El espacio incluye 3 mil 437 volúmenes con documentos judiciales, archivos públicos y expedientes relacionados con Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras enfrentaba acusaciones por tráfico sexual de menores. Además, se instaló una línea de tiempo que detalla la relación entre Epstein y Donald Trump durante la década de los noventa, cuando ambos coincidían en círculos sociales de élite en Nueva York y Florida.

Trump ha declarado públicamente que rompió relación con Epstein mucho antes de sus problemas legales y ha negado tener conocimiento de los delitos sexuales que posteriormente fueron revelados. Sin embargo, la exposición busca generar debate sobre las redes de poder y corrupción en Estados Unidos.

La biblioteca también cuenta con un memorial simbólico para las víctimas, con veladoras y un espacio para mensajes de protesta. Algunos asistentes exigieron la publicación completa de los archivos y criticaron al mandatario estadounidense. “La verdad es difícil de negar cuando está impresa y encuadernada”, se lee en uno de los mensajes dentro de la sala.

David Garrett, uno de los impulsores del proyecto, explicó que el objetivo es educar al público mediante experiencias presenciales que permitan comprender cómo operan las estructuras de poder. “Creo que hace falta una verdadera protesta pública, y lo que intentamos hacer aquí fue ayudar a suscitar esa indignación”, señaló.

El acceso directo a los documentos completos está restringido para proteger la identidad de víctimas cuyos nombres aparecen sin censura en algunos expedientes. Solo abogados, periodistas y profesionales acreditados pueden consultar los volúmenes íntegros.

La instalación ha provocado una nueva ola de atención mediática sobre el caso Epstein y las relaciones que mantuvo con empresarios, políticos y figuras influyentes, manteniendo vigente la controversia a años de su fallecimiento.

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En su mensaje, Andrade, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), expresó su sensibilidad ante la enfermedad y el dolor de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos. “¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están las autoridades?”, preguntó con lágrimas en los ojos.

La conductora se dirigió a la presidenta Sheinbaum para pedir acciones firmes: “Señora, póngase los pantalones. Saque la garra”. También solicitó apoyo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para reabrir el caso de tres desaparecidos en las quintas, donde está involucrado su medio hermano, Romel Andrade.

Yolanda manifestó su orgullo por ser mexicana, pero lamentó que podría morir sin ver cambios significativos en el país. Hizo un llamado a los ciudadanos para cuidar la infancia y pensar en el futuro: “Mexicanos, vamos, por favor, todos. Cuidemos nuestra casa, pensemos en la juventud, en los niños, que vamos a dejar”.

Desde 2023, Andrade ha enfrentado problemas de salud que la alejaron de su programa “Montse & Joe”. En 2025 confirmó su diagnóstico de ELA, una enfermedad neurodegenerativa incurable que afecta las neuronas motoras y provoca debilidad muscular, dificultades para hablar y movilidad reducida.

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Sin embargo, tras la captura, la Fiscalía de Chihuahua solicitó a la FGR intervenir, ya que mantiene investigaciones abiertas contra Gómez Fong. En respuesta, la autoridad federal estableció comunicación con instancias estadounidenses para coordinar las gestiones necesarias para su regreso a territorio nacional.

De acuerdo con reportes, Gómez Fong es señalada de haber participado en la triangulación de recursos durante la administración de César Duarte, acusado de lavado de dinero por 7.3 millones de pesos. En agosto de 2020, un juez ordenó su detención, aunque en ese momento obtuvo un amparo que le permitió permanecer en libertad.

La deportación abre la posibilidad de que Gómez Fong enfrente directamente los procesos judiciales en México, en un contexto donde las autoridades buscan esclarecer el presunto desvío de recursos públicos durante el gobierno de Duarte Jáquez.

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En el documento se mencionan nombres de personas que habrían ingresado como aviadores a la dependencia gracias a la intervención de Loaiza Escalona. También se relata que los depósitos fueron observados por una compañera, lo que generó señalamientos de complicidad hacia otros trabajadores, quienes aseguran haber actuado con conocimiento de la Dirección General.

El escrito describe un ambiente de acoso y coerción, donde no se permitía cuestionar las indicaciones de Loaiza Escalona. Incluso se citan folios de investigación relacionados con estas prácticas, como el 68198/2025.

La solicitud fue presentada por Omar Guadarrama, entonces trabajador de la Dirección de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos, quien pidió orientación para protegerse de represalias y aclaró que no participó en las acciones señaladas.

