El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para incorporar la figura de revocación de mandato en la legislación estatal.

En entrevista luego de la Feria Comunitaria en Guadalupe Hidalgo, el mandatario recordó que cuando fue senador presentó una propuesta similar a nivel nacional y ahora busca retomarla en el ámbito local.

En ese sentido, instruyó a la Secretaría de Gobernación rescatar el proyecto que impulsó desde el Senado.

«Quiero recordarles que fui el primero en presentar esta iniciativa en el Senado de la República. Le pediría a los diputados que lo trabajen, que salga de ellos. Yo estoy dispuesto, porque ya presenté una iniciativa a nivel nacional», expresó.

Agregó que pedirá al actual titular de Gobernación, Samuel Aguilar, que recupere el proyecto original, el cual contemplaba la posibilidad de revocación tanto para senadores como para gobernadores, al tratarse de cargos de seis años.

“Estoy totalmente de acuerdo con que se implementen este tipo de mecanismos ciudadanos”, señaló.

Armenta aseguró que acatará lo que establezca la ley en esta materia, incluso si se determina que la revocación deba realizarse anualmente.

«Si la ley lo permite, sí lo hacemos. Nuestros críticos dirán que es una forma de hacer campaña, y si no lo hacemos, que rehuimos a la participación ciudadana. Lo que diga la ley, no tengo problema, aunque no podemos hacerlo cada año», puntualizó.

Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de su Segunda Sala, ordenó al Congreso de Puebla legislar de inmediato para incorporar la figura de revocación de mandato del gobernador en la Constitución local. Esto responde a un amparo (752/2024) interpuesto por ciudadanos que denunciaron la omisión legislativa del Congreso estatal.

La reforma federal de diciembre de 2019 exigió adaptar las constituciones estatales en un plazo de 18 meses, que venció en junio de 2021, para habilitar la revocación de mandato en cargos como el de gobernador.

El amparo fue promovido por ciudadanos poblanos (entre ellos Elizabeth Camargo Cervantes) por considerar que el Congreso local incumplió esa obligación.

La Corte concluyó que existe legitimación ciudadana y concedió el amparo, revocando una resolución previa y ordenando al Congreso atender esta omisión

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