La petición, enviada a través de la Secretaría de Gobernación, forma parte del orden del día del Segundo Periodo Ordinario de la actual legislatura. Los ejercicios están programados del 3 de abril al 1 de mayo de 2026 y se realizarán bajo el nombre “Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER”.

La Mesa Directiva del Senado informó que la propuesta fue turnada a la Comisión de Marina, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso. El objetivo es permitir la participación de personal extranjero en ejercicios de preparación con fuerzas mexicanas, dentro de esquemas de cooperación bilateral en materia de seguridad.

El ingreso de los militares estadounidenses se enmarca en el Plan Kukulkán, estrategia presentada por el gobierno federal para reforzar la vigilancia en las ciudades sede del Mundial: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El plan contempla despliegues de fuerzas federales, operativos en estadios y aeropuertos, así como el uso de herramientas tecnológicas de monitoreo.

Autoridades mexicanas y estadounidenses han destacado la importancia de la colaboración bilateral en seguridad. Se prevé la instalación de mesas de coordinación con representantes del gabinete de seguridad y de la FIFA, para facilitar el intercambio de información y protocolos de actuación ante posibles riesgos.

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El pronunciamiento se realizó tras los hechos violentos relacionados con la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias «El Mencho». Sheinbaum subrayó que México ha planteado en diversas ocasiones este tema dentro de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La mandataria recordó el operativo “Rápido y Furioso” implementado durante el gobierno de Felipe Calderón, en el que se permitió el ingreso controlado de armas para rastrear a grupos criminales. Señaló que dichas armas terminaron en manos de delincuentes, quienes retiraron los dispositivos de rastreo.

En contraste, destacó que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se interpusieron denuncias en cortes estadounidenses contra fabricantes y distribuidoras de armas por facilitar el tráfico ilícito.

Sheinbaum enfatizó que muchas de las armas aseguradas en México son de uso exclusivo del Ejército estadounidense, incluidos lanzacohetes y rifles de alto calibre. Por ello, insistió en que uno de los puntos centrales del entendimiento con Washington debe ser la reducción del tráfico de armas.

“Así como nosotros paramos el fentanilo que va a Estados Unidos, que ellos disminuyan las armas que están entrando a México”, expresó la presidenta, al tiempo que recalcó que la cooperación debe basarse en inteligencia, investigación y coordinación, con respeto a la soberanía nacional.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que en lo que va de la actual administración se han asegurado más de 23 mil armas, de las cuales alrededor del 80% provienen de Estados Unidos.

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El encuentro ocurrió después del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hecho que desató una ola de violencia en varias regiones del país.

Carter, junto con el embajador estadounidense Ronald Johnson, felicitó al Gabinete de Seguridad de México por la “operación exitosa” contra Oseguera Cervantes. La ONDCP calificó al CJNG como una “organización terrorista extranjera” responsable del tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y de amenazar su seguridad nacional.

Johnson detalló que en el operativo se aseguraron casi dos toneladas de metanfetamina y 53 kilogramos de fentanilo. Según cálculos oficiales, esto representa una pérdida estimada de 594 millones de pesos (33 millones de dólares) para los grupos criminales y evita que 79 millones de dosis lleguen a las calles estadounidenses.

El embajador destacó que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación entre ambos países está generando “resultados reales” en materia de seguridad. La reunión contó con la presencia de altos funcionarios mexicanos, entre ellos Ricardo Trevilla (Defensa), Raymundo Morales (Marina), Omar García Harfuch (Seguridad), Rosa Icela Rodríguez (Gobernación), Ernestina Godoy (Fiscalía General) y Roberto Velasco (Cancillería).

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Robert Cekada, subdirector de la ATF, reconoció que el tráfico de armas no es un problema exclusivo de la frontera suroeste, sino una amenaza nacional. Aseguró que la agencia está “atacando agresivamente” a cárteles y redes criminales para cortar su acceso a las armas y llevar a los responsables ante la justicia.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reveló cuatro rutas principales de tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México: California–Tijuana, Arizona–Nogales, Nuevo México–Ciudad Juárez y Texas–Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Estas rutas fueron detectadas en el marco de la operación coordinada Firewall, establecida en septiembre de 2025 para reforzar inspecciones en la frontera.

