En distintos puntos de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca aparecieron lonas con mensajes acusatorios contra el gobierno oaxaqueño. En ellas, firmadas por un grupo autodenominado «empresarios poblanos», se señala a funcionarios estatales de supuestos vínculos con el crimen organizado.
Las mantas muestran fotografías de Bogar N., a quien responsabilizan por la ejecución de nueve jóvenes tlaxcaltecas y del empresario Alfredo N., alias «El Jocha», en Huatulco. También aparecen el gobernador de Oaxaca Salomón Jara, el senador Antonino Morales y la secretaria de Turismo, Saymi Pineda, quien, según los mensajes, sería pareja sentimental del presunto criminal.
Bogar N. es identificado en los mensajes como un supuesto operador del Cártel de Sinaloa y del grupo de los Beltrán Leyva. Se menciona que es un objetivo de la DEA y el Departamento de Justicia de EE.UU.
Según informes preliminares, la masacre en Huatulco ocurrió después de que los jóvenes tlaxcaltecas fueran «levantados» mientras se hospedaban en un hotel de la zona. Entre las víctimas estaba Alfredo N., dueño del hospedaje y excandidato a la alcaldía de Santa María Huatulco.
Dos mujeres que acompañaban al grupo habrían sido detenidas por policías municipales antes de la tragedia. Hasta el momento, solo una de ellas ha sido localizada con vida en Puebla.
Cateos y desarme de policías en Huatulco
La investigación ha llevado a operativos en Huatulco, donde las autoridades catearon el “Hospedaje Jocha”, lugar donde presuntamente se alojaron las víctimas. También se realizó un operativo en la comandancia de la policía municipal, donde decomisaron armas y documentos oficiales.
El desarme total de la corporación municipal se dio luego de que una sobreviviente declarara que fue «levantada» por supuestos policías. Actualmente, todas las armas de los agentes se encuentran bajo resguardo mientras se investiga su posible participación en los hechos.
Avances en la investigación
Las autoridades han identificado que la organización criminal responsable de la masacre opera en Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Según la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO); los jóvenes asesinados en Huatulco habrían tenido vínculos con otro grupo delictivo.
Como parte de las indagatorias, la FGEO desmanteló una red de videovigilancia clandestina con más de 40 cámaras; presuntamente utilizada por células criminales en Huatulco.
Los cateos recientes han revelado más pistas sobre lo ocurrido; incluyendo la ubicación de objetos personales que pertenecerían a las víctimas.
La costa de Oaxaca ha sido históricamente una ruta clave para el tráfico de drogas y armas. Desde los años 90, tras la caída del Cártel de Guadalajara; el Cártel de Sinaloa consolidó su presencia en la región.
El caso de la masacre de los jóvenes tlaxcaltecas es solo un reflejo de la violencia que persiste en esta zona; donde el crimen organizado sigue operando con rutas seguras para sus actividades ilícitas.
Las investigaciones continúan, y la presión sobre el gobierno de Oaxaca aumenta. Mientras tanto; la aparición de estas lonas y narcomantas sigue generando más preguntas sobre los nexos entre el crimen organizado y las autoridades estatales