Guadarrama informó que el Órgano Interno de Control de la SEP estaría investigando las acciones de Loaiza Escalona. En otro escrito, presentado el 23 de septiembre de 2025, señaló que las solicitudes de dinero se justificaban en la adquisición de dictámenes de braille, permisos para un sitio web antiplagio y visitas a escuelas multigrado.

De acuerdo con su testimonio, en una reunión realizada el 26 de marzo de 2025 se discutió que los recursos para estas actividades se obtendrían de los salarios de colaboradores que no habían trabajado en enero y febrero, lo cual era conocido y aprobado por el entonces director Marx Arriaga.

Las denuncias contra Sady Arturo Loaiza Escalona y las presuntas prácticas de moches en la Dirección de Materiales Educativos de la SEP abren un proceso de investigación que busca esclarecer responsabilidades.

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Según el comunicado oficial difundido en redes sociales, Cruz Díaz es considerado probable responsable de los delitos de ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad, corrupción y malversación de recursos públicos. Además, se abrió una carpeta de investigación adicional por su posible relación con grupos criminales que operan en la región.

La Fiscalía estatal subrayó que no se tolerarán actos que afecten al pueblo chiapaneco y reiteró su política de “Cero Corrupción y Cero Impunidad”. Aunque no se especificó el grupo criminal con el que estaría vinculado el alcalde, en Cintalapa se ha reportado la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa.

Tras la detención, se espera que en las próximas horas se defina la situación jurídica de Cruz Díaz. Paralelamente, el Congreso de Chiapas deberá nombrar a un alcalde sustituto para garantizar la continuidad en la administración municipal.

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La autorización fue posible gracias al gobierno de Guatemala, que aplicó la “regla de especialidad” y permitió a México formular cargos adicionales por corrupción, lo que complica la posible liberación anticipada de Duarte en 2026.

Presuntamente la FGR pretende presentar una imputación formal y solicitar la apertura de juicio penal contra Duarte por el manejo indebido de más de cinco millones de pesos de un fondo específico para salud. El caso fue seleccionado por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), encabezada por María de la Luz Mijangos, dentro de más de 100 carpetas de investigación abiertas por denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La comparecencia, originalmente programada para el 27 de noviembre, fue diferida por la defensa del exmandatario, alegando problemas de salud. Ahora, la FGR busca sentarlo nuevamente ante el juez antes de que concluya este 2025. Si la imputación prospera, la Fiscalía podría solicitar medidas cautelares como la prisión preventiva justificada.

En noviembre, la jueza federal Ángela Zamorano Herrera negó la libertad anticipada solicitada por Duarte, al determinar que no cumplía con los requisitos legales, entre ellos la ausencia de otros procesos activos. Durante esa audiencia, la FGR presentó testimonios sobre estrategias utilizadas por el exgobernador para retrasar la acción de la justicia, incluyendo dilaciones procesales y simulaciones de enfermedades.

La administración de Duarte está señalada por un presunto desfalco de más de 62 mil millones de pesos en fondos federales, considerado uno de los casos más grandes de corrupción en México. Las investigaciones apuntan al uso de al menos 400 empresas fantasma para desviar recursos públicos. Un testimonio clave es el de Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero estatal, quien declaró que los fondos se canalizaban a través de estas empresas y se usaban para gastos personales y entregas directas al entonces gobernador.

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La captura ocurrió en la alcaldía Benito Juárez, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le cumplimentaron una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Pedraza Madrid figura como presunta apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., señalada por fondear recursos en el sistema financiero provenientes de actividades ilícitas. También se le vincula con el desvío de fondos del extinto Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y de la Tesorería de la Federación, que habrían beneficiado a García Luna y a integrantes de su familia.

María Vanesa Pedraza trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) entre 2001 y 2012, periodo en el que García Luna encabezaba la dependencia. El exfuncionario se encuentra actualmente preso en Estados Unidos por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.

Tras su detención, Pedraza Madrid fue trasladada al Centro de Readaptación Social número 16, en Coatlán del Río, Morelos, donde el Ministerio Público Federal (MPF) solicitará audiencia inicial para formularle imputación y definir su situación jurídica en las próximas horas.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la salida de Márquez Hernández fue una determinación interna tomada por el director de Aduanas, sin ofrecer mayores detalles sobre los motivos. Aclaró que su gobierno no tiene conocimiento de una presunta revocación de visa estadounidense ni de una indagatoria abierta contra el exfuncionario.

