La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) admitió que hay muy poca participación de intérpretes de lenguas originarias interesados en integrarse a la institución.
El tema volvió a ponerse sobre la mesa luego de que se revelara que una niña indígena, víctima de abuso sexual en la Sierra Norte, no pudo presentar la denuncia de inmediato porque no había un traductor de su lengua de origen.
El caso alcanzó al gobernador Alejandro Armenta y, tras la presión social, la Fiscalía confirmó la detención del presunto responsable, quien además es tío de la menor.
En este contexto, la fiscal general, Idamis Pastor, explicó que han emitido distintas convocatorias para sumar a profesionistas que dominen alguna lengua indígena, pero la respuesta ha sido escasa.
“Contamos con 16 traductores, de los cuales siete fueron contratados en este año”, dijo.
Recordó que en la convocatoria para auxiliares del Ministerio Público “se priorizó a las personas que tuvieran alguna lengua materna”.
Aun así, la participación fue mínima: “Desafortunadamente, nada más siete abogados fueron los que se inscribieron y a los que se les contrató en este año para que formaran parte de la fiscalía”.
Pastor subrayó que la dependencia tiene 11 fiscalías especializadas y todas requieren personal capaz de atender a víctimas que no hablan español o lo dominan de manera limitada.
Reiteró que las puertas siguen abiertas para profesionales que hablen alguna lengua indígena y quieran colaborar como intérpretes o auxiliares.
