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«Denunciar la dictadura de mi país no es fácil pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible, tengo que hablar señor presidente aunque tenga miedo, tengo que hablar aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos, tengo que hablar porque si no lo hago las piedras van a hablar por mí», dijo McFields de forma inesperada, durante su turno de palabra.

Tras las muestras de solidaridad de representantes de países como Colombia, Brasil o Perú, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tomó la palabra para alabar a McFields y ofrecerle protección ante las posibles represalias de la dictadura de Ortega.

«Su posición es éticamente correcta y la que responde a los principios y valores de esta organización. La secretaria general le ofrece protección y puede contar con la secretaría general para lo que sea necesario, para ofrecer esa protección al embajador McFields», dijo Almagro.

McFields lleva en el cargo desde noviembre, el mismo mes que en Nicaragua comunicó a la OEA que se retira de ella acusándola de injerencista, según dijo en su día el ministro de Exteriores de Ortega, Denis Moncada.

Las normas de la OEA dicen que cualquier país miembro puede salirse en un plazo de dos años, si presenta una denuncia escrita a la secretaría general. El departamento jurídico de la secretaría general analiza ahora los motivos y justificaciones por los cuales Nicaragua quiere salir de la organización.

El embajador McFields denunció en su turno de palabra este miércoles 23 de marzo que en el Gobierno de su país «nadie escucha y nadie habla».

«Lo intenté varias veces y durante varios meses pero todas las puertas se me cerraron», dijo McFields.

Este afirmó que habla «en nombre de más de 177 presos politicos y más de 150 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018, tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos, de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas porque si no lo hacen pierden su empleo».De forma inesperada, durante su turno de palabr

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Otros cuatro opositores encarcelados, el exvicecanciller José Pallais, el dirigente empresarial José Adán Aguerri y las dirigentes Tamara Dávila y Violeta Granera, también están siendo juzgados a puertas cerradas, dijo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en una declaración.

De acuerdo con el Cenidh, los siete están en el banquillo de los acusados ante el juez Quinto de Distrito Penal de Juicio de Managua, Félix Salmerón Moreno.

Los enjuiciados forman parte de un grupo de 40 convictos acusados por delitos de traición a la patria o lavado de dinero arrestados en el contexto de las elecciones generales de noviembre pasado, en las el presidente Daniel Ortega obtuvo una cuestionada reelección.

¿Quiénes son los acusados?

Cruz, de 67 años, era precandidato presidencial por la opositora alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) y fue sacado de la competencia cuando faltaban tres meses para las elecciones de noviembre de 2021.

Fue embajador en Estados Unidos entre 2007 y 2009 del Gobierno de Ortega, de quien se distanció, y fue detenido en junio por agentes de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional de Managua cuando regresaba de una gira por Washington.

Es hijo del fallecido Arturo Cruz Porras, exmiembro de la Junta de Reconstrucción Nacional y luchador antisomocista, que también fue embajador de Nicaragua en Washington durante el primer régimen sandinista (1979-1990).

Maradiaga, nacido en 1976 y líder de la Unidad Nacional Azul, es un académico y activista de raíces liberales que fue apresado después de declarar ante la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación.

Creció exiliado en Estados Unidos y fue secretario general del Ministerio de Defensa con el Gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007).

Dirigió el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y fue acusado por supuestamente provocar el estallido social contra el Gobierno de Ortega en abril de 2018.

Denunció a Ortega ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por violaciones a los derechos humanos.

Sobrino de Violeta Chamorro

Chamorro, economista y sobrino político de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), era precandidato a la Presidencia por la alianza CxL (de centroderecha).

Fue viceministro de Hacienda y Crédito Público y secretario de Coordinación y Estrategia en el Gobierno de Bolaños.

Fue director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue contraparte del Ejecutivo en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua desde 2018.

De 2014 a 2019 dirigió la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente, y también fue director del programa estadounidense Cuenta Reto del Milenio en Nicaragua.

Según el Ministerio Público, que había anunciado que los juicios serían orales y públicos, los opositores son juzgados por haber violentado la Constitución Política, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la Ley de seguridad soberana y el Código Penal de Nicaragua.

Los juicios se han celebrado a puerta cerrada en El Chipote, una celda ubicada en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.

