El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, condenó «la actitud estigmatizante, de descrédito y descalificaciones de parte del presidente López Obrador contra periodistas y medios«.

Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, agregó que «es sumamente peligrosa esta práctica abusiva desde el Poder Ejecutivo, que pone en riesgo la seguridad de quienes ejercen un periodismo investigativo y crítico que puede incomodarlo«.

El caso que se encuentra en el foco de atención actualmente es la revelación, por parte de López, de los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, quien ha sido un crítico de su administración.

La revelación se produjo después de que Loret de Mola publicara un reportaje, a finales de enero, sobre la costosa vivienda en la que residió durante un tiempo un hijo del presidente en Houston, Texas.

La residencia era en ese entonces propiedad de un ejecutivo de la compañía de servicios petroleros Baker Hughes, que tiene contratos millonarios con Petróleos Mexicanos (Pemex).

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que «el caso de Loret Mola es un ejemplo de la postura vengativa del mandatario, quien usó información confidencial de datos fiscales para atacar al periodista«.

Jornet, director periodístico de La Voz del interior, de Argentina, consideró que «la escalada de ataques personales a medios y periodistas que cuestionan su gestión en el gobierno y difunden información que considera negativa para su administración supone una invitación a ejercer más violencia y es contraria a la tolerancia que debe prevalecer en una democracia«.

Tanto Canahuati  como Jornet reiteraron al presidente López la exhortación a que «suspenda de inmediato esta práctica dañina, precisamente en un país en el que la violencia sigue siendo la mayor amenaza contra la libertad de prensa«.

En una carta enviada al presidente de México el 4 de febrero, Canahuati y Jornet consignaron que «denigrar a la prensa desde la cima del poder no es un juego dialéctico… menos aún en horas oscuras como las que vive México por esta ola de violencia«.

La SIP recordó que sólo en las primeras semanas de 2022, han sido asesinados cinco periodistas en México.

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La SIP, con sede en Miami, indicó en un comunicado que al menos 40 periodistas fueron agredidos durante las manifestaciones antigubernamentales, en su mayoría en Lima, y como consecuencia de fuerza policial. Durante las protestas, agregó esta organización, dos jóvenes manifestantes murieron y centenares sufrieron agresiones.

«Si bien saludamos las disculpas del presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, por la violencia desplegada por las fuerzas de seguridad, reiteramos nuestro pedido de que se realice una investigación exhaustiva sobre el uso excesivo de fuerza en contra de los periodistas y se castigue a los responsables«, coincidieron Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.

Canahuati y Jornet aseguraron que la SIP continuará en «estado de alerta y vigilante sobre la crisis en Perú«, al tiempo que expresaron su esperanza de que el gobierno «respete y garantice las libertades de prensa y expresión en el país, como una necesidad esencial para la resolución de la crisis política«.

El peruano Instituto Prensa y Libertad aseguró en un reciente pronunciamiento que los profesionales de la comunicación «han sido gaseados, heridos con perdigones y canicas, empujados, golpeados, afectando gravemente el trabajo periodístico y el derecho a la información«.

El pasado 13 de noviembre, y mientras todavía ocupaba la presidencia peruana el jefe del Legislativo, Manuel Merino, quien renunció el pasado domingo 15 de noviembre, periodista Renzo Mazzei afirmó que ese gobierno de transición intentaba «censurar y manipular» la cobertura que hizo la televisión estatal de las manifestaciones de protesta que se presentaban en el país.

Mazzei, quien el viernes presentó renuncia al cargo como gerente de prensa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), señaló que después de que Merino asumiera la jefatura del Estado el 10 de noviembre, recibió la llamada de un «colaborador de confianza» del entonces gobernante pidiéndole que se deje de transmitir las movilizaciones.

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