Con una inversión de 73.1 millones de pesos, el gobierno de Puebla puso en marcha el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidrológica, que busca garantizar el acceso equitativo al agua y mejorar la productividad del campo.
El beneficio llegará directamente a más de mil 500 productores y productoras de 32 municipios.
El gobernador Alejandro Armenta, acompañado de su esposa Ceci Arellano, destacó que esta estrategia se desarrolla en coordinación con el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, y subrayó que el objetivo es transformar el sector agropecuario con una visión de justicia social.
“En cada dependencia federal está la voluntad de la Presidenta, y Conagua es ejemplo de ello. Estos proyectos no solo modernizan el riego, también ayudan a cuidar nuestros acuíferos y a garantizar un futuro sostenible para el campo poblano”, afirmó el mandatario.
El programa contempla 54 proyectos de tecnificación, entubamiento, rehabilitación y energía solar para optimizar el uso del agua.
Con ello se busca enfrentar la sobreexplotación de mantos acuíferos y al mismo tiempo reducir costos de producción.
Armenta adelantó que también se avanza en la instalación de módulos de maquinaria agrícola y centros de seguridad estratégica en zonas productivas, así como en la aplicación de energía solar para disminuir gastos eléctricos y aumentar la competitividad de los alimentos poblanos.
Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, explicó que con este programa se tecnificarán y rehabilitarán 2 mil 700 hectáreas, con una eficiencia en el uso del agua de entre 75 y 95 por ciento.
Las acciones incluyen la instalación de paneles solares, sustitución de bombas y mejoras en unidades de riego.
La directora de Conagua en Puebla, Beatriz Torres, recalcó que este esfuerzo cumple la instrucción de la presidenta Sheinbaum de garantizar el derecho humano al agua, y resaltó que la coordinación entre productores, Estado y federación es inédita.
El gobierno estatal sostuvo que este programa demuestra que el agua puede dejar de ser un factor de conflicto para convertirse en un motor de desarrollo sostenible, en concordancia con el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.
