Puebla se ubicó en el décimo lugar a nivel nacional con 53 mil 800 carpetas de investigación iniciadas de enero a diciembre de 2017, con un repunte en delitos como homicidio doloso, secuestro, feminicidio y robo en general en comparación con el 2016.
Lo anterior, de acuerdo con el reporte de delitos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) en su nueva metodología que afecta: La vida y la integridad; La libertad personal; La libertad y la seguridad sexual; El patrimonio; La familia y La sociedad.
En el primer apartado se detalla que se inició investigación por 894 homicidios dolosos (581 fueron en 2016) de los cuales 549 fueron con arma de fuego; 2 mil 165 lesiones dolosas; 27 feminicidios (12 en 2016), de los cuales 5 fueron con arma de fuego, 11 con arma blanca y 11 con otro elemento; además de 9 carpetas por aborto (13 en 2016).
Respecto a la libertad personal, se denunciaron 35 secuestros (32 en 2016) todos establecidos como secuestro extorsión. Mientras que en la afectación a la libertad y seguridad sexual, se precisan 63 casos de acoso sexual, 18 por hostigamiento sexual, 521 por violación simple y 147 por violación equiparada.
En la afectación al patrimonio, se desglosan diversos robos con o sin violencia con un total de 29 mil 621 carpetas (21 mil 691 en 2016) y 115 denuncias por extorsión (122 en 2016).
Robo con violencia – sin violencia
A casa habitación 474-1985
Coche 4 ruedas 3630-6436
Motocicleta 558-690
Autopartes 11-315
Transportistas 1545
Transeúnte en vía pública 1728
En transporte público individual 185
En transporte público colectivo 377
A transporte individual 224
A institución bancaria 8
A negocio 3427
De ganado 19
En afectación a la familia, se radicaron 6 mil 327 denuncias por violencia familiar y a la sociedad, 26 carpetas fueron por corrupción de menores (32 en 2016), 18 por trata de personas (igual que en 2016).
Finalmente otros delitos, como narcomenudeo se registraron 713 carpetas (518 en 2016) 4 por evasión de presos (7 en 2016); 24 contra el medio ambiente y 51 por delitos cometidos por servidores públicos (41 en 2016).
