| Captaron el momento en el que un vehículo se prendió en llamas, se puede ver a dos sujetos que se alejan del incendio.

Esto sucedió cerca de las 18:30 hrs en Santo Domingopic.twitter.com/SFPvrKpT5W

— Periódico Síntesis (@SintesisMexico) November 2, 2022

 El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, incluso declaró el estado de excepción por 45 días en las provincias de Guayas y Esmeraldas, donde también se aplicará un toque de queda desde las nueve de la noche.

Los «actos de sabotaje y terrorismo» son, «por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de derecho, el Gobierno» y los ciudadanos, dijo Lasso al declarar la medida excepcional.

Además, ordenó a las fuerzas del orden «actuar con dureza, dentro del marco de la ley» contra «la narcodelincuencia» que intenta generar acciones de terror al verse, según el mandatario, acosada por la acción del Estado contra el crimen.

«No les tenemos miedo», desafió el mandatario que también reiteró en su propósito de «ordenar las cárceles» para intentar solucionar la crisis penitenciaria que aqueja a esos centros desde hace dos años.

Las Fuerzas Armadas y la Policía «intervinieron la Penitenciaría del Litoral (Guayaquil) e incautaron armas, municiones, explosivos y sistemas ilegales de comunicación», reveló el mandatario al justificar el traslado de al menos 200 prisioneros de esa cárcel de máxima seguridad a la de El Rodeo, en Portoviejo, la capital de la provincia de Manabí.

Justamente, un grupo de reclusos de la cárcel El Rodeo advirtió de un nuevo motín por el traslado de prisioneros de alta peligrosidad de la Penitenciaría de Guayaquil, a quienes no los quieren y culpan de la violencia en el sistema de prisiones.

Por medio de un portavoz encapuchado que habló en un video por redes sociales, los presos de El Rodeo advirtieron además de la posibilidad de una «guerra» si las autoridades penitenciarias y del Gobierno continúan con su política de traslado de presos considerados peligrosos.

La crisis carcelaria en Ecuador es atribuida a bandas de delincuentes que se disputan el control de las prisiones, aunque también lo alimenta el hacinamiento y la falta de recursos.

La violencia que se había visto en las cárceles, según algunos analistas, parece haber saltado a las calles.

En redes sociales han circulado videos sobre varios enfrentamientos y atentados entre sujetos desconocidos y policías, así como de detonaciones en el Municipio de Durán, cerca de Guayaquil.

El Ministerio del Interior también confirmó que el incendio de un vehículo en la ciudad tropical de Santo Domingo de los Colorados obedece a otro ataque.

También se ha registrado el presunto intento de saqueo en un centro comercial de Durán, donde las tiendas de comercio han cerrado sus puertas ante el temor de hechos violentos.

La situación de preocupación y pánico entre la ciudadanía, especialmente en Guayaquil, ha llevado a la alcaldesa de esa urbe, Cynthia Viteri, a pedir al Gobierno que suspenda las clases en esa ciudad portuaria.

«Suspenda las clases presenciales en la ciudad de Guayaquil y en los sitios de conflicto, mientras toma las medidas severas que todos esperamos frente al momento violento que vivimos», escribió Viteri en un mensaje en redes sociales.

Además, este miércoles «reduzca la jornada laboral para que nuestros trabajadores puedan regresar temprano con sus familias. Nosotros como Municipio así lo haremos», añadió.

La situación incluso ha causado una corta reacción por fuera del ámbito nacional, ya que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en lo que algunos internautas ecuatorianos han calificado como un mensaje directo a Lasso, ha advertido de que este tipo de cosas no se solucionan solo con decretos.

«El Estado de Excepción es una herramienta, no una varita mágica», escribió Bukele en Twitter y dijo que «aprobar un Estado de Excepción sin una estrategia contra los terroristas, no sirve de nada».

«Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones», agregó el mandatario salvadoreño.

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«Presentaremos un proyecto de ley para que los delincuentes que arranchan la cartera y mantienen en zozobra a la población, se mantengan y coman con el sudor de su frente, que empiecen a trabajar«, subrayó Castillo al intervenir en una reunión del Consejo de Ministros en la ciudad de Pasco, en el centro de Perú.

