Sheinbaum aclaró que el rechazo al documento no implica ruptura con la ONU. “Eso no quiere decir que no tengamos comunicación con la Comisión, con los organismos de Naciones Unidas y con el alto comisionado de Derechos Humanos”, señaló la mandataria, subrayando la disposición al diálogo.

Para preparar la reunión, el gobierno federal conformó un grupo de trabajo interinstitucional que analiza el informe punto por punto. En él participan la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, se solicitó la colaboración del ministro Arturo Zaldívar en la revisión y construcción de la respuesta institucional.

La presidenta explicó que la revisión busca dos propósitos: elaborar los argumentos con los que México responderá ante el alto comisionado y reconocer los señalamientos válidos para incorporarlos al diálogo. Entre los temas centrales destacan la atención a personas desaparecidas, el acompañamiento a familias de víctimas y los cambios legislativos para garantizar justicia y verdad.

Aunque el gobierno mexicano rechazó formalmente el documento, mantiene abierta la comunicación con Naciones Unidas. Sheinbaum enfatizó que existe un plan de trabajo para informar a los organismos internacionales sobre las acciones que México implementa en materia de derechos humanos.

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La legislación establece que el Senado dispone de 20 días para elaborar una lista con al menos diez aspirantes, la cual será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá seleccionar una terna para someterla a votación.

Entre los nombres que han surgido como posibles sucesores destaca Arturo Zaldívar, exministro y coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, y Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien anteriormente se desempeñó como procurador fiscal.

Sheinbaum reconoció el trabajo del fiscal saliente y destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las fiscalías estatales y la FGR en temas de seguridad.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que recibió una carta del Senado relacionada con la situación del fiscal. “Lo que informo es que recibí una carta por parte del Senado de la República, la estoy analizando con los abogados, Consejería Jurídica y mañana les informamos”, declaró en Palacio Nacional.

El aviso oficial señala que la sesión se realizará en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de Reforma. Aunque la orden del día no contempla aún un tema relacionado con la FGR, algunos legisladores aseguran que la reunión podría incluir la ratificación de Ana María Sánchez Nava como magistrada de sala regional en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La convocatoria ha generado especulaciones debido a que esta semana ya se habían celebrado dos sesiones ordinarias, por lo que no había razón aparente para una tercera. De acuerdo con versiones periodísticas, el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, pidió a senadores de distintas fracciones regresar de inmediato a la Ciudad de México para garantizar la asistencia.

Alejandro Gertz Manero asumió la titularidad de la FGR en enero de 2019, con un periodo de nueve años que concluiría en 2028. Sin embargo, su ausencia en reuniones del gabinete de seguridad y en actos públicos recientes ha alimentado las versiones sobre una renuncia o destitución anticipada.

De confirmarse su salida, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece que se debe nombrar a un fiscal interino mientras el Senado ratifica al sucesor propuesto por la Presidencia. Entre los posibles perfiles mencionados figuran el exministro Arturo Zaldívar y la exfiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.

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En la misma conferencia matutina en Palacio Nacional, el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, coincidió en que existe una campaña de desinformación que pretende hacer creer que la reforma es regresiva. El ministro en retiro aseguró que el amparo “seguirá siendo un orgullo de México” y que no se limita ni se acota la defensa de las personas.

Sheinbaum subrayó que el amparo continúa garantizando la protección de los ciudadanos frente a cualquier abuso de autoridad. Reiteró que la reforma no cambia el espíritu de la institución, sino que lo refuerza, y calificó de “mentirosos” a quienes sostienen lo contrario.

Zaldívar explicó que la reforma no es retroactiva y que quienes difunden lo contrario buscan confundir a la población. Señaló que algunos opositores tienen intereses particulares, como deudores fiscales, jueces o magistrados afectados por cambios previos en el Poder Judicial.

El exministro destacó que el juicio de amparo ha evolucionado para responder a las necesidades actuales y evitar que se utilice con fines ilícitos, como en casos de lavado de dinero, donde se levantaban bloqueos de cuentas a presuntos delincuentes.

El coordinador detalló que la reforma introduce modificaciones a la suspensión para hacer el amparo más ágil y adaptado a la justicia digital, reduciendo plazos y evitando abusos. También aclaró que el interés legítimo no se elimina ni se redefine, sino que se precisan sus elementos esenciales para mayor claridad.

El debate continuará en la opinión pública, mientras el Ejecutivo sostiene que los cambios modernizan la justicia y la hacen más cercana y accesible para la ciudadanía.

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Zaldívar propuso tres modificaciones al artículo transitorio aprobado por el Senado, con el objetivo de aclarar que la reforma solo aplicará a procesos futuros. Señaló que las etapas procesales concluidas deben respetar las normas vigentes al momento de su actuación.

Fundamento constitucional

El exministro explicó que el artículo 14 de la Constitución prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes. Además, recordó que la jurisprudencia de la Suprema Corte establece que las reformas procesales solo deben aplicarse a actos posteriores a su entrada en vigor.

