En proceso de integración 60 expedientes de sujetos obligados de funcionarios y exfuncionarios del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial por presunto desvío de recursos, tráfico de influencias y corrupción en este último con la participación de particulares declaró la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Lourdes Dib Álvarez.
En entrevista en Palacio Municipal, la magistrada aseguró que esta abierta a revisar cualquier expediente que los sujetos obligados que hayan sido mal fiscalizados a fin de poder restablecerles sus derechos.
Lo anterior, derivado de la posibilidad de que abran las cuentas públicas ya aprobadas por las anterior legislatura entre ellas las del titular del Ejecutivo.
Dib Alvarez, sentenció que a la fecha, ninguno de las seis salas ha dejado firme ninguna sanción contra algún sujeto obligado que haya sido revisado bajo el nuevo Sistema Anticorrupción, es decir, que la cuentas públicas revisadas del ejercicio del 2016 y 2017 no han presentado faltas graves con las que se hagan merecedores de sanciones que van desde una sanción económica hasta la inhabilitación para desempeñar algún cargo en la administración pública, por presunto desvío de recursos públicos.
Ilustró que son siete magistrados y seis salas las que integran el TJA, y que están revisando incluso los actos de corrupción entre un funcionario o exfuncionario con algún particular.
De igual forma, dijo que dentro de sus funciones esta la de ser un tribunal de lo contencioso administrativo que atiende las inconformidades de los ciudadanos por actos o resoluciones administrativas de alguna autoridad de cualquiera de los tres Poderes.
