El diputado del PRI, Francisco Jiménez Huerta, pidió al gobierno estatal y a la Fiscalía General del Estado se realicen las investigaciones a fondo para deslindar cualquier responsabilidad contra funcionarios estatales por presuntos vínculos con grupos criminales como el que lidera «El Bukanas».
En entrevista, el legislador comentó que, como integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, solicitará a la autoridad estatal un informe del quehacer del subsecretario de Investigación e Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Marco Antonio Aguilar Trejo, a quien notas periodísticas de carácter nacional lo relacionan con el cabecilla del huachicol en Puebla.
Argumentó que tanto la Secretaría General de Gobierno como la Secretaría de Seguridad Pública no pueden desestimar los señalamientos hechos en contra de este funcionario, pues dijo que «sí el río suena, es porque agua lleva«.
Asimismo, resaltó que estos casos deben ser investigados de oficio y comprobar que Aguilar Trejo está implicado en la filtración de información sobre los operativos realizados por la Federación y el Estado, en los que se pretendía aprehender a «El Bukanas», quien está señalado como líder del grupo criminal dedicado al robo de hidrocarburos en la zona del Triángulo Rojo.
“Cuando el río suena es que agua lleva. Entonces, sí se tiene que hacer una investigación no solamente con un funcionario en específico, sino con algunos mandos medios y superiores, pues es mucha coincidencia que cuando se desplegaba a los uniformados, el presunto delincuente desaparecía de la zona donde se tenía confirmado estaría«, subrayó el diputado priista.
Jiménez Huerta aseguró que ante los repetidos casos de operativos fallidos, pues no se captura a la cabeza que dirige la ordeña de ductos de Pemex, planteará al seno del organismo colegiado el tema de enviar un exhorto al gobierno para que actúe en consecuencia y no continúe la impunidad ante el probable delito de corrupción en la corporación policíaca.
Por último, el priista dijo que también pugnará para que se apliquen con más rigor las pruebas de control de confianza a los uniformados y a los altos mandos «quienes se ha evidenciado tienen un presunto vínculo con los grupos de huachicol en Puebla».
