El decreto establece modificaciones a diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Los gravámenes se calcularán sobre el valor en aduana de los productos —por litro, kilogramo o pieza— y no directamente sobre su precio final.

Entre los aranceles más altos destacan los aplicados a piezas automotrices, que oscilarán entre el 25% y el 50%. Estos incluyen receptores de radio para automóviles, lentes o reflectores de faros y defensas completas.

Otros artículos como loncheras, cantimploras, botellas, frascos, vidrio, acero, muebles de metal y ropa de cama enfrentarán gravámenes de hasta el 35%. También se aplicarán a prendas de vestir, calzado, impermeables y artículos de higiene personal.

El decreto contempla un 30% de arancel para artículos escolares y de oficina, dentífricos, juguetes, ventiladores domésticos y estatuillas decorativas. Asimismo, productos como shampoo, hornos de microondas y muebles de plástico, bambú o ratán tendrán un gravamen del 25%.

Especialistas advierten que la medida podría traducirse en un aumento de precios para los consumidores mexicanos, especialmente en productos de origen asiático. El encarecimiento de costos de importación impactará a empresas y distribuidores, aunque el Gobierno estima que la inflación solo se verá afectada en un 0.2%.

El Congreso mexicano aprobó estas barreras arancelarias para más de mil mercancías, argumentando que afectan la industria nacional y más de 350 mil empleos. Según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el Gobierno espera recaudar más de 70 mil millones de pesos con esta estrategia.

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Con 319 votos a favor y 88 en contra, la Cámara de Diputados avaló la iniciativa constitucional propuesta por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, con el apoyo del mandatario Andrés Manuel López Obrador.

«Este dictamen implica un riesgo por sus consecuencias, sobre todo para la autonomía del Poder Judicial y en cuanto a los controles de los Poderes de la Unión», aseguró la diputada Pilar Ortega al anunciar el voto en contra del derechista Partido Acción Nacional (PAN).

La reforma, aprobada el 27 de noviembre por el Senado, generó polémica desde que López Obrador y Zaldívar la anunciaron en conjunto en febrero.

La iniciativa, que ahora deberá avalar la mayoría de los congresos estatales por ser constitucional, establece un servicio de defensoría pública, una Escuela Federal de Formación Judicial y una renovación de la carrera judicial.

También fortalece las facultades del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a cargo del presidente de la Suprema Corte, para «combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el poder judicial».

Además, se buscará capacitar a los jueces para que tengan un perfil «más cercano», «capacitado» y «sensible».

Asimismo, se hace «una apuesta» para avanzar en «paridad de género» y, según los objetivos del Gobierno, impulsar un «nuevo perfil» de defensores públicos que sean «verdaderos abogados de los pobres».

«Marcará el inicio de una nueva época en el sistema jurídico mexicano porque abona al fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos», defendió la diputada Aleida Alavez, del gobernante Movimiento Regenación Nacional (Morena), al presentar el dictamen.

La reforma recibió el apoyo de partidos de oposición como el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el exgobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero el PAN y el liberal Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron que la reforma «genera desconfianza» porque el oficialismo apresuró su aprobación.

“El proceso legislativo de la reforma está trunco, es insuficiente», aseveró Adriana Medina, legisladora de MC.

La relación entre Zaldívar y López Obrador despierta más sospechas desde el 1 de octubre, cuando el presidente de la Corte apoyó declarar la constitucionalidad de la consulta popular del Gobierno para juzgar a los expresidentes del «periodo neoliberal».

Los opositores acusaron al Gobierno de utilizar como moneda de cambio el aval de la reforma, que también crea tribunales de apelación con la integración de más de 200 magistrados, amplía la discrecionalidad de la Suprema Corte en la revisión de amparos y transforma la manera de sentar precedentes.

Por ello, al anunciar el voto en contra de la bancada de MC, el diputado Juan Carlos Villarreal denunció que la reforma conduce “a una concentración desmedida de poder, inclusive con un empoderamiento inexplicable del presidente de la Suprema Corte».

“La parte medular crítica de esta reforma constitucional es la doble presidencia, esto es la evidencia y prueba de que se van a generar conflictos de interés”, sentenció.

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Lo anterior, según reveló el propio legislador al diario El Universal, debido a que existe un compromiso en su bancada de conseguir un presupuesto más grande para la cultura en el país.

Mayer señaló que sí habrá comisiones en cultura tanto en la cámara baja como en el Senado de la República; sin embargo, no precisó si se fusionarán o no con otras áreas.

Debido al plan de austeridad en las cámaras baja y alta, desaparecerían las 16 comisiones especiales y habría una reducción de las comisiones ordinarias para pasar de 62 a 42.

“Se va a trabajar muy fuerte en los temas culturales. Vamos a buscar más presupuesto y más apoyos. El proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador es apoyar a los jóvenes (…) darles mayores oportunidades”, aseguró el exgaribaldi.

Ante los rumores de que la comisión se fusionaría con la de Educación, el legislador morenista lo consideró poco probable.

“Lo que no sé es si se va a fusionar, pero veo muy difícil que se una a Educación porque son dos comisiones muy grandes y muy importantes; Cultura y Cinematografía tiene mucho trabajo, tiene su presupuesto y es independiente”, comentó.

Los nombres de los integrantes de las comisiones serán revelados en un par de semanas, por lo que Mayer se dijo interesado en presidir la de cultura, para lo cual dijo tener “mucho compromiso”.

“Ya hemos tenido reuniones con la próxima secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; así como con Alfonso Suárez del Real, próximo secretario de Cultura de la Ciudad de México”, aseguró.

Además, puntualizó que ha entablado pláticas con el director del Festival de Cine de Morelia y músicos de jazz.

“Me he reunido con compañeros de la Anda (Asociación Nacional de Actores). Vamos con todo. Cultura es uno de los proyectos que tenemos que trabajar fuertemente.

Queremos que los jóvenes tengan más espacios para el arte y para la cultura, así que vamos a trabajar transversalmente con otras comisiones para conseguir proyectos.

El derecho a la cultura está en la Constitución Política (…) Sería irresponsable ahora precisar el presupuesto que buscaremos, pero sí puedo decir que vamos a apoyar en todos los estados y que la búsqueda será ir hacia arriba”, afirmó.

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