Así lo apunta un informe de los Centros de Control de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos, que consideran las heridas por arma de fuego como un «grave problema de salud pública» en el país y por eso elaboran este estudio que incluye recomendaciones y estrategias para prevenir los heridos y fallecidos por esta causa.

En 2020 hubo 19.350 homicidios con arma de fuego frente a los 14.392 de 2019, según los datos de los CDC.

El informe no incluye cifras de 2021, aunque organizaciones como The Gun Violence Archive ya han hecho sus estimaciones, recopilando datos policiales, que superan las de 2020: 20.600 muertes por arma de fuego el año pasado.

Las cifras son aún más elevadas en el caso de los suicidios.

Según los CDC, 24.000 personas se quitaron la vida con un arma de fuego en 2020. Una cifra que The Gun Violence Archive eleva a 24.100 en el caso del año 2021.

Las heridas por arma de fuego están consideradas, «trágicamente, un grave problema de salud pública en Estados Unidos» según explicó Debra Houry, directora adjunta de los CDC, durante una conferencia de prensa telefónica para presentar el informe.

Según explicó Houry, el 79 % de los homicidios y el 53 % de los suicidios en 2020 se produjeron con armas de fuego.

Por grupos raciales, el mayor aumento de muertes por homicidio, el 39 %, se produjo entre los hombres negros. Los suicidios apenas subieron y siguieron en cifras muy elevadas, aunque sí se incrementaron de forma más notable en dos grupos, el de los indios americanos y nativos de Alaska.

La tasa de homicidios en el país pasó de 4,6 a 6,1 personas por cada 100.000 y los mayores aumentos, recalca el informe, se produjeron entre el grupo de población negra con edades de entre 10 y 44 años y los nativos americanos con edades de entre 25 y 44 años.

En cualquier caso, el doctor Tom Simon, director asociado de los CDC y responsable de la División de Prevención de la Violencia, advirtió que la pobreza está por encima de la raza como factor influyente en las muertes por armas de fuego en Estados Unidos, ya sean homicidios o suicidios.

En este sentido, el informe apunta que el mayor aumento de homicidios se produjo en los niveles más elevados de pobreza.

Este experto recordó no obstante que son las minorías raciales las que viven en las zonas más pobres del país.

Simon explicó que el estudio no ahonda en las razones de los homicidios y suicidios por arma de fuego en 2020, aunque admitió que entre las «múltiples explicaciones» pueden estar el estrés y las alteraciones que trajo la pandemia, como el aislamiento social, los problemas económicos o la inestabilidad en los hogares.

La pandemia, dijo, pudo incrementar los efectos de otros factores como la precariedad económica, sobre todo entre las comunidades más pobres con minorías raciales.

Al ser tratado como un problema de salud pública, los CDC incluyen en su informe medidas y políticas preventivas para tratar de reducirla, como promover programas en los que trabajadores sociales comprometidos con las comunidades y en contacto directo con ellas ayuden a «cortocircuitar» esta violencia.

También citaron programas de prevención de la violencia en los hospitales dirigidos sobre todo a jóvenes y víctimas de armas de fuego que ingresan en estos centros.

Y hablaron de otras acciones dirigidas a fortalecer la economía y la estabilidad social en la comunidades más vulnerables para alejar de ellas el riesgo de las armas.

Los datos del informe de los CDC quedan lejos ya de las cifras que se van conociendo este año y que tampoco son nada alentadoras.

Así, según los datos recopilados por The Gun Violence Archive hasta el pasado 2 de mayo, se habían registrado ya 6.296 homicidios por arma de fuego con 173 tiroteos masivos -con cuatro o más afectados- y 8.052 suicidios.

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Junto al fiscal general de California, Rob Bonta, Newsom apoyó el proyecto de ley AB 1594 que, de ser aprobado, restauraría los derechos de los californianos para responsabilizar a la industria de armas de fuego por «mala conducta».

