Durante la gubernatura en Puebla de Rafael Moreno Valle, defensores de Derechos Humanos enfrentaron intimidación, amenazas, hostigamiento, desaparición forzada y asesinatos por la oposición a la privatización del agua y al despojo debido al avance de proyectos extractivos en la Sierra Norte, Nororiental y Negra del estado.
Tal escenario se desprende del Informe de Violaciones a los Derechos Humanos al Territorio y al Agua en Puebla, por la Mesa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ.
En el desplegado se documentan once casos de violaciones al territorio del agua en Puebla por megaproyectos y grandes empresas y también dos asesinatos de activistas defensores, y quienes fueron asesinados en consecuencia de la defensa del territorio: Antonio Esteban Cruz y Manuel Gaspar Rodriguez, personas originarias de la Sierra Nororiental de Puebla.
Eduardo Morales Sierra, responsable del Programa DESCA del IDHIE, SJ., quien señaló que el terrorismo de Estado como política de gobierno fue la expresión más descarnada de la violencia de clase impuesta en nuestro país a sangre y fuego durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, y en el caso de Puebla, de Moreno Valle.
“Este informe describe casos de violaciones al derecho al agua, al medio ambiente y al territorio en los municipios indígenas de Tepatlán, Ahuacatlán, Ixtacamaxtitlán, Cuetzalan y Tetela de Ocampo en la Sierra Norte y Nororiental por la imposición de proyectos extractivos mineros e hidroeléctricos” resaltó.
Igualmente, subrayó que este documento alberga las violaciones al derecho al agua en los municipios de Atlixco y Ocotepec; violaciones por los intentos de construir el libramiento norte Puebla-Tlaxcala y la explosión del ducto de Pemex en San Martín Texmelucan.
“Parte esencial de este informe es la documentación de la criminalización a defensores en diferentes lugares del estado, siendo los casos más graves los asesinatos de los defensores Antonio Esteban en 2014 y de Manuel Gaspar en 2018 en el municipio de Cuetzalan” recalcó el Responsable del Programa Desca.
Bajo este escenario violento, este documento exige a los gobiernos que están iniciando su gestión, detengan la política de terrorismo de Estado que ha imperado en los últimos años en Puebla y en el país entero.
“Es su responsabilidad desarticular los mecanismos que han llevado a una sistemática violación de Derechos Humanos y a una profundización de la violencia dirigida a la clase trabajadora del campo y la ciudad, a defensoras y defensores del territorio y a las organización y pueblos que no se someten al gran capital”, sentenció Eduardo Morales.
