La detención ocurre en el marco de las investigaciones por corrupción vinculadas al sexenio de Enrique Peña Nieto.

¿Por qué fue detenido?

De acuerdo con las autoridades, Carlos «N» está relacionado con la red de corrupción del caso Odebrecht, uno de los escándalos más sonados en América Latina. Sheinbaum señaló que el caso también está vinculado al proceso legal que enfrenta Emilio «N», otro exdirector de la petrolera mexicana.

Antecedentes del caso Lozoya

Emilio «N», quien también dirigió PEMEX durante la administración de Peña Nieto, fue arrestado en 2022 acusado de recibir sobornos millonarios de Odebrecht. Actualmente sigue su proceso en libertad, luego de que se le concediera el cambio de medida cautelar.

Resolución del Tribunal Federal

El magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, resolvió que no existe riesgo de fuga por parte de Carlos «N». Por ello, ordenó su liberación del Reclusorio Norte para que continúe su proceso penal desde prisión domiciliaria.

Este tipo de decisiones ha generado debates en torno a la eficacia del sistema judicial mexicano para combatir la corrupción a gran escala.

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La audiencia duró alrededor de 30 minutos y a las afueras de la sala de juzgados, uno de los defensores del exdirector de Pemex, Miguel Ontiveros Alonso indicó que aún buscan quién se quedó con “todos esos millones y millones de pesos que entregó Odebrecht, que se procure y se imparta justicia respeto de ellos”, dijo.

Cuestionado sobre si el expresidente Enrique Peña Nieto es una de las personas que está gozando el soborno millonario que hizo la empresa brasileña, el abogado aseguró: «Eso lo tiene que decir las autoridades investigadores, nosotros tenemos claro a través de la denuncia que presentó Emilio Lozoya y que es pública, que Enrique Peña Nieto, expresidente de la República, comandaba el aparato corruptor del sexenio pasado», indicó.

Agregó que «junto con su secretario de Hacienda y otros actores que son claramente señalados en la denuncia, entonces él (Peña Nieto) tendrá que responder. Tarde o temprano la justicia llega, puede tardar, pero la justicia llega», acotó el jurisconsulto de la defensa de Emilio «N».

El pedido de la ampliación de la audiencia la realizaron a la jueza de control Verónica Gutiérrez, ya que aún no llegan a un acuerdo con Pemex para obtener un criterio de oportunidad. Además indicaron que les hacen falta dos dictámenes, uno en materia de contabilidad y otro más de derecho internacional.

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A finales de abril, Lozoya Austin, preso en el Reclusorio Norte, recurrió a la protección de la justicia contra la sentencia del 6 de abril del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, quien confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada por el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, en su resolución del 26 de enero de 2022.

Aunque el recurso se admitió a trámite, el Tribunal Unitario no concedió a Lozoya Austin la suspensión, debido a que no la solicitó, además de que no es procedente decretarla de manera oficiosa.

El Tribunal programó la audiencia constitucional para el 15 de junio, fecha en la que resolverá si le otorga el amparo a Lozoya Austin.

Por otra parte, el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías que promovió Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio, contra la nueva orden de aprehensión que se libró en su contra el pasado 4 de abril de este año por el caso de la planta chatarra Agronitrogenados.

El próximo 20 de junio se resolverá si se le otorga la protección de la justicia federal a la hermana del exdirector de Pemex.

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“La Fiscalía General de la República justificó de manera fundada y motivada la variación objetiva de las condiciones por las que se impusieron las medidas cautelares, por lo que el imputado permanecerá en prisión preventiva justificada hasta el final del proceso”, dijo el juez.

Este miércoles, en audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el juez José Artemio Zúñiga Mendoza revisó nuevamente la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) con la que desde noviembre pasado Lozoya permanece sujeto a prisión preventiva justificada.

La audiencia fue realizada en cumplimiento a una sentencia emitida por el Tercer Tribunal Unitario en materia Penal que revocó la decisión de mantener a Lozoya en la cárcel mientras se resuelve su causa penal por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

El juez ordenó al mismo tiempo revisar nuevamente la petición de la FGR sin dar oportunidad a esta ni a Lozoya de emitir nuevos argumentos.

