Por: Jesús Quintero
Hemos venido escribiendo en los artículos anteriores sobre el contexto político y económico que se presentaba no solo en nuestro país sino también en el mundo que “empujo” a los gobiernos a que se iniciara una ola privatizadora de los bienes públicos a nivel global.
Durante el desarrollo y crecimiento del llamado Estado Benefactor en nuestro país la administración de los aeropuertos era un fin, y fue durante la década de los 50’s en la que la red aeroportuaria en nuestro país, pública y privada, creció de manera importante, se desarrolló y se fortaleció al punto que cuando inicia el proceso privatizador había 83 aeropuertos en el país, y de esos 58 eran públicos operados por ASA.
Sin embargo, los déficits fiscales que experimentaba el Estados Mexicano, aunado a los cambios ideológicos en términos políticos, el proceso de privatización de los aeropuertos tomo fuerza. Se argumentaba además, que privatizando los aeropuertos serían más eficientes en su administración y operación. Con ello, su administración dejaba de ser un fin para el gobierno. Pero el proceso de la privatización de los aeropuertos no era una cuestión sencilla. La Organización Internacional de la Aviación Civil, a la cual está adherida nuestro país, establece que “…. que los estados deben de proveer en sus territorios de aeropuertos, servicios de radio, meteorológicos y de navegación área para facilitar la navegación aérea internacional…” y, en este sentido, aun privatizados los aeropuertos debían seguir prestando un servicio público por lo cual el Estado mexicano no podía desprenderse de los aeropuerto bajo la figura lisa y llana de la privatización. La recomendación de los organismos internacionales de la aviación fue que la transferencia de los aeropuertos al capital privado para su administración, construcción, remodelación o mantenimiento debía ser preferentemente por la figura de la concesión. Por ello, el gobierno de México concesiono aeropuertos pero no servicios como los de la navegación aérea que eran y son responsabilidad del organismo desconcentrado del gobierno federal, Servicios a la Navegación del Espacio Aero Mexicano, conocido como SENEAM, creado en 1978. Esto con el propósito de que el Estado tuviera el control del espacio aéreo mexicano y garantizar el transporte seguro y eficiente de personas y bienes independientemente de quien administrase las terminales aéreas.
La figura jurídica de la concesión tenía sentido, ya que los aeropuertos forman parte de las vías generales de comunicación, son bienes de uso público y su construcción, administración, operación y explotación es de orden público. La concepción partía de la base de transferir determinadas actividades del sector público al privado, sobre todas las productivas o económicas que no las sociales, asumiendo que la iniciativa privada es más eficiente que la pública a la hora de administrar. Y en esa dirección se consideró que los aeropuertos si bien eran entes públicos y prestaban un servicio público debían sin embargo ser rentables como unidades económicas, independientemente de su utilidad como actores en materia de conectividad aérea y territorial del país y servicio final al usuario, quien en última instancia pagaría por ese servicio.
