La firma del acuerdo se realizó en el Despacho Oval, donde Trump destacó que el proyecto permitirá que el país “vuelva a funcionar”. El cierre se había extendido por más de seis semanas debido a la falta de consenso entre republicanos y demócratas sobre subsidios en materia sanitaria.

El cierre de Gobierno en Estados Unidos ocurre cuando no se aprueban los presupuestos necesarios para financiar las operaciones federales. En este caso, la falta de acuerdos legislativos provocó la suspensión parcial de servicios y afectó a miles de empleados públicos.

Durante la ceremonia de firma, Trump calificó el cierre como una “extorsión” demócrata y pidió al pueblo estadounidense no olvidar lo sucedido. El mandatario subrayó que el acuerdo representa un paso importante para restablecer la normalidad en las instituciones federales.

El cierre de 43 días generó retrasos en trámites, afectaciones económicas y preocupación en diversos sectores. Con la aprobación de la ley, se espera que las agencias federales retomen sus funciones de manera inmediata, reduciendo el impacto en la ciudadanía.

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La aprobación en comisiones es el primer paso para que la iniciativa, que legaliza el cultivo, la producción, el consumo, la distribución, la industrialización y la venta de la marihuana bajo control federal, se discuta y vote en el pleno.

El Congreso de México, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tiene de plazo hasta el 30 de abril de este año para aprobar la ley que permita el uso recreativo de la marihuana después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considerara el asunto como un problema de constitucionalidad.

La pandemia de la covid-19 retrasó hasta dos veces la aprobación del texto, ya que la primera fecha límite fue el 30 de abril de 2020.

La Corte amplió el plazo de los legisladores por la contingencia sanitaria hasta el 15 de diciembre de 2020, un momento en el que de nuevo concedió una prórroga hasta el próximo 30 de abril.

El Senado aprobó en noviembre, durante el anterior periodo legislativo, una nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que es la que de nuevo estudia la Cámara de Diputados.

Las reformas que avalaron los senadores permitirán poseer hasta ocho plantas por domicilio, autorizará alimentos y derivados con cannabis no psicoactivo, otorgará licencias para siembra, cultivo y cosecha, y garantiza el consumo privado de marihuana sin menores de edad presentes.

Además, se creará el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, además de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal que prohibían el consumo lúdico.

La legislación aún contempla sanciones penales para la posesión de más de 200 gramos de cannabis y multas por portar entre 28 y 200 gramos.

En el periodo de receso legislativo, varias asociaciones defensoras del consumo de cannabis, que llevan meses acampadas a las afueras del Senado, reclamaron que el texto aprobado en la Cámara Alta no resolvía nada al mantener las penalizaciones.

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El proceso que inició este lunes la Cámara Baja promete obligar al Senado a someter a Trump a un juicio político («impeachment trial») que se desarrollará cuando Joe Biden ya esté en el poder, y que por tanto no tendrá como principal objetivo la destitución del mandatario, sino su posible inhabilitación para ejercer futuros cargos políticos.

«La amenaza del presidente a Estados Unidos es urgente, y nuestros actos también deben serlo», dijo la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, en un comunicado.

LA CÁMARA BAJA ACTÚA RÁPIDAMENTE

Los demócratas presentaron formalmente este lunes la resolución para un juicio político y programaron una votación sobre el asunto en el pleno de la Cámara Baja para el miércoles, después de la cual Trump quedará acusado de un solo cargo, el de «incitar una insurrección», por haber alentado a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio el pasado 6 de enero.

Eso convertirá a Trump en el primer presidente de la historia de Estados Unidos que afronta dos juicios políticos, después del que superó el año pasado por sus presiones a Ucrania, y que terminó en su absolución en el Senado.

La oposición a Trump, que controla la Cámara Baja, ya tiene los votos necesarios para aprobar el miércoles el nuevo cargo contra el presidente saliente, según uno de los congresistas que redactó la resolución, el demócrata David Cicilline.

«Ya tenemos los votos para poder acusar (‘impeach’)» a Trump, escribió Cicilline en Twitter.

Se necesita una mayoría simple de 218 votos para aprobar la acusación contra Trump -o incluso menos, si hay ausencias en el pleno-, y los demócratas controlan 222 escaños de la Cámara de Representantes.