Para este cambio normativo, el gobernante hizo hincapié en que es necesario un trabajo conjunto con el Parlamento, por lo que hizo un llamado al Congreso para que priorice los más de 30 proyectos de ley que presentó el Ejecutivo.

«Estoy seguro que los congresistas de Pasco van a levantar su voz para que se agenden«, aseveró.

Según cifras oficiales difundidas en mayo de 2021, en los 69 penales que existen en Perú había 86 mil 825 personas detenidas en abril de 2021, cuando la capacidad de albergue es de 41 mil 211.

Esto supone un hacinamiento de 111 por ciento, lo que afecta, en mayor proporción, a las cárceles de Lima que tienen una población penal de 41 mil 651 internos y solo 17 mil 695 unidades de albergue.

Por eso, en 2021 las autoridades pusieron en marcha varios proyectos de infraestructura para ampliar la capacidad de albergue en 7 mil 157 plazas en los penales de Pucallpa, Arequipa, Puno, Chincha, Cajamarca, Mujeres Trujillo, Lampa y Chimbote.

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Fue imposible frenar el contagio. Tras las rejas, no hay manera de rastrear la huella del coronavirus. “Son todos contactos de todos”, dijo la enfermera del presidio Ximena Graniffo.

En América Latina más de un millón y medio de presos están sin visitas, hacinados, muchos sin agua y con poco jabón para asearse y algunos en cuarentena en celdas de castigo ante un peligroso enemigo invisible. Hasta ahora las autoridades han reportado casi 1.400 contagiados entre convictos y guardias y en torno a una veintena de muertos en distintos países. Perú, aunque no es una de las naciones con mayor población carcelaria, se ha llevado la peor parte: más de 613 casos confirmados y al menos 13 fallecidos.

Pero también es cierto que el número de pruebas realizadas en cada país es muy distinto. Cuando República Dominicana evaluó a los reclusos en la prisión de La Victoria, que ha estado produciendo máscaras faciales protectoras para el público, las autoridades informaron que 239 resultaron positivos. En al menos otras cinco prisiones dominicanas también se han detectado contagiados.

Tal vez la prueba más completa parece estar teniendo lugar en Puerto Rico, donde el Departamento de Correcciones evaluará a los casi 9.000 reclusos detenidos en todo el territorio estadounidense, así como a 6.000 empleados, incluidos los guardias de la prisión.

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“Es un acto publicitario y simbólico, pero con efectos muy precarios y de corto alcance en un contexto de pandemia”, dijo este martes Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, en una entrevista con la agencia Efe.

El Senado aprobó el lunes una ley de amnistía presentada por el gobierno de Andrés López con el objetivo de liberar a 6 mil personas condenadas o en prisión preventiva por delitos menores como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México ve positivo el hecho de que la ley “reconoce que no todo el mundo está encarcelado en las mismas condiciones” y aplaudió que “da el mensaje de que el aborto no debe ser un acto punible”.

“Muchas personas están presas por delitos que no cometieron, porque no tienen poder político o porque no tienen recursos económicos para pagar un buen abogado”, expresó.

Sin embargo, consideró que la ley de amnistía “no responde a toda la crisis de justicia en México, donde hay un 99 % de impunidad”.

El Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aceleró la aprobación de la ley para conseguir descongestionar las cárceles en plena pandemia; sin embargo, Reneaum puso en duda de que eso se logre.

“Se aprueba la ley en un contexto que se requiere la despresurización de las cárceles, pero eso no va a venir de la ley”, expresó la activista, quien opinó que la nueva legislación prevé “mecanismos absurdos” como un plazo de liberación de cuatro meses, cuando la pandemia ya puede haberse mitigado.

Además, recordó que, en las cárceles federales, donde se aplicará la amnistía, difícilmente haya mujeres condenadas por abortar, un delito que se suele dirimir en instancias estatales.

Por lo que urgió a que los 32 estados del país estudien mecanismos alternativos para liberar o dar libertad condicional a reos que corren riesgo ante la situación del coronavirus, que lleva más de 712 muertos y 8 mil 700 casos en el país.