En cuestión de una hora el juez Zúñiga dio cumplimiento y reiteró que la FGR acreditó que Lozoya cuenta con una red de contactos y recursos económicos que le permitirían darse a la fuga.

Además indicó que las penas máximas que puede enfrentar por los tres delitos por los que está vinculado a proceso, en caso de ser declarado culpable, pueden incentivar su huida del país.

Añadió que otro elemento con el que la FGR acreditó la necesidad de mantener a Lozoya en prisión preventiva es que hasta el momento no se ha acreditado el pago de la reparación del daño por el caso Odebrecht ni se ha concretado la petición del criterio de oportunidad que el ex funcionario presentó desde 2020.

Recordó que en noviembre pasado Lozoya intentó desacreditar la petición de Fiscalía asegurando que no tenía intenciones de darse a la fuga y que se ha presentado a todas las diligencias a las que ha sido requerido pero que tan sólo para comparecer por primera vez, fue necesario emitir una orden de aprehensión y hasta sujetarlo a un proceso de extradición, por lo que desestimó este alegato.

La defensa puede apelar la resolución del juez.

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No obstante, sigue vigente la prisión preventiva por la investigación en torno a los presuntos sobornos del caso Odebrecht.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), la parte acusadora en el juicio, apelaron la resolución del juez que se dictó el viernes 21 de enero, para impedir que Lozoya salga del Reclusorio Norte donde aún permanece.

El juez que dictó la toca penal de la apelación presentada por la defensa de Lozoya Austin contra la prisión preventiva, requirió al juez de control del Reclusorio Norte ejecutar de inmediato la determinación e informar en un plazo de 24 horas de su cumplimiento.

Lozoya enfrenta dos juicios: el primero por la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados, acusado de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero y es en esta causa donde el juez concedió cambiar la medida cautelar.

Sin embargo, para salir de la cárcel, tendría que obtener un fallo a favor también en el proceso penal que obra en su contra por los sobornos recibidos de Odebrecht, por los que la FGR lo acusa de asociación delictuosa, lavado de dinero y además cohecho y por los que ya pidió sentenciar lo a 39 años de prisión y la reparación de daño mediante el pago de siete millones de dólares.

El 3 de noviembre pasado, el juez Artemio Zúñiga determinó modificar la medida cautelar de Lozoya e impuso la prisión preventiva justificada, solicitada por la FGR por el caso Odebrecht, para llevar su proceso judicial en el reclusorio Norte.

En ese entonces, el juez explicó que desde un inicio de este proceso por el caso Odebrecht, consideró que era viable la prisión preventiva justificada en contra de Emilio Lozoya, pero no la había podido imponer debido a que no había sido solicitada.

Aunque, también basó su decisión en tres rubros: la red de ayuda que podría tener para fugarse; la cantidad de recursos económicos que tiene para ello, así como la pena de los tres delitos que se le imputan al ex director de Pemex, asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho.

Además de que en octubre del 2021, se vio al ex funcionario en el restaurante Hunan, ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, cuando supuestamente estaba bajo prisión domiciliaria y tenía puesto un brazalete electrónico.

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Asimismo, pidió 25 años de cárcel para su madre Gilda Austin, quien también está imputada en este caso.

Autoridades judiciales confirmaron que la solicitud se hizo el 3 de enero pasado, como parte del procedimiento contra Lozoya, pero advirtieron que esto no cierra la posibilidad de que el exfuncionario acceda a un criterio de oportunidad.

Esta última posibilidad, que prácticamente sacaría a Lozoya del reclusorio, quizá con una pena menor, se lograría si entrega pruebas contundentes para imputar a personas de mayor jerarquía en la administración de Enrique Peña.

Una vez que la FGR entregó el escrito al juez José Artemio Zúñiga, se actualizó un plazo de notificación tanto a Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como víctimas; así como a la defensa de Lozoya quien deberá hacer una contrapropuesta, seguramente pidiendo una sentencia absolutoria.

Abogados consultados dijeron que la defensa podría mantener la postura de colaboración y disposición de un acuerdo con la FGR, ello con el fin de que Lozoya se convierta en testigo colaborador.

Según el artículo 256, quinto párrafo, del Código Nacional de Procedimiento Penales, la FGR puede conceder el criterio de oportunidad hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral.