La propuesta se basa en una ley de Texas que permite a sus ciudadanos hacer cumplir la prohibición de abortos de ese estado una vez que se detecta un latido fetal. La maniobra política permitiría a los californianos demandar a los productores de armas para hacer cumplir la prohibición estatal de armas de asalto.

“Si Texas puede usar una ley para prohibir el derecho de una mujer a elegir y así poner en riesgo su salud, usaremos esa misma propuesta para salvar vidas y mejorar la salud y la seguridad de las personas en el estado de California”, dijo el gobernador demócrata en una conferencia de prensa desde San Diego.

También consideró que el proyecto de ley se presenta como un reto para la Corte Suprema de Estados Unidos, que de ponerse del lado de la ley del aborto de Texas debería también respaldar el proyecto de ley de California contra las armas, o de lo contrario expondría su “hipocresía”.

“No hay una forma en la que la Corte Suprema de Estados Unidos no pueda defender esta ley de California. Ninguna”, advirtió Newsom, suponiendo que el máximo tribunal apoye la ley del aborto de Texas, que se encuentra en sus manos.

Por su parte, Bonta señaló que “ninguna industria debería obtener una exención especial para proteger a sus clientes, pero especialmente una industria responsable de la muerte de miles de estadounidenses cada año”, al referirse a los productores de armas.

Explicó que en 2005, el Gobierno federal despojó a los estadounidenses del derecho a responsabilizar a los fabricantes y distribuidores de armas por el daño que causa su conducta cuando sus productos se usan ilegalmente, dejando solo una pequeña excepción para tales demandas.

“Hoy, utilizando esa excepción, comenzamos el proceso de restauración de estos derechos en California”, sentenció el fiscal.

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En conferencia de prensa matutina, el canciller afirmó que el objetivo de financiar estos videojuegos es para quitarles a los jóvenes “la dimensión humana” y que pueden agredir a otras personas con armas.

“Están financiando videojuegos para fomentar la expansión del consumo de armas con los jóvenes para quitarle la dimensión humana, lo que significa agredir a otra persona con armas y convertirlo en una especie de competencia con armas especialmente diseñadas para ello”. agregó.

Por otro lado, Ebrard informó que tras la demanda que presentó el gobierno mexicano contra 11 compañías de armas en la que las acusa de favorecer el tráfico y el uso de armas en nuestro país vinculadas a la violencia, las compañías contestaron que ellas solo venden el arma y no es su responsabilidad lo que se hace con ellas.

El secretario Ebrard señaló que el 70 por ciento del tráfico de armas proviene de los Estados Unidos, por lo que confió que el gobierno mexicano gane esta demanda.

“A las empresas las estamos responsabilizando por negligencia, es el concepto que se utiliza en la ley norteamericana y ya fue admitida por la Corte«, dijo el canciller.

“¿En qué vamos? El día 31 de enero es la fecha que nos dio la Corte para responder a estos argumentos que brevemente he escrito de la industria. La industria se reunieron entre si, en vez de tener 11 respuestas, vamos tener una sola, ¿qué se dice en esa? Lo que acabo de señalar que pues es Mexico es el responsable y ellos no tienen ninguna responsabilidad«.

“El 31 de enero le vamos a contestar y luego ellos tienen hasta el 28 de febrero para respondernos de nueva cuenta y entonces ya la Corte puede tomar una determinación y en caso de que sea positiva para nosotros, pues puede eso significar que nos lleve a una  apelación”, agregó.

El titular de la SRE manifestó que México está en contra totalmente de las armas y de la disponibilidad de su fabricación de armas que van dirigidas a los jóvenes “que van dirigidas a promover la violencia solo por negocio”.

“Esta demanda la vamos a ganar, es más, el supuesto de la industria era que no lo iba administrar la Corta y la Corte admitió”, dijo.