En México hay 19 prisiones federales de alta seguridad con cerca de 17 mil reclusos y 309 penales estatales con unos 176 mil encarcelados.

“La población penitenciaria está en unas condiciones decadentes, con falta de agua, sobrepoblación y falta de alimentos”, expresó Reneaum, quien advirtió que esta situación se agrava ahora con la prohibición de recibir visitas de familiares, quienes suelen suministrar alimentos y productos de limpieza a los presos.

López celebra la aprobación

En su conferencia de prensa diaria, López agradeció a los senadores el “paso adelante” al ratificar la ley, que ya había sido aprobada en diciembre en la Cámara de Diputados.

“Esto nos va a permitir liberar de penales a quienes no están recluidos por delitos graves y están enfermos o son mayores de edad”, celebró, quien subrayó que la amnistía es “una acción humanitaria” para evitar contagios en las cárceles.

Además, recordó que la ley no permite liberar a personas condenadas por delitos graves o que cometieron delitos con violencia: “Ya saben cómo se exagera a veces sin conocimiento”, dijo sobre la oposición.

En la misma línea, las Oficinas en México de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebraron la aprobación de la ley “por ser una de las medidas que el Estado mexicano adopta para hacer frente a la pandemia de covid-19 en el ámbito penitenciario”.

«En el contexto de la pandemia de covid-19 esta ley adquiere aún más relevancia porque su correcta aplicación puede llevar a reducir los riesgos de contagio en centros penitenciarios federales, además de alentar a las entidades federativas a adoptar medidas de naturaleza similar«, afirmaron en un comunicado conjunto.

Esta ley de amnistía solo se aplicará a las cárceles federales, pero obliga a los congresos de los 32 estados del país a debatir si aplican medidas similares.

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El partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) aseguró en redes sociales que «en este momento en más de 10 centros de reclusión en Colombia las personas privadas de la libertad protestan ante precarias condiciones sanitarias».

Los amotinamientos ocurren en las cárceles Modelo, La Picota y el Buen Pastor, de Bogotá, esta última de mujeres; así como en la de máxima seguridad de Cómbita, en el departamento de Boyacá; en la de Picaleña, en Ibagué, capital del Tolima, y en la de Jamundí (Valle del Cauca), entre otras.

En vídeos grabados por habitantes de barrios vecinos a las distintas cárceles en los que se escucha a los presos gritando «libertad, libertad», y a otros que celebran el haber conseguido fugarse, con ruidos que parecen de disparos al fondo.

La FARC también publicó videos en los que se ve a personas presas golpeando las rejas y puertas de las prisiones e incluso prendiendo fuego a algunas pertenencias.

MIEDO AL COVID-19

Al parecer, el temor al coronavirus, que ya deja un muerto y 210 contagiados en Colombia, fue el detonante de los motines, que sin embargo se producen en simultánea en varias regiones del país.

El partido de la antigua guerrilla exigió a las autoridades correspondientes «tomar las medidas urgentes para garantizar la vida e integridad de estas personas».

Al respecto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró en redes sociales que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec), que se encarga de manejar las cárceles, «está enfrentando el amotinamiento en La Modelo y La Picota».

Añadió que la Secretaría de Seguridad de Bogotá coordina para que la Policía ofrezca refuerzo externo y garantice la seguridad de los barrios vecinos

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El secretario de la Administración Penitenciaria del Estado de Sao Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, aseguró que la situación era de normalidad en las cárceles este martes, tras los motines de la noche del lunes.

Aunque las primeras informaciones llegaron a cifrar los fugados en mil 350, las autoridades dijeron que, a falta de concluir con los recuentos de presos necesarios, hasta ahora se había comprobado la huida de 834, aunque admitieron que el número podría ser mayor.

Rebeliones por covid-19

Todos los presos fugados pertenecen al régimen semiabierto, que les permite trabajar de día y les obliga a dormir en la cárcel, y tenían prevista una salida para pasar la Pascua con sus familias, la cual fue cancelada por las medidas adoptadas para evitar la propagación del covid-19.

Las fugas se registraron en cuatro centros penitenciarios del estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil.