Subrayó que el gobierno no impulsa leyes contrarias a la Constitución y que el objetivo de la reforma es agilizar el juicio de amparo sin afectar derechos adquiridos.

Reacciones legislativas

La propuesta del gobierno coincide con la postura de legisladores de Morena y el PT. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que aplicar la reforma a juicios anteriores “altera el contenido de la Constitución”. Aunque no confirmó cambios, dejó abierta la posibilidad de que la Comisión de Justicia revise el texto.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, también rechazó la retroactividad y pidió corregir el transitorio aprobado por el Senado. Ambos legisladores destacaron la importancia de garantizar certeza jurídica y respetar los principios constitucionales.

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Durante la presentación, Zaldívar destacó la importancia de contar con un Poder Judicial que, además de cumplir con altos estándares técnicos y éticos, mantenga una conexión cercana con la ciudadanía, similar a la visión de servicio que promovía Benito Juárez. Este proceso tiene como fin renovar parte del Poder Judicial de la Federación, y la convocatoria es abierta a profesionales de todo México, incluyendo aquellos en comunidades alejadas, para ampliar la representación geográfica y social en los cargos judiciales.

El registro, que estará disponible hasta el 24 de noviembre a través del sitio web www.registroeleccionjudicial.adyt.gob.mx, sigue un cronograma detallado: el Comité de Evaluación revisará el cumplimiento de requisitos hasta el 14 de diciembre y publicará la lista de aspirantes seleccionados el 15 de diciembre. Luego, antes del 31 de enero de 2025, evaluarán la idoneidad de los candidatos, y para el 4 de febrero, se realizará una insaculación pública que depurará el listado final. La selección está prevista para culminar en febrero, preparando a los candidatos para los comicios del 1 de junio de 2025​.

Esta medida forma parte de una reforma amplia en la que intervienen tanto el Legislativo como el Ejecutivo y el Judicial, que buscan coordinarse para una transición transparente y eficiente en el proceso de elección. La creación de comités de evaluación para cada poder, integrados por figuras de probada ética y profesionalismo, pretende asegurar imparcialidad y objetividad, un paso importante en un contexto donde el sistema judicial ha enfrentado demandas de cambio.

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Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será el Coordinador General de Política y Gobierno. En este rol, Zaldívar se encargará de supervisar las reformas constitucionales propuestas durante el nuevo sexenio y coordinará sus esfuerzos con la Secretaría de Gobernación. Durante su presentación, Zaldívar expresó su honor por el nombramiento y su compromiso con el trabajo, destacando la importancia de acompañar a la primera mujer presidenta de México.

Leticia Ramírez ocupará el cargo de Coordinadora de Asuntos Gubernamentales y Participación Ciudadana. Su labor se centrará en la atención ciudadana y en apoyar al jefe de oficina en futuros proyectos. Ramírez manifestó su orgullo por formar parte del movimiento de transformación liderado por Sheinbaum y se comprometió a trabajar para cumplir los compromisos presidenciales y mantener un contacto cercano con la población.

Carlos Augusto Morales López será el nuevo Secretario Particular de la Presidenta. Morales reafirmó su compromiso de apoyar a Sheinbaum en su gestión y aseguró que contribuirá con todo su talento a la «cuarta transformación».

La futura mandataria detalló que estos nombramientos forman parte de un ajuste en su equipo de gobierno, similar a los cambios que realizó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mandato. Con estos anuncios, Sheinbaum continúa preparando su administración para el inicio de su gobierno.

Estos cambios en el gabinete se producen en un contexto de preparación para asumir el poder, con un enfoque en garantizar la implementación efectiva de las políticas y reformas propuestas. La presentación de estos nuevos titulares marca un paso importante hacia la consolidación del equipo que liderará el próximo gobierno de México.

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Señaló que desde la época de la conquista, la colonia y todo el periodo de la independencia, «México ha seguido viviendo, creciendo, desarrollándose con un racismo que pretende ser imperceptible, que trata de ser negado, pero cuya realidad es cada día más viva, potente y que nos grita para que volteemos a verla».

Durante la presentación del protocolo para juzgar con perspectiva intercultural: personas, pueblos y comunidades indígenas, Zaldívar expresó: «México es un país racista y clasista, que se niega a reconocer esa realidad».

Además, dijo que más allá de romantizar la cultura indígena, tenemos que respetarla, cuidarla y, sobre todo, «impedir -con todos los elementos e instrumentos que nos dé el derecho y la política- que sigan siendo discriminados, discriminadas, abusados y abusadas».

Recordó que en México «las personas más discriminadas son las niñas y mujeres indígenas. No debemos descansar, debemos seguir adelante hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan costumbre».

Zaldívar apuntó que «los jueces no juzgamos en una esfera de cristal, ni juzgamos en un mundo químicamente puro, juzgamos en un país desigual, injusto, violento, que se ha aprovechado históricamente de los grupos y comunidades indígenas».