Otra posibilidad es que Lozoya se declare culpable a cambio de una sentencia menor, como ocurrió con el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien obtuvo una sentencia de 9 años de cárcel.

Según las autoridades, la FGR pidió para Lozoya 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero; 10 años de prisión por asociación delictuosa y 14 años de prisión por el delito de cohecho.

Dichos ilícitos están previstos y sancionados en los artículos 400Bis, 164 y 222 del Código Penal Federal vigente, respectivamente.

También pidió una multa equivalente a 5 mil 450 días de salario mínimo, reparación del daño por 7 millones 385 mil dólares y la incautación de propiedades.

En tanto, para la madre de Lozoya se pidieron 25 años de prisión, 15 por los delitos de lavado de dinero y 10 por el de asociación delictuosa.

Cabe destacar que en los próximos días la FGR enviará otro escrito al Juez donde solicitará también una pena de cárcel para Emilio Lozoya y su hermana Susana Lozoya por el caso Agronitrogenados.

Ambos casos están en la recta final previo a que se entre a la etapa del juicio oral, en donde el juez analizará las pruebas de las partes y finalmente dictará una sentencia para cada uno de los casos.

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“El interés de sociedad para acceder a la información relacionada con las investigaciones iniciadas por el caso Odebrecht ha sido constante; desde octubre del 2018, mediante la resolución RRA 4436/18, el Pleno ordenó la entonces PGR dar a conocer versión pública de la averiguación previa y, a la fecha, el Instituto ha resuelto más de 16 recursos de revisión relacionados y en todos ellos se ha ordenado que se entregue información”, afirmó el Comisionado Oscar Guerra Ford, encargado del caso.

El comisionado recordó que el artículo 66 de la Ley Federal de Transparencia prevé que las resoluciones del INAI se pueden convertir en una obligación de transparencia, atendiendo a la relevancia social de la información, la cual ha quedado demostrada este caso, por lo que propuso, y fue aprobado por el Pleno, ordenar a la FGR que publique en su portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia la versión pública de la carpeta de investigación y la actualice, de manera trimestral, como lo marcan las obligaciones de transparencia.

“El propio Presidente de la República ha referido que este caso es de interés nacional y, por las repercusiones que tuvo tan fuertes o que pudo tener al erario público, es muy importante que se pueda transparentar, la ley lo permite con la parte excepcional de las reservas cuando son actos de corrupción, que es la que estamos aplicando y creo que daríamos un avance como sociedad para que las personas puedan conocer las actuaciones que ha tenido desde que se inició este caso”, apuntó.

La resolución se dio luego de que un particular solicitó dicha información, misma que le fue negada por la FGR bajo el argumento de estar clasificada como reservada y confidencial, motivo por el que la persona solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI.

En el análisis del caso, la ponencia del Comisionado Oscar Guerra Ford advirtió que, si bien la carpeta de investigación está en trámite y, por tanto, se considera reservada, lo cierto es que dicha reserva queda supeditada por la excepción prevista en el artículo 112, fracción II de la Ley Federal de Transparencia, toda vez que la información solicitada guarda relación con la comisión de delitos relacionados con presuntos actos de corrupción.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la FGR y le instruyó entregar, en formato electrónico, versión pública de todos los interrogatorios y declaraciones recabadas, entre enero de 2017 y septiembre de 2021, como parte de las indagatorias contenidas en la carpeta de investigación, relacionada con el caso Odebrecht, así como de los documentos que den cuenta de los nombres de las personas interrogadas y a las que se les ha tomado declaración, precisando la fecha.

Adicionalmente, el Pleno ordenó a la FGR publicar la información pedida en su portal de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia y actualizarla de manera trimestral, como lo marcan las obligaciones de transparencia.

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A partir de ello, el exfuncionario en la administración de Enrique Peña y quien es uno de los acusados por el caso Odebrecht, es buscado en 194 países que integran a la Interpol.

Treviño cuenta con una orden de aprehensión en México luego de ser acusado por Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex, de actos de corrupción.

Treviño Morales fue señalado por Lozoya de recibir sobornos por parte de Odebrecht (a través de Braskem) por un monto de 4 millones de pesos por el caso Etileno XXI. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó orden de aprehensión contra el exfuncionario de Pemex luego de que no se presentó a una audiencia que estaba prevista para celebrarse el 7 de septiembre pasado.