La mayor fuga ocurrió en el presidio de Mongauguá, del que se informó la huida de 577 presos.

Las rebeliones se dieron en respuesta a las medidas para controlar la propagación del covid-19 dictaminada por los órganos judiciales de Sao Paulo, que determinaron que la salida temporal de los presos en régimen semiabierto debería ser «reprogramada por los jueces corregidores de los presidios«.

La determinación faculta a los jueces a reprogramar esa salida «por acto conjunto o de manera aislada, conforme a los nuevos escenarios (por la crisis sanitaria) y en una mejor oportunidad«, según un comunicado oficial del gobierno regional.

«La medida fue necesaria porque beneficiaría a más de 34 mil sentenciados del régimen semiabierto que, retornando a las cárceles, elevarían el potencial para contaminar y propagar el coronavirus en una población vulnerable, generando riesgos a la salud de servidores públicos y de los custodiados«, subrayó la nota.

El sistema penitenciario brasileño, considerado uno de los peores del mundo, tiene un déficit cercano a las 350 mil plazas, lo que desde hace años ha agravado gradualmente el hacinamiento en unos penales en los que, además, la atención sanitaria es precaria, según coinciden los organismos de derechos humanos.

Primer muerte por virus

Brasil registró el lunes la primera muerte por coronavirus, confirmada en el estado brasileño de Sao Paulo, el más poblado y más afectado por la enfermedad, según informó esta mañana el gobierno del estado paulista.

La víctima era un hombre de 62 años de edad, residente en la ciudad de Sao Paulo y con un histórico de hipertensión y diabetes, además de hiperplastia prostática.

Según el último balance del Ministerio de Salud, Brasil tiene poco más de 200 diagnósticos positivos de coronavirus y otros 2 mil casos sospechosos que están bajo investigación.

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En la conferencia de prensa matutina, dijeron que los 22 penales con los que cuenta el Estado de México tienen capacidad para 13 mil personas, pero albergan a casi 28 mil.

Los dos reclusorios nuevos estarían ubicados en Ixtlahuaca y Otumba, explicó Del Mazo, al agradecer al secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, por apoyar con el traslado de algunos internos a penales de alta seguridad.

«Es un problema que ya se está atendiendo, el Gobierno del Estado de México está trabajando en coordinación con el Gobierno Federal para el traslado a penales federales de internos en cárceles y reclusorios» mexiquenses, señaló el mandatario.

López Obrador manifestó que «existe muy buena coordinación con el gobernador del Estado de México y he constatado que está pendiente, al tanto de lo que sucede en este tema que tanto le importa a los ciudadanos, los problemas de inseguridad y violencia».

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Además, propicia un ambiente inadecuado para el éxito de su función que debiera traducirse, cuando menos, en otorgar condiciones de estancia digna y derecho a la reinserción social.

Por ello, emitió el Informe Especial sobre los Centros de Reclusión de Baja Capacidad Instalada en la República Mexicana, dirigido a los gobiernos de los estados, al Gobierno de la Ciudad de México y al comisionado nacional de Seguridad.

La CNDH destacó que en el país suman en total 358 establecimientos penitenciarios con 204 mil 617 presos, de los cuales 13 mil 177 están albergados en los referidos 109 centros con capacidad menor a 250 espacios dependientes de las autoridades estatales.

Indicó que éstos últimos carecen en su mayoría de infraestructura mínima para desarrollar un buen régimen penitenciario.

Mientras que aquellos con sobrepoblación están ubicados en Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Veracruz.

El Informe Especial deja claro que tales deficiencias son susceptibles de corrección, por lo que debe desarrollarse una política de armonización de los inmuebles con las exigencias que se derivan de poner en marcha un buen régimen.

Ante ello, la CNDH solicitó a los destinatarios del Informe Especial desarrollar acciones efectivas para mejorar la infraestructura y aumentar la capacidad de dichos centros.

De igual forma, desarrollar obras de infraestructura penitenciaria de baja capacidad en su caso y establecer programas de dignificación penitenciaria enfocados a proporcionar mantenimiento y mejora permanente a la estructura.