«Tenemos que asumirnos como una nación pluricultural, porque hasta que no lo hagamos, no vamos a poder asumirnos como país, no vamos a poder asumir nuestra identidad y no vamos a poder avanzar para ser la potencia internacional a la cual estamos destinados a ser», expuso.

El protocolo presentado este lunes tiene como objetivo dotar a las juezas y jueces de herramientas para poder juzgar de mejor manera el fenómeno intercultural, a partir de los compromisos constitucionales e internacionales, de la Constitución, de los derechos humanos internacionales, de los criterios de la Corte Interamericana y otros organismos internacionales y de la SCJN.

En los últimos años en México el racismo se ha reabierto como uno de los temas a discutir y analizar en todos los niveles.

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En sesión pública este martes, la mayoría del Pleno del máximo tribunal reconoció la validez, entre otros, del punto 6.4.2.7, relativo al aborto por violación, de la NOM-190-SSA1- 1999, prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, la cual fue modificada para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Este apartado, recordó el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, establece que “en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas, prestadoras de servicios de atención médica, deben prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo, previa solicitud, por escrito bajo protesta de decir verdad, y tratándose de personas menores de 12 años de edad, a solicitud de su padre, madre o tutor, sin que el personal de salud esté obligado a verificar su dicho«.

Zaldívar calificó de “fundamental” e “indispensable” esta medida para tutelar los derechos de las víctimas de violación a menores de edad, e incluso aseguró que cualquier obstáculo para obtener la interrupción del embarazo en este supuesto supondría «una crueldad inimaginable«.

«Obligar a las mujeres o niñas a llevar a término del embarazo derivado de una violación, implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, además de ser revictimizante y una forma de violencia de género«, expuso.

En su pronunciamiento, el presidente del máximo tribunal también destacó que este derecho, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de 24 de marzo de 2016, protege a las menores de edad.

«En los casos de violación, ninguna niña puede ser obligada a ser madre, ni por el Estado ni por sus padres, madres o tutores, aquí la transgresión a sus derechos es más grave, no sólo por su calidad de víctimas sino por cuestión de su edad que obliga a analizar la cuestión desde la perspectiva del interés superior de las personas menores de edad”, enfatizó.

El Congreso de Aguascalientes demandó, a través de una controversia constitucional, las modificaciones a dicha NOM con el argumento de que se invadió su competencia respecto a su facultad legislativa relativa al delito de violación o de aborto doloso.

El proyecto, elaborado por la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, concluyó que este argumento era infundado, pues las modificaciones en lo que respecta al aborto por violación “únicamente regulan ciertas disposiciones que se refieren al ámbito de salud en general y de prestación de servicios de salud en particular sin hacer ninguna referencia a la materia penal”.

“No invade la esfera de competencia para legislar del Congreso de Aguascalientes ni contraviene los efectos de la institución de la patria potestad, sino que reconoce el derecho de los infantes al disfrute del más alto nivel posible de salud relacionado con el principio de evolución de las facultades de infantes en cuanto a que éstos tienen la posibilidad de decidir someterse a determinados tratamientos e intervenciones médicas sin el permiso o intervención de un progenitor o tutor”, detalla el proyecto del ministro Aguilar.

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“Ayer, por ejemplo, hizo unas declaraciones, una propuesta muy avanzada para enfrentar el feminicidio el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar. Yo apoyo esa propuesta, para que en los estados las mujeres agredidas puedan acudir también a instancias federales y tengan abogados que les ayuden, porque muchas veces es gente humilde que no tiene para pagar abogados privados”, refirió López este jueves.

Dijo que aunque hay corrupción en el Poder Judicial, “hay jueces, hay magistrados, hay ministros muy honestos, rectos”.

“Hay gente en el Poder Judicial recta, íntegra, no todo está podrido. Entonces, tenemos que ir limpiando, seguir limpiando porque sí estaba muy avanzada la gangrena de la corrupción. Poco a poco se ha ido avanzando y vamos a seguir pendiente de eso”, expresó.

Sobre el tema de las mujeres y el acceso a la justicia, López hizo un llamado al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que se agilice la liberación de la indígena guatemalteca Juana Alonzo Santizo, encarcelada desde hace 14 años, quien fue torturada y cuyo proceso tiene irregularidades.

“Hay todas las pruebas de que fue torturada y que lleva, 12, 14 años presa en Tamaulipas; incluso ya las autoridades de Tamaulipas ya aceptaron liberarla, pero ojalá y lo hagan hoy, porque aceptaron de que era una injusticia.

“O sea, no es sólo la recomendación de derechos humanos o de una autoridad federal, la misma Fiscalía de Tamaulipas lo reconoce. Entonces, le pido al gobernador de manera respetuosa que ojalá y nos ayude y que se libere a esta migrante. Cuando la detuvieron no hablaba bien el castellano”, dijo el presidente López.

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