El periodista Juan Amorín reveló en el portal El Destape que más de mil personas que supuestamente donaron dinero a la campaña de la alianza gobernante Cambiemos el año pasado en la provincia de Buenos Aires en realidad no hicieron aporte alguno.

Los casos conocidos hasta ahora representan el 25 por ciento del financiamiento que tuvo la campaña de los candidatos macristas al Senado, Esteban Bullrich, y a la Cámara de Diputados, Graciela Ocaña.

El caso se agrava porque estas mismas personas, en su mayoría beneficiarias de programas sociales, también fueron incorporadas, sin su autorización, como militantes del PRO, el partido que Macri fundó hace casi dos décadas.

La senadora opositora Teresa García ya inició una causa judicial para solicitar que se investigue a María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, por los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documento, lavado de activos y violación de secretos de la privacidad.

La investigación apunta a que el gobierno aprovechó la base de datos de personas pobres adscritas a programas sociales para anotarlas, sin que ellas lo supieran, como militantes del PRO que habían hecho donaciones en efectivo.

El juez federal Sebastián Casanello ya citó a declarar a 50 de los falsos aportantes, gracias a la causa que fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, en tanto que el fiscal Jorge Di Lello lleva a cabo una investigación paralela.

Vidal, la gobernadora de Buenos Aires que es también la política con mejor imagen del país, desestimó las acusaciones con el argumento de que “es una denuncia del kirchnerismo”, es decir, de militantes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la principal líder opositora al macrismo.

Sin embargo, Vidal no desmintió la acusación central sobre la irregularidad del financiamiento de su fuerza política, algo que ya había ocurrido durante la campaña presidencial de Macri en 2015.

Ese año, Macri recibió casi tres millones de pesos de aportes privados por parte de empresas contratistas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias, a pesar de que la ley lo prohíbe.

Además, la alianza Cambiemos que lo llevó al poder registró como responsables económicas de sus informes financieros a dos jubiladas que ni siquiera sabían que ocupaban ese cargo.

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La norma, que busca reducir el déficit fiscal y ya tenía el respaldo del Senado, fue aprobada con 127 votos a favor, 117 en contra y 2 abstenciones. La votación se produjo tras una sesión de casi 17 horas en la que la coalición oficialista que lidera el presidente, Mauricio Macri, consiguió el apoyo de los diputados que representan a los gobernadores de las provincias peronistas.

El debate de la reforma que supone un recorte de jubilaciones y pensiones generó un descontento social que se tradujo en una de las más violentas manifestaciones de agrupaciones políticas que se recuerden en años. Las protestas en las inmediaciones del Parlamento causaron unos 150 heridos, entre ellos decenas de policías, y unos 60 detenidos.

Los manifestantes lanzaron botellas y piedras y volcaron vallas mientras el debate se desarrollaba durante la noche en un Parlamento blindado por policías. Antes del inicio de la sesión en la cámara de diputados, la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical, comenzó un paro de actividades por 24 horas en contra del proyecto. La huelga afectó sobre todo a los vuelos aéreos y registra un seguimiento dispar en otros sectores.

Esta ley de reforma económica es la primera que impulsó Macri, un conservador que llegó al poder hace dos años, luego del contundente espaldarazo logrado en las elecciones legislativas de octubre. Pese a ser la fuerza mayoritaria, el oficialismo debe negociar con la oposición para sacar adelante otras leyes que se tratarán próximamente como las de reforma tributaria y laboral.

La nueva legislación para las jubilaciones y pensiones contempla una modificación de la fórmula que establece los aumentos periódicos a los haberes en un contexto inflacionario.

Al cuestionar la iniciativa durante el debate, Agustín Rossi, presidente del bloque del opositor Frente para la Victoria, dijo que “este índice de movilidad jubilatoria es perverso y ha despertado la rebelión del pueblo”. El legislador afirmó que las marchas y los cacerolazos de argentinos contrariados “van a seguir”.

El oficialista Eduardo Amadeo, presidente de la comisión de previsión y seguridad social, defendió la ley al sostener que con el sistema de actualización trimestral que propone “los jubilados van a cobrar en 2018 un aumento del 22 por ciento de sus haberes, es decir cinco puntos más de la inflación prevista” para ese año.

El peronista Néstor David afirmó que sus correligionarios no estaban en una “situación fácil” porque votaban divididos y apuntó que “es cierto que el gobierno tiene la responsabilidad y tiene la legitimidad de plantear las políticas que quiere llevar adelante”.

Hasta ahora los haberes jubilatorios se ajustaban de forma semestral al tomar en cuenta la evolución de los salarios y la recaudación impositiva, pero según el gobierno eso era inviable para su meta de reducir el déficit fiscal.

Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es que el aumento previsto para marzo se calculará bajo la nueva fórmula, lo cual significará que los jubilados recibirán un incremento menor que con el anterior cálculo.

Este nuevo índice de movilidad de haberes también se aplicará para calcular el monto de subsidios para familias sin empleo, pensiones por discapacidad y para los excombatientes de la guerra de las Malvinas.

La aprobación de la ley de jubilaciones era vital para el gobierno luego de que el 14 de diciembre fracasara una sesión para tratar la reforma a causa de violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías y del fuerte rechazo político al proyecto.

Para contar con el apoyo de sectores opositores, prometió a los jubilados, pensionados y beneficiarios de subsidios de menos ingresos una compensación económica que no es respaldada por los sindicatos y las agrupaciones sociales y políticas contrarias porque se abonará por única vez en marzo.

El gobierno sostiene que la iniciativa consensuada en los últimos días con los gobernadores es beneficiosa porque garantiza “un futuro claro” al asegurar haberes por encima de la inflación. Los mandatarios provinciales pactaron el apoyo a cambio de que el gobierno les garantizara fondos para cubrir sus deficitarias.

A diferencia de la fórmula que imperaba para calcular los haberes que contemplaba sobre todo la evolución de los salarios y de la recaudación de los recursos tributarios, el cálculo que logró imponer el gobierno tiene en cuenta la variación del índice de precios en un 70 por ciento y la de un índice salarial en un 30 por ciento.

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