Actualmente se vincula a Márquez Hernández con presuntos vínculos con la empresa Aledo S.A. de C.V., actualmente investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Presuntamente entre 2019 y 2025 Márquez Hernández reportó ingresos por aproximadamente un millón de pesos, provenientes de la ANAM y de la empresa mencionada. Sin embargo, en ese mismo periodo declaró egresos por 610 mil pesos, cifra considerada insuficiente para sostener su estilo de vida.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el exfuncionario declaró poseer una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos, lo que generó cuestionamientos sobre el origen de sus recursos. Hasta el momento, ni la ANAM ni Márquez Hernández han emitido un posicionamiento público adicional.

Sheinbaum subrayó que en su gobierno se actúa con honestidad y responsabilidad. Señaló que, en caso de existir señalamientos administrativos, corresponde a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigarlos; mientras que las denuncias penales deben ser atendidas por la Fiscalía General de la República (FGR).

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La construcción del Centro Mexicano de Supercómputo comenzará en 2026 y tendrá una duración de dos años, con una inversión pública de 6 mil millones de pesos. Mientras tanto, se estableció un convenio con el Centro Nacional de Supercómputo de Barcelona para alojar temporalmente el proyecto.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que Coatlicue contará con aproximadamente 15 mil GPUs instaladas en 7,500 chasis, equivalentes a unas 400 mil computadoras convencionales. Estos componentes se ensamblarán en 200 gabinetes y permitirán realizar cálculos masivos en segundos.

La operación estará a cargo de entre 80 y 100 especialistas en campos tecnológicos. La ubicación definitiva se definirá en enero de 2026, considerando factores como acceso a energía, capacidad hídrica, condiciones de sismicidad y conectividad.

La supercomputadora servirá para analizar grandes volúmenes de datos y mejorar la toma de decisiones en sectores estratégicos como salud, clima, energía y movilidad. Entre sus aplicaciones destacan:

• Predicciones climatológicas y de eventos extremos.
• Planeación agrícola para mejorar cosechas.
• Exploración de gas y petróleo mediante imágenes de suelo y subsuelo.
• Optimización del consumo energético.
• Procesamiento de datos fiscales y aduaneros para prevenir corrupción y evasión.

Peña Merino aseguró que Coatlicue será la supercomputadora pública más poderosa de América Latina, con capacidad de realizar 314 mil billones de operaciones por segundo, superando siete veces a la brasileña Pegaso, considerada actualmente la más grande de la región.

El proyecto cuenta con la participación del Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, Infotec y diversas universidades públicas. Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencias, destacó que Coatlicue será el nodo principal del Clúster Nacional de Supercómputo, que ya integra capacidades de instituciones como la Universidad de Guadalajara y la BUAP.

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El estudio, difundido internacionalmente, analiza quiénes participan en los mercados ilícitos, dónde se desarrollan, cuándo se consolidaron y por qué representan un desafío para los Estados. En el caso del país mexicano, la investigación concluye que los cárteles operan como corporaciones transnacionales, con economías ilícitas diversificadas y una resiliencia institucional insuficiente para contenerlos.

El informe señala que México lidera en delitos como tráfico de personas, contrabando de migrantes, extorsión, tráfico de armas, comercio de bienes falsificados, crímenes ambientales, delitos financieros y cibernéticos, además del tráfico de drogas. El mercado de cocaína obtuvo una puntuación cercana al máximo (9.00), reflejando el papel estratégico del país como corredor continental.

La producción y exportación de drogas sintéticas, especialmente metanfetamina y fentanilo, se consolidan como actividades de mayor crecimiento para los grupos criminales.

La GI-TOC identifica a los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) como los principales actores del crimen organizado en México. Estos grupos mantienen una vasta fuerza laboral, controlan territorios mediante extorsión y violencia, tienen presencia en prisiones y operan redes internacionales para tráfico de drogas, armas y personas.

El informe advierte que estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los más afectados por la trata de personas y explotación laboral. Las víctimas más frecuentes son mujeres, menores de edad y comunidades indígenas, quienes enfrentan riesgos elevados por pobreza estructural y flujo migratorio constante.

México obtuvo una calificación de 4.50 en resiliencia institucional, ubicándose en el puesto 111 de 193 países. El documento señala que, pese a la postura pública contra los cárteles, persisten problemas como impunidad, corrupción y militarización de la seguridad pública. Además, la reforma judicial y la elección de jueces han generado alertas sobre posibles influencias del crimen organizado en procesos institucionales.

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