A raíz de ello, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, ordenó la aprehensión de Treviño Medina por su probable responsabilidad de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con sus abogados, Carlos Treviño abandonó el país el pasado 6 de septiembre con destino a Houston, Texas, en Estados Unidos.

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“Yo creo que se están tardando, es evidente”, apuntó.

El mandatario agregó que mantiene su confianza en Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía, y remarcó que en este y otros casos, la dependencia goza de autonomía.

“No hablo de estos asuntos con el fiscal Gertz Manero ni con el presidente de la Corte (Arturo Zaldívar). No establecemos esas relaciones por respeto a nuestras competencias”, subrayó.

El exfuncionario fue visto en los últimos días en un lujoso restaurante en Lomas Virreyes a pesar de enfrentar dos procesos judiciales.

“Creo que es legal, pero inmoral el que se den estas cosas. Es una imprudencia, para decir lo menos, un acto de provocación porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, le llaman de otra manera, pero eso es”, dijo en su momento el presidente.

En Twitter, la periodista Lourdes Mendoza publicó fotos donde se puede ver a Lozoya sentado en una mesa con cuatro acompañantes.

“Aún con brazalete el criminal confeso, Emilio Lozoya, se da la gran vida, Hunan de las Lomas, obvio, gracias a la protección de la Fiscalía General de la República. Además, le miente al juez de lo civil diciendo que está arraigado!!!!”, escribió la columnista.

Tras la publicación de las imágenes, la Fiscalía subrayó que el excolaborador de Enrique Peña Nieto continúa bajo proceso penal por los casos Odebrecht y AgroNitrogenados.

La dependencia explicó que Lozoya sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan el 3 de noviembre.

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https://twitter.com/SintesisMexico/status/1443201885981249539

En el segundo de cuatro videos, Anaya Cortés describe que, de acuerdo a la confesión del director de Odebrecht, Luis Weyll, la constructora brasileña le entregó directamente a Emilio Lozoya sobornos por 10 millones de dólares, una parte para la campaña presidencial de 2012 y el resto de manera personal a Lozoya, a cambio de contratos de obra pública en la ampliación de la refinería de Tula.

Anaya hace notar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó en cuenta todos los elementos, incluida la declaración del director de Odebrecht, y condenó a la empresa a pagar una multa de 3 mil 500 millones de dólares. En cambio, la FGR desestimó la confesión de los propios inculpados para atenerse a los dichos de Lozoya, y armó “un Frankenstein torciendo todo y acabaron en un cuento totalmente absurdo”.

“Las conclusiones de la Fiscalía de López Obrador son exactamente contrarias a las conclusiones de las autoridades de Estados Unidos. O sea, el caso es el mismo, pero las conclusiones son contrarias… En la versión de Lozoya y de López Obrador, es el rollo de la Reforma Energética y el dinero acabó casualmente en las manos de los adversarios de López Obrador… Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, son contratos de obra pública y el dinero se lo dieron a Lozoya”, dijo.

Anaya concluye que “la Fiscalía de López Obrador no tiene interés en recuperar el dinero ni en castigar a los verdaderos culpables. Lo que López Obrador quiere, en realidad, es hacer una carambola de tres bandas: primero y más allá de lo que pienses de la Reforma, lo cual es respetable, López Obrador quiere reforzar su discurso en contra de la Reforma Energética; segundo, quiere aparentar que lucha contra la corrupción, cuando la realidad es que los verdaderos culpables están libres, con el dinero en sus cuentas; y tercero, quiere usar todo este circo para meter a la cárcel a sus adversarios políticos, como yo”.

Ante las conclusiones contrarias de la misma investigación en Estados Unidos y en México, y dado que el propio director de Odebrecht confesó que el dinero se lo dieron a Lozoya a cambio de contratos de obra pública (y no para sobornar a legisladores a cambio de aprobar la Reforma Energética), Anaya cuestiona: ¿dónde están esos millones de dólares?

“Mañana voy a demostrar que Lozoya tiene la lana, y que López Obrador está dejando que se la quede, a cambio de que le ayude a declarar en mi contra y así tratar de meterme a la cárcel. ¿Dónde está el dinero? De eso se trata el video de mañana”, avisó.

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