A partir de enero, el gobierno estatal comenzará a construir un penal con capacidad para 2 mil 400 reos, para desahogar el Centro de Readaptación Social de San Miguel, el cual ya está “fuera de control”, anunció el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
El proyecto podría realizarse con financiamiento privado, en caso de que no se cuente con recursos públicos suficientes.
En conferencia de prensa realizada en Casa Aguayo, el mandatario dijo que ya tiene propuestas de empresas para construir los cinco penales comprometidos por su gobierno, pero aseguró que las obras serán licitadas.
Por ello, confirmó que en un mes iniciará la edificación del nuevo penal, que albergaría a personas detenidas por la comisión de delitos del fuero federal, a través del esquema Asociación Público Privada (APP), ya que reconoció que hay un problema grave de hacinamiento en los reclusorios.
Inconformes con AMLO, aquellos que se quedaron sin privilegios: Barbosa
Más todavía, reveló que el gasto que genera cada preso es de mil 800 pesos y en la actualidad hay 700 reos procesados por delitos federales.
“Ya me ofrecieron meterse empresas, pero las obras serán producto de concurso, empresa muy fuertes se ofrecieron a construir, pero todo es parte de una licitación y empiezo en enero haya o no dinero público”, declaró.
Es de subrayar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año no está incluido ningún proyecto para la mejora de las cárceles poblanas; en contraste, se considera un recorte de 90 por ciento en las previsiones para infraestructura.
Con anterioridad, Barbosa Huerta dio a conocer que los penales se construirán en Tehuacán, Huauchinango, Teziutlán e Izúcar Matamoros, y juntos tendrían una capacidad para albergar a cuatro mil personas.