El general Alejandro Ramos Flores explicó que la legislación estadounidense, derivada de la interpretación amplia de la Segunda Enmienda, dificulta la aplicación de controles más estrictos sobre la producción y comercialización de armas. Señaló que esta situación ha permitido históricamente el desvío de armas hacia el crimen organizado en el país mexicano.

México también destacó que Estados Unidos no se ha sumado a instrumentos internacionales clave contra el tráfico ilícito de armas, como la Convención Interamericana, el Tratado sobre el Comercio de Armas y el protocolo específico de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

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El secretario Omar García Harfuch confirmó que existen investigaciones en curso contra personas y empresas implicadas en el fraude. La UIF presentó denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos designó a 24 sujetos por su presunta participación en el esquema fraudulento.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la UIF añadió a siete sujetos más a la Lista de Personas Bloqueadas, entre ellos seis individuos y una entidad. Estas medidas buscan limitar el acceso de los implicados al sistema financiero global y cerrar espacios para el uso de prestanombres o estructuras corporativas destinadas a dispersar fondos ilícitos.

La UIF realizó estudios fiscales y corporativos para identificar transferencias internacionales y movimientos relevantes de dinero. Con ello se fortalecieron las medidas de bloqueo de cuentas y se reforzó la cooperación con instancias internacionales, con el objetivo de debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos que utilizan el sector turístico como fachada.

García Harfuch también señaló que las personas y empresas implicadas ya se encuentran enlistadas y que existen otros actos delictivos relacionados en varias entidades del país. Subrayó que la investigación es encabezada por la UIF en coordinación con la FGR, y que se mantiene comunicación constante con autoridades estadounidenses.

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La cláusula, incluida en la sección de Asistencia para América Latina y el Caribe, establece que ningún fondo podrá destinarse a México hasta que el Secretario de Estado, Marco Rubio, certifique que el país está entregando el agua pactada en el tratado de 1944 sobre los ríos Colorado, Tijuana y Río Grande.

El condicionamiento no aplica a los recursos destinados a combatir el fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, la ley señala que el 30% de los fondos asignados a México solo podrá comprometerse si se demuestra que en los últimos 12 meses el gobierno mexicano:

• Redujo el flujo de fentanilo hacia la frontera.
• Desmanteló organizaciones criminales transnacionales.
• Apoyó operaciones antinarcóticos conjuntas y el intercambio de información.
• Respetó solicitudes de extradición de delincuentes requeridos por EE.UU.
• Aumentó la participación en la lucha contra el narcotráfico a nivel federal y estatal.

En el año fiscal 2023, la asistencia estadounidense a México ascendió a 104 millones de dólares, según datos oficiales. Aunque la nueva ley no detalla montos específicos, sí condiciona su entrega a compromisos claros en materia de seguridad y cumplimiento hídrico.

El gobierno estadounidense informó que México enviará al menos 350 mil acres-pies de agua (aproximadamente 430 millones de metros cúbicos) por año durante el ciclo quinquenal vigente, además de un plan para saldar la deuda hídrica pendiente del ciclo anterior.

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Sheinbaum subrayó que la relación con los países vecinos se basa en el diálogo y la cooperación, pero sin subordinación. “Negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos”, expresó, al tiempo que reiteró que el objetivo central de su administración es la justicia social y el bienestar de la población.

La mandataria explicó que los programas de vivienda, el aumento al salario mínimo y las políticas de bienestar forman parte de la cuarta transformación. “Hay dos palabras que guían nuestro gobierno: justicia y bienestar”, señaló ante los asistentes al evento en Reynosa.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen tras una entrevista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con The New York Post, en la que reiteró su disposición de atacar por tierra a los cárteles del narcotráfico. Al ser cuestionado, Trump respondió que dichos ataques “podrían ser en cualquier lugar”, incluyendo México, Venezuela o Colombia.

En paralelo, los gobiernos de México y Estados Unidos celebraron la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS) en Washington, D.C. El encuentro dio seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, basado en principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.

Ambas delegaciones destacaron avances en intercambio de información aduanera, cooperación judicial y entendimiento de amenazas globales vinculadas a sistemas no tripulados. Además, Estados Unidos reconoció a México por el traslado de 37 presuntos criminales de alto impacto el pasado 20 de enero, quienes enfrentarán cargos por narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, trata de personas y narcoterrorismo.