Además, mejorar el equipamiento de los centros para garantizar la clasificación de la población, seguridad, salud, deporte, educación, trabajo y capacitación para el mismo.

También solicitó a más autoridades implementar programas para el desarrollo de modelos para centros penitenciarios de baja capacidad instalada y programas de mitigación para operar las instalaciones penitenciarias.

Otras acciones son establecer programas de clasificación bajo los criterios constitucionales e instrumentos internacionales, así como dotar a las áreas encargadas del sistema penitenciario de los recursos financieros indispensables.

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“Los familiares tenían la percepción de que los secuestrados habían sido encarcelados por error y con otro nombre”, señaló el mandatario en entrevista para MVS Noticias.

Detalló que, en el caso de los desaparecidos, para su administración existen dos tareas: localizar vivas a las personas y sancionar a los culpables.

Sobre el incidente del exagente del Cisen y Ricardo Anaya Cortés, Yunes Linares declaró “formo parte del Grupo de Coordinación Veracruz, no daré información sobre el tema”.

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En el tema del hacinamiento en cárceles hidalguenses, Rodríguez Calderón refirió que de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al parecer existen problemas, lo cuales dijo no conoce directamente, ya que solamente tienen como referencia los informes de la CNDH.

Indicó que el punto de vista sobre los sistemas penitenciarios del país parten del informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde las penitenciarías del país guardan una calificación de 6 en promedio, pues del 1 al 10 tienen 6, lo cual no es una calificación ideal, “no es la que uno desearía”.

Afirmó que trabajan directamente con todos los sistemas para ir mejorando y lograr que los niveles de calificación sean mucho mejores.

El funcionario aseguró que trabajan para aprobar los últimos 19 protocolos de actuación, que mandata la Ley Nacional de Ejecución Penal, “son 44 protocolos de actuación, en los cuales se establece de manera precisa la forma en cómo los penales tienen que trabajar en cualquier parte del país”.

Estimó que estos protocolos están para aprobarse ayer u hoy, para reunir los 44 protocolos, que servirán para que todos los penales del país tienen que trabajar todos de la misma manera, absolutamente, sin importar que sean del norte, del centro o del sur del país.

Reconoció que los penales con más problemas en el país son los de Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, ya que presentan sobrepoblación, hacinamiento y autogobierno.

Rodríguez apuntó que también evalúan, pero a final de cuentas, la CNDH tiene una valoración interna y externa, lo que permite conocer y comparar los datos con los que cuenta la dependencia a su cargo, “son totalmente compatibles y van por la misma línea de trabajo”.

Afirmó que los gobernadores del país está ocupados en buscar medios económicos para poder erradicar y revertir este efecto, “es un gran problema que se va a tener que resolver con la inversión y con la voluntad política de los gobernadores como Omar Fayad”.

No obstante, cuestionado sobre los problemas en los penales a pesar de las leyes que se promueven, Rodríguez consideró que son los ajustes que existen dentro de todos los penales del país.

Lamentablemente en aquellos estados donde los penales están teniendo problemas de gobernabilidad, y habló específicamente de Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa, donde hay graves problemas de gobernabilidad.

“Los grupos de poder se disputan entre ellos el rango de autoridad, y es por ello que nos presentan en la actualidad tantos problemas esos penales, lo importante es revertir ese efecto, que los gobiernos y las autoridades retomen el control de esos penales para que ese tipo de problemas estén desapareciendo”.

Para acabar con esos autogobiernos, explicó que las conferencias nacionales son los lugares ideales para compartir y proponer las políticas públicas y las acciones y estrategias de gobierno, que permitan compartir con los estados del país, el trabajo que se está realizándose, y que las entidades adopten este tipo de medidas para trabajar de la mejor manera.

En los casos de motines, dijo que la policía estatal es la encargada de los cateos, extraen a los reos que van a ser trasladados, los entregan en los aeropuertos y los manejan a los penales a donde van a estar.

Por último, interrogado sobre la posibilidad de que Hidalgo cuente con un nuevo penal, afirmó que el gobernador de Hidalgo está trabajando en un proyecto, “y seguramente en poco tiempo lo va a dar a conocer”.

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