El feminicidio de Cecilia Monzón, abogada y activista, continúa siendo uno de los casos más conmocionantes y emblemáticos de la violencia de género en Puebla. Su asesinato, ocurrido en mayo de 2022 en San Pedro Cholula, no solo expuso las fallas del sistema judicial mexicano, sino que también evidenció la resistencia de las estructuras de poder para hacer justicia en estos casos. Tres años después, el proceso judicial finalmente comenzará, pero la lucha por la justicia sigue siendo ardua.
El crimen, perpetrado a plena luz del día mientras Cecilia se desplazaba en su vehículo, fue rápidamente considerado un feminicidio planeado. Desde el principio, las investigaciones apuntaron a que no se trataba de un ataque al azar, lo que llevó a la Fiscalía de Puebla a indagar sobre sus relaciones personales y profesionales. En cuestión de semanas, se identificó a los presuntos responsables: Javier N., exdiputado, exsecretario de Gobernación y expareja de la víctima, señalado como el autor intelectual, y a dos hombres más, Jair N. y Silvestre N., acusados de ejecutar el ataque.
Las pruebas fueron contundentes: la motocicleta utilizada en el crimen, el arma homicida y varios documentos que vinculaban a los sospechosos con el asesinato. Estos elementos permitieron a las autoridades emitir órdenes de captura. Sin embargo, el proceso ha sido marcado por las maniobras dilatorias de la defensa de Javier N., quien, a través de amparos y otros recursos legales, ha buscado retrasar el juicio, incluso solicitando el cambio de sede del proceso y alegando irregularidades.
Estas tácticas han generado gran preocupación entre la familia de Cecilia y la sociedad civil, que temen que la justicia sea nuevamente evadida. Helena Monzón, hermana de la víctima y abogada, ha denunciado en múltiples ocasiones que estas estrategias podrían derivar en la liberación del principal acusado antes de una sentencia definitiva. A lo largo de estos años, Helena ha insistido en la urgencia de que el juicio avance sin más retrasos, con una perspectiva de género que garantice una justicia real para su hermana.
A pesar de los intentos por obstruir el proceso, el Poder Judicial de Puebla ha tomado medidas para evitar más demoras. En enero de 2025, la corte negó un amparo clave solicitado por la defensa de Javier N., lo que permitió finalmente fijar el inicio del juicio para el 12 de marzo. La familia Monzón ha dejado claro que buscará la pena máxima de 60 años de prisión para los responsables, con la esperanza de que este caso marque un precedente en la lucha contra la impunidad en feminicidios.
El asesinato de Cecilia no solo desató indignación, sino también una amplia movilización social. Su caso ha sido un símbolo de la exigencia de justicia para las víctimas de violencia de género en México, y la persistencia de su familia y los colectivos feministas ha sido fundamental para mantener el tema en la agenda pública, presionando a las autoridades para que el proceso judicial no quede en el olvido.
Ahora, con el juicio finalmente programado, crece la expectativa sobre lo que ocurrirá en la sala. Más allá de la sentencia, este caso representa una oportunidad crucial para poner de manifiesto las deficiencias estructurales que perpetúan la violencia contra las mujeres y la impunidad en el país.
En las horas previas al juicio, surgió un nuevo giro en el caso. El 11 de marzo, Silvestre N. cambió de abogado, lo que generó inquietud sobre una posible nueva estrategia para aplazar el proceso. Helena Monzón reaccionó rápidamente en redes sociales, advirtiendo que esta maniobra podría ser un intento de retrasar nuevamente el juicio: «Mañana intentarán colarnos que el nuevo defensor de Silvestre no ha tenido tiempo de preparar el juicio y necesitan diferir», señaló.
A menos de 24 horas de que comience el juicio, la tensión crece. Este proceso, que ha tardado tres años en arrancar, es ahora una prueba de que la justicia, especialmente para las víctimas de violencia de género, puede prevalecer sobre la corrupción. No obstante, ese desenlace aún está por verse.