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En un comunicado, la asociación no partidista, con sede en Estados Unidos y fundada en 1971 con el objetivo de apoyar políticas públicas para el control de las armas en el país, señaló que este premio se otorga a quienes, en los últimos 12 meses hayan “avanzado soluciones efectivas para el control de armas, la no proliferación y el desarme, y sensibilizado acerca de las amenazas que representan las armas que producen víctimas masivas”.

El canciller Ebrard y el gobierno mexicano fueron nominados “por su demanda contra las armerías y distribuidores estadounidenses en una corte federal de Massachusetts, que representa una nueva estrategia en el combate al tráfico ilícito de armas. La demanda señala que varias armerías y vendedores de armas ‘diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de modos que saben que terminan armando a cárteles de la droga en México”.

En la demanda, añade la asociación, el gobierno mexicano acusa a las compañías de vender alrededor de 340 mil, de un estimado de medio millón de armas, que cruzan ilegalmente “de Massachusetts y otros estados en Estados Unidos a manos criminales al sur de la frontera”.

Entre los nominados está también James Cleverly, ministro para Medio Oriente y el norte de África en el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo de Reino Unido, por introducir y lograr la aprobación del primer Comité de la ONU para una resolución que obliga a crear un nuevo grupo de trabajo enfocado en desarrollar normas, reglas y principios sobre conductas militares responsables en el espacio, destinadas a evitar una carrera de armas en el espacio exterior.

Otro de los nominados es Rafael Mariano Grossi, director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) por sus esfuerzos para monitorear efectivamente las actividades nucleares de Irán.

La votación se realizará entre el 8 de diciembre de 2021 y el 12 de enero 2022 y los resultados se anunciarán el 14 de enero.

Vía Twitter, Ebrard agradeció “la nominación al reconocimiento anual que otorgan por la demanda presentada por nuestro país contra la industria de armas que facilita y promueve la violencia”.

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La medida del juez Dennis Saylor, de la Corte Federal de Massachusetts, se dio luego de que el pasado 22 de noviembre las armerías respondieran a la demanda que México presentó en su contra, acusándolas de incurrir en negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas.

El juez programó para el 27 de enero de 2022 la audiencia donde se considerará la solicitud de las armerías de desechar el caso.

Las empresas armamentísticas coincidieron en que la acusación mexicana no tiene razón de ser, ni fundamento, rechazando facilitar o promover el acceso de grupos del crimen organizado a las armas que ellos fabrican. También dijeron que México se equivocó en presentar la demanda en una corte que no tiene jurisdicción para el caso que presenta.

Es la falta de concreción y pruebas de México contra los fabricantes en la supuesta conexión entre las armas que manufacturan y su llegada a manos del crimen organizado, una de las quejas más reiteradas en contra de la demanda presentada por México. “No se hace referencia ni siquiera a una sola arma vendida en Massachussets que luego fuera recuperada en la escena del crimen o en cualquier otro lugar de México”, señaló la empresa Barret.

Los acusados aseguran además que la corte de Boston no es el lugar en el que se debería dirimir el caso, de todos modos.

“Los contactos de Ruger con Massachusetts no están relacionados con las causas de acción del gobierno mexicano que alegan que Ruger es legalmente responsable del tráfico y uso criminal de armas de fuego por terceros remotos en México”, señaló Sturm, Ruger and Co, que aseguró que “no se logra establecer el vínculo necesario entre Massachussetts y los reclamos del gobierno mexicano”.

“La demanda no contiene ninguna acusación de venta ilegal por parte de Glock o Witmer en Massachussets”, apuntó Glock.

“El gobierno mexicano ha presentado esta acción ante un juzgado de distrito ubicado a más de 3 mil 200 km de distancia, por daños ‘procesables’ que admite que ocurrieron íntegramente dentro de sus propias fronteras. Si bien (el gobierno mexicano) reconoce que las armas de fuego traficadas ilegalmente que se encuentran en México fueron originalmente fabricadas y vendidas en otros estados, el demandante hace la afirmación sin fundamento de que Massachusetts es la ‘fuente’ del ‘flujo de armas hacia México’”, insistió Glock.

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