EL PROCESO PARA INHABILITAR POLÍTICAMENTE A TRUMP

Una vez que se apruebe ese cargo, el Senado estará obligado por ley a iniciar un juicio político contra Trump, pero la Cámara Alta no tiene previsto retomar su actividad hasta el 19 de enero, un día antes de que Biden llegue al poder.

Eso significa que el juicio político no podrá resultar en la destitución de Trump, que ya habrá abandonado la Casa Blanca para cuando comience el proceso; pero los demócratas confían en lograr otra consecuencia que sí le afectaría: su inhabilitación para ocupar futuros cargos políticos.

La resolución redactada por varios congresistas demócratas pide la destitución de Trump y su «descalificación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o beneficio bajo los Estados Unidos».

Antes de considerar siquiera la posible inhabilitación política de Trump, sin embargo, el Senado debería lograr primero la mayoría de dos tercios necesaria para condenar al mandatario saliente del cargo de «incitar una insurrección».

LA PARTE DIFÍCIL: CONSEGUIR LOS VOTOS EN EL SENADO

Ese objetivo no será nada sencillo, porque el Senado está dividido en 50 escaños demócratas y 50 republicanos, con la vicepresidenta electa, la progresista Kamala Harris, encargada de deshacer cualquier empate.

Solo si el Senado vota a favor de condenar a Trump, podrá programarse otra votación para decidir si se le inhabilita políticamente, algo para lo que apenas se requeriría una mayoría simple, según expertos legales.

Los demócratas confían en que la idea de inhabilitar políticamente a Trump les ayude a convencer a algunos republicanos en el Senado que se plantean presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 de votar a favor de condenar al mandatario saliente, para así no tenerle como posible rival en esa carrera.

El texto de la resolución para un juicio político indica que, al alentar la insurrección de sus seguidores, Trump «puso en grave peligro la seguridad de los Estados Unidos y sus instituciones de Gobierno».

«Amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió en la transición pacífica del poder, y puso en peligro una rama de Gobierno. Por tanto, traicionó su confianza como presidente, con los daños manifiestos consiguientes al pueblo de los Estados Unidos», añade el documento.

Pelosi ha dejado la puerta abierta a cancelar el «impeachment» si el vicepresidente Mike Pence inicia un proceso para destituir a Trump bajo la enmienda 25 de la Constitución, y este martes la Cámara Baja votará para instarle a ello; pero no hay ninguna señal de que esa vía vaya a surtir efecto.

LA PROPUESTA DE BIDEN

A Biden, que llegará al poder el día 20, le preocupa que un juicio político a Trump consuma la atención del Senado durante sus primeras semanas en el poder, cuando quiere que la capital se centre en aprobar sus proyectos de ley para contener la pandemia, reflotar la economía y reformar el sistema migratorio.

Eso ha llevado a algunos congresistas de su partido a plantear la posibilidad de posponer el juicio político a Trump hasta después de que transcurran los 100 primeros días de mandato de Biden, que normalmente son los más productivos para un nuevo presidente.

Biden propuso este miércoles una posible dinámica alternativa: que el Senado divida en dos su tiempo y dedique la mitad a avanzar en el juicio político y la otra mitad a confirmar a los miembros de su gabinete y aprobar sus prioridades legislativas.

«Esa es mi esperanza y mi expectativa», dijo Biden en declaraciones a la prensa después de ponerse la segunda dosis de la vacuna de la covid-19 en Wilmington (Delaware).

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“(Trump) estaba acostumbrado a gobernar con un Congreso republicano, con una Cámara de Representantes y un Senado débiles con él. Este no será el caso (a partir de ahora): la supervisión del Congreso al Gobierno es nuestra responsabilidad”, advirtió Pelosi, de 78 años.

Los demócratas, que han recuperado el control de la Cámara Baja tras las elecciones legislativas, tendrán la oportunidad ahora de abrir investigaciones sobre el Ejecutivo a través de distintos comités de esa cámara, como el judicial.

Pelosi, que tomará posesión de su nuevo cargo hoy, planea enfrentar a Trump desde la Cámara Baja en diferentes frentes, desde investigar las muertes de niños inmigrantes bajo la custodia de Estados Unidos hasta exigir las declaraciones de impuestos del mandatario.

