El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que “los grupos delictivos más peligrosos son los delincuentes disfrazados de políticos que después se vuelven empresarios”, al señalar que este tipo de perfiles llegan a cargos públicos para saquear recursos y beneficiar intereses privados.
En rueda de prensa, aseguró que estas personas engañan a la ciudadanía, se convierten en presidentes municipales o gobernadores y desde esos puestos desvían dinero público.
Criticó que, en lugar de impulsar la economía local y apoyar a productores —como viveristas, cafetaleros, zapateros u hortaliceros—, optan por compras que les dejan “moches, milpas y saquean a Puebla”.
Armenta explicó que, históricamente, las áreas de Finanzas e Infraestructura han operado esquemas de corrupción para inflar montos de obras públicas.
Según lo narrado, al concluir un proyecto se acordaban finiquitos indebidos bajo el argumento de “kilómetros de más”, “vicios ocultos” o supuestos trabajos adicionales.
Dijo que, cuando una administración entrante se negaba a pagar incrementos injustificados, empresas constructoras recurrían al Poder Judicial, donde —según el mandatario— existía complicidad con ministros, jueces y abogados, conformando “toda una red de corrupción”.
Armenta informó que su administración enfrenta actualmente nueve contratos de ese tipo, los cuales suman casi 4,500 millones de pesos en litigios que siguen en curso.
A este entramado lo llamó “el cartel de los contratos y las obras ocultas”, al señalar el daño económico que generó a Puebla.
Como ejemplo, mencionó el Barroco, al que calificó como “el museo de la corrupción”, del cual dijo que habría costado 14 mil millones de pesos. “Ahí está, que no se nos olvide”, afirmó.
El gobernador también señaló a instituciones como el Registro Público de la Propiedad y Catastro, a las que describió como “nido de la corrupción”, y afirmó que su gobierno trabaja para desmontar esas prácticas mediante tecnología.
“En cuanto me llega una información, se investiga”, enfatizó al reiterar que no habrá tolerancia para servidores públicos que incurran en actos ilegales.