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La medida busca frenar la crisis del fentanilo, intensificar el combate al tráfico de armas y desmantelar redes de financiamiento ilícito vinculadas a organizaciones criminales transnacionales. Entre los detenidos entregados se encuentran líderes regionales de los cárteles del Noreste, Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación, catalogados como terroristas por Washington.

Estados Unidos agradeció a México por la transferencia de los 37 presos, realizada el 20 de enero de 2026, y reconoció la colaboración que permitió la captura de Ryan Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. “Estos logros concretos resaltan los resultados de nuestra estrecha cooperación bilateral”, señaló el comunicado oficial.

El SIG reiteró que su prioridad es acelerar extradiciones y transferencias de objetivos de alto valor, además de fortalecer la estrategia conjunta contra el crimen organizado y el terrorismo.

Esta entrega de presos es la tercera realizada bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria enfrenta presiones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha insistido en que México “no hace lo suficiente” para combatir a los cárteles.

Hace una semana, Trump reiteró su amenaza de ataques terrestres contra el crimen organizado en México, lo que fue rechazado de manera contundente por Sheinbaum durante una llamada entre ambos líderes.

El Gobierno de México se comprometió a acelerar las entregas de miembros del crimen organizado requeridos por Estados Unidos, en un esfuerzo por mantener la cooperación y reducir la violencia vinculada al narcotráfico.

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Durante su visita, Patel sostuvo reuniones tanto con el equipo de la SSPC como con la Fiscalía General de la República (FGR). En ellas se reconoció el aumento de operaciones coordinadas para la captura de generadores de violencia y objetivos prioritarios que afectan a ambos países. García Harfuch subrayó que se acordó continuar con el intercambio de información y reforzar la coordinación, siempre bajo el principio de respeto a la soberanía.

La visita del director del FBI estuvo marcada por la detención en México de Ryan Wedding, exolímpico canadiense convertido en narcotraficante y considerado uno de los diez más buscados por la agencia estadounidense. Wedding, quien participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, fue señalado como colaborador del Cártel de Sinaloa y acusado de dirigir operaciones transnacionales de tráfico de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Canadá.

El Gobierno de Estados Unidos agradeció públicamente a México por su apoyo en la captura. La fiscal general, Pam Bondi, destacó que Wedding pasó de ser un atleta a convertirse en un “capo violento de la cocaína”. El detenido fue trasladado a Los Ángeles, donde enfrentará cargos por homicidio y narcotráfico.

Kash Patel resaltó la “gran cooperación y trabajo en equipo” con la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario García Harfuch y el embajador estadounidense en México, Ron Johnson. El funcionario aseguró que la captura de Wedding envía un mensaje claro: quienes violen la ley y dañen a los ciudadanos serán llevados ante la justicia.

Además de Wedding, García Harfuch confirmó que otro ciudadano canadiense se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México. Ambos fueron trasladados por Patel a territorio estadounidense como parte de los objetivos prioritarios del FBI.

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El anuncio se dio durante su conferencia matutina, donde la mandataria aclaró que la medida no está relacionada con su reciente conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino que responde a acuerdos permanentes de colaboración entre ambos países.

Sheinbaum subrayó que la entrega de estas personas fue una decisión soberana del Estado mexicano, tomada con base en criterios de seguridad nacional, seguridad pública y protección de la soberanía. Explicó que cada caso es evaluado de manera individual y que muchos de los implicados eran extraditables.

La presidenta rechazó versiones que sugieren que el gobierno mexicano busca “quedar bien” con autoridades extranjeras, enfatizando que las resoluciones se adoptan tras un análisis profundo de conveniencia para México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), el traslado se realizó desde distintos centros penitenciarios del país hacia Estados Unidos. Las dependencias señalaron que la custodia y entrega se efectuaron bajo protocolos institucionales, respetando los derechos fundamentales de las personas y en apego a la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y los acuerdos internacionales vigentes.

Las autoridades mexicanas destacaron que esta acción forma parte de las labores de coordinación y reciprocidad bilateral entre México y Estados Unidos, en un marco de respeto mutuo a la soberanía de ambas naciones.

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