Proteger la labor del fiscal especial Robert Mueller, encargado de la investigación de la conocida como “trama rusa” y ampliamente criticado por Trump, también será otra de las prioridades de la nueva mayoría demócrata.

Sin embargo, antes de empezar a tratar estas cuestiones, Pelosi tratará de terminar con el actual cierre parcial de la Administración, que empezó hace 13 días.

Desde el pasado 22 de diciembre, la Administración entró en su tercer cierre parcial luego de que la negociación entre republicanos y demócratas en el Congreso llegase a un punto muerto a raíz de la exigencia Trump de que el proyecto de presupuestos incluya una partida de más de 5.000 millones de dólares para el muro fronterizo.

Esta parálisis administrativa afecta agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia; así como a decenas de parques nacionales, que suelen ser una gran atracción turística, y unos 800 mil trabajadores federales.

Pelosi y otros líderes demócratas se reunieron ayer con Trump para presentarle una propuesta para acabar con el cierre administrativo sin los fondos que el presidente considera necesarios para la construcción del muro.

Tanto la Casa Blanca como el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, rechazaron la idea demócrata y Trump volvió a convocar para el viernes otro encuentro en la Casa Blanca con los líderes de ambos partidos.

Está previsto que Pelosi, que se convirtió en 2007 en la primera mujer elegida como presidenta de la Cámara Baja, recupere hoy ese cargo después de que los demócratas ganasen la mayoría en esa cámara en las elecciones legislativas de noviembre.

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La reforma promovida por el diputado del PRI, Benito Medina Herrera, indica que las mujeres en las fuerzas armadas puedan tomarse hasta dos meses de reposo luego de dar a luz; anteriormente era sólo de medio mes.

La propuesta votada ayer en la Cámara Baja también modifica dos términos: el de “descanso” por “licencia” y “médico del instituto” por “médico responsable de la paciente”.

Esta reforma busca dar mayor bienestar a las mujeres en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar), otorgar derecho a la maternidad y darles mayor garantía en su seguridad.

La propuesta fue enviada al Senado para su discusión.

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Según Javier Hidalgo, diputado de la fracción, ya se prepara una iniciativa para recortar los 600 mandos medios y superiores de los que 185 ganan entre 80 mil y 150 mil pesos al mes y que en general se reparten entre las bancadas del .

“Aquí hay un reparto de posiciones entre PRI, PAN y PRD, y lo que vamos a hacer es modificar la ley para que haya menos aparato burocrático”, señaló en entrevista.

Es la Ley Orgánica del Congreso la que sustenta los numerosos puestos de trabajo del recinto legislativo y que incluyen a secretario, director general, director de área, subdirectores, coordinador, jefes de unidad, asistentes y asesores.

“Vamos a dar un plazo para que haya una transición y empezar a revisar los organigramas y que podamos llegar al próximo presupuesto con una estructura adecuada, austera, ligera y eficiente, que pueda ayudarnos a cumplir las tareas que como diputados tenemos”, dijo.

“Sería el ahorro más fuerte, pero es un cálculo que estamos haciendo apenas, estamos en el proceso de modificar la ley. Tiene que haber la modificación, porque con ella es como se obliga a la Cámara a tener todo este cuerpo de funcionarios”.

Además de la reforma a esta ley, Hidalgo propondrá una auditoría externa a la Cámara de Diputados sobre el dinero que se está recibiendo para transparentar y que quede claro en qué se gastaba el presupuesto de San Lázaro.

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Son 247 los diputados morenistas y sólo requieren cuatro más para considerarse una mayoría absoluta, aunque si se suman los legisladores de los partidos con quienes formaron la coalición “Juntos Haremos Historia” –PT y Partido Encuentro Social (PES)– serían 307.

El petista González Yáñez consideró que darle mayoría absoluta a Morena «no tiene nada de malo, al contrario. Es el partido que está en el gobierno, es una coalición, cada quien debemos entender cuál es el papel que nos toca en cada coyuntura y nosotros, en nuestro acuerdo general que tenemos, estamos dispuestos a ayudar«.

