El debate fue encabezado por la ministra Loretta Ortiz, quien presentó un proyecto que consideraba improcedente anular un juicio concluido, incluso si existiera sospecha de fraude. Sin embargo, la propia ministra votó en contra al señalar que ya existen mecanismos procesales para tramitar acciones de nulidad.

La ministra Lenia Batres advirtió que aplicar de manera rígida la cosa juzgada podría convalidar actos fraudulentos y vulnerar la seguridad jurídica. Propuso que debería existir una instancia que permita revisar controversias en casos de fraude procesal.

El ministro presidente Hugo Aguilar coincidió en que, si una sentencia se alcanza mediante acciones indebidas, debe reabrirse para evaluar posibles acuerdos irregulares entre las partes o con la autoridad.

En la misma línea, el ministro Irving Espinosa respaldó la creación de un mecanismo que corrija injusticias graves, aun cuando ello pueda parecer contrario al principio de cosa juzgada.

Por su parte, el ministro Giovanni Azael Figueroa señaló que existen intereses constitucionales que deben ser revisados en casos donde no fueron analizados en su momento.

La ministra María Estela Ríos recordó que ya existen recursos legales para atender juicios fraudulentos, por lo que no debería plantearse la nulidad de sentencia. Defendió que la cosa juzgada garantiza seguridad y evita que los procesos sean interminables.

Finalmente, la ministra Yasmín Esquivel se pronunció de manera firme en contra de la nulidad de juicio, al destacar que la cosa juzgada es una institución fundamental en el Estado de Derecho, pues brinda certeza jurídica.

El debate en la SCJN refleja la tensión entre dos principios: la seguridad jurídica que otorga la cosa juzgada y la necesidad de corregir posibles fraudes procesales.

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