Cuando la presente vea la luz, lo más probable es que la Cámara de Diputados haya aprobado la iniciativa de reforma a los artículos 42, 47, 56 y 58 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), promovida por el diputado Pablo Gómez.
La iniciativa apunta cruda y llanamente al objetivo estratégico del ahorro presupuestal. Para tal efecto, en el entendido de que existe duplicidad entre las tareas de la vocalías de organización electoral y las vocalías de capacitación electoral y educación cívica, propone fusionarlas en una sola figura: la Vocalía de Capacitación, Organización Electoral y Educación Cívica.
Tal operación traería como efecto inmediato el despido de 332 funcionarios de la plantilla del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del INE: 32 vocales locales y 300 vocales distritales.
A la distancia de una historia institucional de casi 30 años, que arranca en octubre de 1990, no hay el menor lugar a la duda de que se está frente a la reforma de mayor impacto en la estructura organizacional del INE, antes IFE, que equivale a la desaparición de una de cada cinco funcionarios permanentes en los 332 órganos desconcentrados o a una reducción de cerca del 15% respecto del cuerpo de funcionarios electorales permanentes del Instituto.
El hecho cobra significado al trasluz del patrón histórico del Legislador, cuyos afanes reformistas de 1993, 1994, 1996, 2007, 2014 y 2018 exhibieron el común denominador de no tocar ni con el pétalo de una rosa la columna vertebral de la organización comicial y, sin duda, la clave de la colosal eficacia operativa y técnica del Instituto.
Se dice fácil pero no existen en comparativos cercanos a las tasas de efectividad, cercanas al 100%, en lo que a los componentes críticos de la admisión y cómputo inicial de votos se refiere: cobertura del padrón electoral, credencialización de los electores, instalación de las casillas, etc.
Aritméticamente, el cálculo es contundente: el adelgazamiento de 332 cargos de la plantilla disminuirá la carga presupuestaria del capítulo 1000 del INE, con lo que se satisfará el propósito explícito de mayor austeridad. No obstante, queda la duda acerca de las consecuencias de dicha reducción en el rendimiento probable de la nueva figura del Vocal de Capacitación, Organización Electoral y Educación Cívica, sobre cuyos hombros habrá de descansar la mejor herencia del árbitro electoral.
Al futuro de 332 funcionarios permanentes del INE le viene a la medida el viejo adagio de “pagan justos por pecadores”. Si fuese el caso, el debate parlamentario discurrirá en un clima signado por la desconfianza institucional, que en buena medida es atribuible a los yerros y omisiones de los consejeros electorales y a su poca prestancia para honrar la autonomía. He ahí la razón de peso por la cual el hilo se romperá por lo más delgado.
Sería bueno saber si los consejeros electorales en funciones fueron o no consultados para un cambio organizacional de tal magnitud. Lo más probable es que no y eso es parte del problema actual: su carencia de autoridad moral y de estima social, por un lado; y la acendrada desconfianza que provoca su origen y cercanía a la partidocracia en la dirigencia de la 4T.
Sin menoscabo del esfuerzo de austeridad republicana que inspira la iniciativa de Pablo Gómez, cabe señalar que ésta se queda muy pero muy corta en relación con la imperiosa necesidad de una reforma político-electoral integral. Es decir, que encare de una buena vez y con solvencia técnica los desafíos de confianza, eficiencia, autonomía y austeridad republicana.
Por donde quiere que se vea, el modelo de arbitraje electoral al que responde el diseño actual del INE acusa los síntomas del desfase y la obsolescencia, entre otras razones, porque sus condiciones de posibilidad —la mediación entre elites partidistas aversivas a la democracia y asociadas en el control monopólico de la representación política— desaparecieron a causa de la vorágine electoral de las pasadas elecciones.
El régimen político que hoy se abre paso reclama un modelo distinto de arbitraje electoral, mucho más cercano al modelo minimalista articulado en torno al núcleo de los ingredientes básicos para el ejercicio del sufragio y la materialización del principio del valor igual del voto: la admisión y cómputo inicial de las boletas, base de la conversión de los votos en escaños.
La historia de los últimos 25 siglos abona a la lección de un error que no debe repetirse: apostar a que la fortaleza del árbitro es una función directa y proporcional a la magnitud de sus facultades. Si bien se mira, la debacle de la confianza institucional está asociada a cuatro funciones básicas del modelo actual: la fiscalización de los ingresos y gastos de los competidores, la administración de los tiempos oficiales, la imposición de sanciones administrativas, y la evaluación-monitoreo y coordinación de los institutos electorales locales.
En buena lógica, se impone tomar en serio avanzar en un modelo minimalista de arbitraje, que descargue en otros órganos del Estado las cuatro funciones señaladas y otras más; por ejemplo, la educación cívica. No se trata tan sólo de que el INE ha sido un rotundo y oneroso fracaso como constructor de ciudadanía sino también de que existen medios institucionales con mayor potencial de implementación: el sistema educativo nacional.
En suma, sin menosprecio del afán de austeridad que le es reconocible a la iniciativa de Pablo Gómez, resulta igualmente cierto que a la 4T le hace falta una reforma electoral integral, que atienda el desafío de desmontar el modelo de arbitraje partidocrático y construir uno funcional a la época que hoy se abre.
Finalmente, un abrazo solidario a los vocales de organización electoral y capacitación electoral y educación cívica, héroes anónimos en las batallas por la eficacia y la confianza electoral, que hoy sin deberla ni temerla viven tiempos de incertidumbre.
*Analista político
*Presidente del Centro de Investigación Internacional del Trabajo, A. C.