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La votación llega después de que los republicanos la suspendieran en marzo por falta de apoyos pese a gozar de una amplia mayoría en el Congreso y que el presidente Donald Trump decidiera congelar el proyecto.

El líder de la mayoría republicana en la cámara baja, Kevin McCarthy, pronosticó confiado el éxito para su partido en la votación después de un día de cabildeo y de la intervención personal del presidente Trump con el fin de presionar a algunos en busca de su voto.

Pasará, es un buen proyecto, afirmó McCarty sobre la nueva versión en la que trabajaron de forma ardua en las últimas horas, en busca de evitar una derrota como la del 24 de marzo, cuando el partido Republicano se vio obligado a retirar la iniciativa ante la falta del apoyo necesario para avalarla.

El anuncio de la votación se dio a conocer después de que los representantes Fred Upton y Billy Long manifestaran ayer que respaldarían la iniciativa tras una enmienda introducida por el primero de ellos, quien había criticado la propuesta por dejar desprotegidas a las personas con condiciones médicas preexistentes.

Si la legislación recibe la luz verde, supondrá una gran victoria para el presidente Trump, quien hizo de la derogación del Obamacare una de sus grandes promesas de campaña, y para el líder de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, una de las figuras que ha encabezado el esfuerzo por aprobar la medida.

Otro fracaso, sin embargo, supondría un duro golpe para Trump y frustraría, al menos a mediano plazo, sus intentos de eliminar la Ley de Cuidado de Salud Asequible de la administración de Barack Obama (2009-2017).

El Obamacare fue una ley diseñada para garantizar cobertura médica a las personas que tienen enfermedades crónicas o “condiciones médicas preexistentes”, como les llaman en Estados Unidos, y que habían sido excluidas por las aseguradoras, por lo que se quedaban sin cobertura médica.

El Obamacare obligaba a las empresas de seguros a cubrir a toda la población. Esto subió el coste de los seguros de personas jóvenes y sanas para que compensar el gasto de los enfermos y mayores.

Para garantizar los 216 votos necesarios la propuesta inicial sufrió diversas modificaciones, en un intento por complacer tanto a los republicanos conservadores que negaron su respaldo hace más de un mes, como a los moderados, quienes creen que la normativa podría enfurecer a los votantes satisfechos con partes del Obamacare.

La Ley Americana de Salud (American Health Care Act), así se llama a la reforma sanitaria de Donld Trump, elimina la obligatoriedad de tener un seguro médico  y quiere crear un sistema de créditos fiscales para ayudar a la gente a pagar a las aseguradoras.

Además eximirá a las empresas de tener que ofrecer una cobertura a sus empleados y eliminará algunos impuestos.

Mantiene algunos elementos centrales del Obamacare, como prohibir que las aseguradoras rechacen a las personas con enfermedades crónicas, o permitir a los jóvenes conservar el plan de salud de sus padres hasta los 26 años.

La Ley Americana de Salud incluye una partida de ocho billones de dólares durante los próximos cinco años para ayudar a que las personas más vulnerables tengan un seguro médico.

Se suma a los 130 billones de dólares en diez años que el gobierno federal dará a los estados para sufragar los seguros médicos de las rentas más bajas.

La líder demócrata en la Cámara baja, Nancy Pelosi, asegura que el Trumpcare es una “tomadura de pelo a todos los estadunidenses”, que dejará a millones de personas sin cobertura médica.

Sin contar con los cambios introducidos en las últimas horas, la Oficina de Presupuesto del Congreso ya advirtió a los congresistas que si derogan la reforma sanitaria de Obama, 14 millones de personas podrían quedarse sin seguro médico en 2018, y 24 millones más dentro de diez años.

Aunque el Trumpcare se apruebe en la Cámara, tendrá que votarse también en el Senado para convertirse en ley.

Pero será un alivio para el partido republicano que lleva siete años intentando echar abajo la reforma sanitaria de Barak Obama, y un paso fundamental para la primera victoria legislativa de Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca.

Los demócratas se mantuvieron firmemente unidos contra el proyecto republicano en materia de salud.

Sin embargo, aplaudieron una iniciativa presupuestal por más de un billón de dólares para mantener al gobierno operando, la cual fue aprobada por la cámara baja con una votación bipartidista de 309-118.

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