La reciente ola de reformas impulsadas por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha generado preocupación palpable en el panorama político mexicano, particularmente en lo referente a la concentración de poder.
Fue el 17 de octubre de 2025, cuando se consumó la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que hasta entonces y desde septiembre del 2013, había sido el órgano fundamental encargado de regular y supervisar el sector de las telecomunicaciones en nuestro país.
La desaparición del IFT, que gozaba de autonomía técnica y operativa, crea un vacío regulatorio que amenaza directamente la democracia mediática y la integridad del espectro radioeléctrico, pues al remover al “árbitro técnico” que administraba las concesiones y prevenía la saturación ilegal del espectro radioeléctrico, se materializa el riesgo inminente de la proliferación de estaciones de radio ilegales, también y mejor conocidas como «piratas».
Este descontrol no solo daña la infraestructura legal de las telecomunicaciones, donde incluso las grandes cadenas de radio y televisión están inmersas en una profunda transformación digital, sino que también socava la transparencia y la competencia económica en el sector.
Paralelamente, el ecosistema informativo de México experimenta una revolución impulsada por el consumo en línea, mismo que está permitiendo a periodistas y columnistas reconocidos (como Carlos Loret de Mola, entre muchos otros) construir audiencias personales a través de podcast y plataformas como YouTube.
Sin embargo, la falta de un ente regulador con alcance y acción sobre estos “nuevos medios”, agrava la problemática de la desprofesionalización de comunicadores en general, porque igualmente permite la aparición de pseudo periodistas, farsantes de la comunicación que poco saben del oficio, que nula noción tienen de que el oficio periodístico se sustenta en el compromiso social y ya mejor ni hablar de que entiendan acaso, lo que significa actuar con ética deontológica.
Y el contexto donde los periodistas enfrentan inseguridad laboral generalizada no cambia, generando así la migración masiva de comunicadores, periodistas e incluso de profesionales de la locución a las redes sociales, donde no hay (insisto), controles legales rigurosos, dejando al albedrío la inclusión de personajes que prefieren priorizar el sensacionalismo o el contenido sesgado, sobre la verificación y el rigor periodístico.
Aunque la variedad de contenido en podcast ha crecido, este formato aún no es el medio principal de acceso a noticias, pero sí es un espacio donde la opinión sin filtro puede primar, como ocurre con los “streamers populares”, algunos abiertamente progubernamentales.
Esta doble realidad, por un lado la eliminación del IFT que desregula el medio tradicional (la radio) y por otra parte la explosión sin control de los nuevos medios digitales, genera un perfecto caldo de cultivo para la autocracia mediática, donde prevalecerá sin duda, la ley del más gandalla.
Si se combina la concentración del poder político con un panorama de información fragmentado y carente de rigor profesional, el resultado es el deterioro de la democracia mediática, haciendo que el control y poder totalitario gubernamental se refuerce, mientras que la calidad del periodismo se diluye, dejando a las audiencias vulnerables a recibir (conscientemente o no), una grosera y mayúscula cantidad de narrativas que carecen de sustento y que para nada colaboran a la construcción de los contrapesos mediáticos, institucionales, de opinión y sociales que sin duda, hoy urgen en nuestro país.
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