lo que parecía un caso de desaparición forzada terminó revelando una red de crimen y corrupción. Nueve jóvenes tlaxcaltecas fueron encontrados sin vida en un escenario de violencia extrema, y las investigaciones apuntan a un robo de 500 mil pesos como el detonante de la tragedia. Entre los principales actores de esta historia, aparecen un empresario con aspiraciones políticas, policías municipales y grupos delictivos que habrían estado detrás de su captura y ejecución.
El hallazgo de los cuerpos
El 1 de marzo, en un vehículo abandonado en San José Miahuatlán, Puebla, localizaron los cuerpos desmembrados de nueve personas. Seis de ellas ya habían sido reportadas como desaparecidas en Tlaxcala. Al principio, se pensó en un secuestro, pero la historia tomó otro rumbo cuando surgió el nombre de José Alfredo Lavariega Canseco, alias «El Jocha», un empresario de Huatulco con aspiraciones políticas.
Ese mismo día, «El Jocha» apareció muerto en Barra de Copalita, Oaxaca. Su cuerpo mostraba signos de tortura y sus manos habían sido cercenadas. La conexión entre su asesinato y el de los jóvenes se hizo evidente cuando las primeras investigaciones señalaron que el grupo pudo haber robado a alguien con suficiente poder para ordenar su ejecución.
Un atraco que desató la cacería
Según las indagatorias, «El Jocha», dueño de un hotel en Huatulco, habría contratado a los jóvenes para cometer robos en la zona, enfocándose en turistas y cuentahabientes. En uno de estos golpes, lograron llevarse medio millón de pesos, pero el botín no era de cualquiera. Al darse cuenta de su error, intentaron huir, pero ya estaban en la mira.
Poco después, policías municipales de Huatulco y San Pedro Pochutla intervinieron. En lugar de detenerlos y procesarlos, los entregaron a un grupo criminal. Esta versión fue confirmada por Brenda Mariel Salas, la única sobreviviente. En su testimonio, contó que la noche de la desaparición, ella y Jacqueline Ailet Meza fueron interceptadas por una patrulla al salir del hotel. Ambas fueron golpeadas, encapuchadas y separadas. Horas más tarde, Brenda apareció en una carretera; Jacqueline no tuvo la misma suerte.
El 2 de marzo, la Guardia Nacional encontró un Volkswagen Vento gris en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca. En su interior estaban los cuerpos desmembrados de los jóvenes.
Hasta el momento, siete de ellos han sido identificados:
Raúl Emmanuel González Lozano, 28 años
Lesly Noya Trejo, 21 años
Angie Lizeth Pérez García, 29 años
Jacqueline Ailet Meza Cázares, 23 años
Noemí Yamileth López Moratilla, 28 años
Rubén Antonio Ramos Flores, 22 años
Rolando Armando Evaristo, 22 años
Brenda Mariel Salas ha sido clave en la reconstrucción de los hechos. Su testimonio refuerza la hipótesis de que la Policía colaboró con criminales para entregar al grupo.
Las investigaciones han vinculado a los jóvenes asesinados con la banda de «Los Zacapoaxtlas», un grupo dedicado a robos en viviendas y asaltos a cuentahabientes. Se sospecha que fueron reclutados para operar en Huatulco, y su actividad quedó expuesta en redes sociales. Videos y chats filtrados muestran sus movimientos en Huatulco y Zipolite antes de ser localizados.
La teoría es que, tras el robo del dinero, intentaron esconderse, pero sus perseguidores los encontraron. La Fiscalía de Oaxaca sigue investigando posibles vínculos con otras células delictivas en la zona y el papel de la Policía en esta cadena de hechos.
