A principios de mayo, el presidente Andrés López emitió una nota diplomática para expresar su extrañamiento por el supuesto apoyo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Integral (USAID, por sus siglas en inglés), a Organizaciones no Gubernamentales como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a la que calificó de “opositora”.

Luego, el pasado 31 de mayo, López reprochó que su nota no había recibido respuesta y este miércoles se lanzó contra la Embajada de Estados Unidos, diciendo que reparte “maíz con gorgojo” al «entregar dinero» a «organizaciones opositoras«.

En el memorándum, Biden señaló que la corrupción “amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, la equidad económica, los esfuerzos contra la pobreza global y en pro del desarrollo, y la democracia, en sí misma”.

Por lo tanto, combatirla se convierte en un “interés de seguridad Nacional de Estados Unidos” y el gobierno encabezará los esfuerzos para “promover la buena gobernanza, traer transparencia a Estados Unidos y los sistemas financieros globales; prevenir y combatir la corrupción a nivel nacional y en el extranjero, y hacer cada vez más difícil para los actores corruptos realizar sus actividades”.

Para ello, presentó una estrategia que incluye “apoyar la capacidad de instituciones domésticas e internacionales y organismos multilaterales enfocados en establecer normas globales anticorrupción, la recuperación de activos, la promoción de transparencia financiera, alentar gobiernos abiertos, fortalecer instituciones financieras, establecer marcos de trabajo para prevenir la corrupción en proyectos financieros de desarrollo, y combatir el lavado de dinero, el financiamiento ilícito y los sobornos”.

Asimismo, se apoyará y fortalecerá “la capacidad de la sociedad civil, los medios y otros actores enfocados en la supervisión y rendición de cuentas para que investiguen y analicen las tendencias de corrupción, respalden medidas preventivas, investiguen y destapen actos de corrupción, exijan cuentas a líderes e informen y respalden los esfuerzos de rendición de cuentas y de reforma del gobierno”. Se trabajará para “proveer a estos actores de un ambiente de operación seguro y abierto a nivel nacional e internacional”.

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