Tras presentar la ley contra sicariato digital, la activista Edurne Ochoa exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) le permita ratificar la tercera denuncia por amenazas, intervención ilegal, ciberacoso y violencia.
En conferencia de prensa, describió que el acoso digital no solo afecta a la persona violentada también a su círculo más cercano como hijos, hijas, madres, padres y amigos, entre otros, porque los autores se meten a la intimidad y la quebrantan.
«Desde mátenlas o si las ven violénlas», son el común denominador que padecen en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, donde colocan las fotos de sus rostros con esas leyendas, pero también se han atrevido a meterse con los niños y niñas.
Luego de relatar todas los agravios que ha vivido, precisó que la iniciativa, que este día fue presentada en el Congreso del Estado, busca acabar con esta red que, desde el anonimato, contratan empresas para violentar a todas las personas tanto a hombres como a mujeres, aunque en este último caso, se ensañan.
Relató varios casos como el de una hija de un rector que fue grabada mientras se bañaba y luego extorsionada, pues estas personas, conocedoras de la informática, pueden ingresar al teléfono celular y hacer lo que ellos quieran con fotos y datos personales.
En su intervención, Ana Laura Romero Sierra destacó que esta violencia está peor que una serie de Netflix, al mencionar que el documental que elaboraron y que será presentado en breve, recaba diversos casos de acoso jamás pensados, por lo que instó a aprobar la ley contra el sicariato digital para evitar que se normalice esta conducta.
En tanto, la abogada Norma Pimentel mencionó que otra de las intenciones de las cuentas falsas busca inhibir la participación de las mujeres en la política, pues ante la serie de ataques, deciden bajarse de la contienda.
La ley contra el sicariato digital, que hoy fue presentada en el congreso del estado por la diputada petista Nora Merino, pero emanada de organizaciones sociales, busca incluir en el código penal el delito informático entre particulares, con penas de 3 a 6 años de cárcel y si e contra niñas, adolescentes y mujeres, alcanzaría hasta 10 años; la misma sanción de 10 años se aplicará si son servidores públicos.
