Con 11 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el cabildo poblano aprobó el dictamen del proceso entrega-recepción, en el cual identificaron contratos altos, obras mal ejecutadas, información faltante, mobiliario sin identificar, personal no ubicado y una gran cantidad de bienes en mal estado, en la pasada administración municipal.
Durante la sesión extraordinaria que tuvo como duración más de dos horas y media para este único punto, se evidenció la ruptura entre los grupos de la coalición Juntos Haremos Historia; en tanto el PAN desde un inicio anunció su voto en contra por el procedimiento que, desde su opinión, estuvo mal hecho.
Luego de los dimes y diretes, la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco leyó el documento que consiste en siete páginas; antes, pidió aprobarlo porque, aunque se avale en el cabildo, éste no exime a los exfuncionarios de sanciones ni mucho menos de citarlos a comparecer.
“No vamos a emprender cacerías, ni vamos a poner pretextos. Pero también aclaro: a partir de este dictamen, y tal como la ley lo refiere, nos reservamos el derecho para llamar a funcionarios de la administración pasada, para que aclaren estas y otras observaciones a fin de optimizar el funcionamiento del actual gobierno, y en caso contrario, aplicar las sanciones correspondientes conforme a derecho”, citó.
A los regidores, les recordó que su llegada arrancó sin recursos y con mucha precariedad, pero también asuntos graves que atender y con inconsistencias administrativas en muchas áreas.
Todas las observaciones detectadas en este proceso, dijo, se puede calificar en administrativas, graves y faltantes, presentes en varias dependencias, e inició desglosando todas y cada una de las anomalías en Desarrollo Social Municipal.
Se identificaron, enumeró, expedientes desordenados, incompletos, y otros tantos sin firma de los directores responsables; algunos cuentan con documentación original de los beneficiarios, lo cual, podría vulnerar los derechos de los ciudadanos; hay bienes muebles como equipo de cómputo y aparatos electrónicos, que están reportados, pero que no han sido encontrados.
Situación similar acontece en la Secretaría de Infraestructura, en la cual, no se han ubicado computadoras portátiles, radios de comunicación, así como, retroexcavadoras, motosierras y cámaras fotográficas.
En cuanto a las inconsistencias administrativas: existen oficios sin contestar a ciudadanos, lo cual, además de violar el derecho de petición, genera burocratismo y “expedientes muertos”.
También en la Secretaría de Gobernación existen cuatro inmuebles ocupados por oficinas “adjuntas” a dicha dependencia, que se encuentran arrendados, pero que los contratos no fueron hallados en la entrega-recepción.
Asimismo, en la Secretaría de Administración, se detectaron anomalías con el personal que estaba en la plantilla laboral, pues varios de ellos no se encontraron físicamente, ni tampoco se contó con evidencia que amparara cambios de adscripción; de confirmarse esta situación, daría elementos para suponer que se trataba de gente que cobraba sin trabajar, es decir, aviadores.
Rivera Vivanco comunicó que identificaron a una persona que tenía bajo su resguardo 30 vehículos, pero que sólo hizo entrega físicamente de uno, sin que a la fecha se haya encontrado información adjunta de los vehículos restantes o del estado de conservación de los mismos.
En el caso de la Tesorería Municipal, de acuerdo a su Reglamento Interior, le corresponde al Departamento de Padrón de contribuyentes expedir los permisos temporales para la ocupación de espacios en los Portales y otras áreas municipales, sin embargo, no se cuenta con evidencia de los expedientes para la asignación de los permisos, ni los contratos de arrendamiento, ni un levantamiento físico de los mismos.
“A partir de este Dictamen, y tal como la ley lo refiere, nos reservamos el derecho para llamar a funcionarios de la administración pasada, para que aclaren estas y otras observaciones a fin de optimizar el funcionamiento del actual gobierno, y en caso contrario, aplicar las sanciones correspondientes conforme a derecho”, señaló.
Es de referir que el dictamen también alcanza al Centro de Salud y Servicios Ampliados (CESSA) de San Aparicio; la posibilidad de generar parálisis en el manejo de los recursos municipales, situación que fue solventada gracias al buen oficio del actual Tesorero y su equipo de trabajo.
Además de Industrial de Abastos donde no se presentaron los comportamientos presupuestales de ingresos y egresos de los ejercicios de 2014, 2015, 2016, 2017 y del periodo comprendido del primero de enero al 14 de Octubre de 2018, lo cual, impide determinar el impacto real de la caída abrupta en la matanza de bovinos que se dio desde el año 2016.
Es de citar que el documento consta de siete páginas, donde se refleja la situación de la administración municipal anterior.
* En sesión extraordinaria, cuatro regidores panistas votaron en contra, así como cinco miembros de la coalición Juntos Haremos Historia: Edson Contreras, Rosa Márquez, Roberto Esponda, Marta Ornelas y Eduardo Covián, se sumó el de la priista Silvia Tanús y el voto en abstención de Libertad Aguirre (Morena); en total, el proyecto se aprobó con 11 votos a favor, 10 en contra y una abstención.
