Dado el inicio de la Semana Santa y las implicaciones, a título personal, de esta fecha, me imaginaba escribiendo algo menos sombrío y politizado en esta entrega, pero la realidad nacional, y la manera en la que la interpretamos, se imponen.
Con más de 125,000 personas desaparecidas desde el año 2000, de las cuales 60,000 se registraron después de 2019 -datos de SEGOB publicados por El País o los 89,056 secuestros durante 2023 (ENVIPE-INEGI 2024) la crisis por desaparición de personas en México me parece evidente y no debería haber mayor controversia entre el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU y el gobierno y sí trabajo conjunto.
¿Y entonces? Pues, por increíble que parezca, la equivocada equiparación de los conceptos de “Estado” (en su definición básica, la combinación de la población y el gobierno en un espacio geográfico delimitado) y “gobierno”, hasta el momento tienen enfrentados al CED y a la 4T.
De esta manera, aunque la presidenta no haya mandado a desaparecer a nadie y su Gobierno no desaparezca civiles -como sucedía durante la “guerra sucia”-, la existencia de desapariciones forzadas en, al menos, el 75% de los municipios mexicanos, la participación activa de autoridades estatales o municipales en las mismas y la pasiva de los 3 niveles de gobierno, así sea por permisividad o por perpetuar estrategias que, evidentemente, no han funcionado, hacen de esta crisis un tema de “Estado”, que nos involucra tanto a ciudadanos como a gobiernos.
Lo frustrante es que el CED no interviene en México para exhibir a nadie, sino para que la comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, apoye al Gobierno mexicano a atender esta crisis. Apoyo que, hasta el momento, estamos rechazando por semántica.
[1] https://elpais.com/mexico/2025-03-23/mexico-el-pais-que-desaparece-sin-rastro-de-125000-personas.html
[2] www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2024/doc/envipe2024_presentacion_nacional.pdf
