El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, advirtió que su administración no cubrirá los poco más de 4 mil millones de pesos que aún se adeudan por el contrato del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis y anunció que se establecerá una moratoria, mientras se revisa el origen y la legalidad de esa obligación financiera.
Durante conferencia de prensa, el mandatario expuso que el estado ha desembolsado durante años sumas millonarias por dicho complejo administrativo y, pese a ello, persiste un adeudo que consideró desproporcionado.
“Todavía se deben 4 mil millones de pesos. Cuando conozcan cuánto se ha pagado por estos edificios llamados el CIS, se van a espantar”, expresó.
Armenta cuestionó que a la fecha se destinen recursos públicos a ese compromiso económico cuando hay prioridades en áreas como seguridad, salud y educación.
Indicó que ya solicitó a las dependencias correspondientes un informe detallado sobre los pagos efectuados a lo largo de los años y subrayó que busca entablar un diálogo con los empresarios involucrados para llegar a un acuerdo que permita cerrar ese capítulo.
No obstante, dejó en claro que, si no se logra un entendimiento, su gobierno recurrirá a la vía legal.
“Si tengo que acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir una revisión, lo voy a hacer”, afirmó, al precisar que no se trata de una amenaza, sino de una decisión orientada a proteger el interés de las y los poblanos.
El mandatario calificó el CIS como “otro monumento a la corrupción y al saqueo de Puebla” y sostuvo que su administración no realizará negociaciones “en lo oscurito” con nadie.
Reconoció que ha habido intentos de acercamientos privados, pero reiteró que no aceptará arreglos fuera del marco legal y que su gobierno pondrá orden en un tema que, aseguró, ha representado una carga injustificada para las finanzas del estado.
