El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Jorge Aguilar Chedraui anunció que se abrogará la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y en sustitución regirá la Ley General Administrativa como parte del marco jurídico que se requiere para que opere el Sistema Estatal Anticorrupción en el plazo legal estipulado.
Explicó que con base a un acuerdo entre los integrantes de la mesa nacional que analizó la pertinencia de que las entidades federativas se rijan con la Ley General o que cada una tuviera su legislación secundaria, el legislador dijo que lo más ortodoxo para evitar algún tipo de interpretación para regular la actividad de los funcionarios públicos, fue el adherirse al ordenamiento general y reservarse algunos artículos de la ley local en la materia.
Abundó que hay algunos artículos relacionados con los juicios políticos y las facultades a las contralorías municipales que no contempla la Ley General por lo que están analizando si se elabora un instrumento muy corto para que no dejarlo sin efecto, o en su caso, se incorporen estos términos en otros ordenamientos locales.
Ilustró que las funciones a las contralorías municipales, bien podrían incorporarse en la Ley Orgánica Municipal pero sigue en estudio.
Por otra parte, el presidente del Congreso, resaltó que entre los pendientes también está la reforma a la Ley orgánica de la Fiscalía General el Estado, la cual contempla que el titular de esta dependencia, Víctor Carrancá Bourget tenga escolta por cuatro años a partir de que culmine su cargo, y que además será extendida para otros fiscales en los mismos términos.
También, mencionó que está pendiente la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
Finalmente, Aguilar Chedraui hizo hincapié que estas adecuaciones podrían quedar en las últimas sesiones del periodo ordinario o hasta enero del 2018, fecha en que debe arrancar el SEA.