Ortega ha tildado a los opositores encarcelados de «traidores a la patria», «criminales» e «hijos de perra de los imperialistas yanquis».

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«Nosotros Hugo Marcel, María Alejandra y Lucía Aracelly comunicamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro adorado padre, Jorge (Hugo) Torres Jiménez», confirmó la familia en una breve nota de duelo, en que señaló que «posteriormente» dará a conocer más información.

Un miembro del movimiento Unión Democrática Renovadora (Unamos), al que pertenecía Torres, y quien pidió el anonimato, informó a Efe de la muerte del exguerrillero, precisando que se desconocían las causas y si ocurrió en la celda de El Chipote, donde oficialmente está recluido.

Según Unamos, Torres había sido sacado de la celda en diciembre y llevado de emergencia a un hospital, tras lo cual no se supo nada más de su paradero.

«Por voluntad expresa de nuestro padre no se celebrarán honras fúnebres ni ceremonias públicas (…) en estos momentos tan difíciles, la familia solicita respeto a la privacidad y al luto que estamos atravesando», indicó la familia en la nota de duelo.

También conocido como «Comandante Uno», Torres participó en un ataque contra Somoza para liberar a Ortega y otros guerrilleros sandinistas en 1974.

En 1995 se separó del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder, para fundar el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), actual Unamos, y en junio de 2021 fue capturado en medio de una ola de arrestos contra opositores.

Hasta la tarde de este sábado las autoridades de Nicaragua no habían confirmado ni negado el fallecimiento de Torres, a quien el Gobierno de Ortega acusaba de «traición a la patria».

En junio de 2021, minutos antes de ser detenido, Torres vicepresidente de Unamos, divulgó en redes sociales un video en el que hizo referencia a la paradoja de haber arriesgado su vida para liberar al presidente del Gobierno que lo arrestó.

«Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega (…) y en 1978 volví a arriesgarla (…). Así son las vueltas de la vida, los que alguna vez acogieron principios en favor de la justicia, en favor de la libertad, hoy los han traicionado, hoy son los principales enemigos de esos principios», dijo entonces.

En el mismo video, Torres, quien en 1978 dirigió el asalto a Palacio Nacional de Nicaragua junto al «Comandante Cero» Edén Pastora (1936-2020) y la «Comandante Dos», Dora María Téllez, también convicta, señaló a Ortega de estar desesperado.

«Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de vista institucional y jurídico, como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año, en el que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas», dijo.

En noviembre pasado Nicaragua celebró unas elecciones generales en las que Ortega fue reelegido con siete aspirantes a la Presidencia por la oposición en la cárcel y otros dos en el exilio, tras haber cancelado la personalidad jurídica a tres partidos opositores y encarcelado a más de 40 líderes disidentes, entre ellos Torres.

Decenas de países han cuestionado la legitimidad de los comicios por considerar que no se realizaron en condiciones adecuadas para garantizar la democracia.

Torres es la segunda persona considerada «presa política» que muere en detención, tras el deceso del ciudadano de doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense Eddy Montes Praslin, fallecido en prisión al recibir un disparo del arma de un custodio en mayo de 2019.

Tras la muerte de Torres, al menos 176 «presos políticos» permanecen en las cárceles de Nicaragua, según datos avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Con Tinoco, un antiguo guerrillero sandinista y exdiputado, y Jérez, un estudiante de excelencia académica según los registros universitarios, aumentó a 17 el número de dirigentes opositores o críticos al Gobierno del presidente Daniel Ortega declarados culpables en los últimos once días.

«Otra aberración jurídica, está vez en contra del preso político Víctor Hugo Tinoco. El infame Poder Judicial le ha declarado culpable por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», señaló el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que da seguimiento a los casos, en una declaración.

La jueza Nadia Tardencilla declaró culpable por el mismo delito de Tinoco, a Jerez, dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), según ese movimiento estudiantil.

La jueza Tardencilla es hija del embajador de Nicaragua ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales, con sede en Ginebra, Suiza, Orlando Tardencilla, según la prensa local.

En ambos casos la Fiscalía pidió 13 años de prisión, durante juicios que fueron celebrados a puertas cerradas.

Tinoco y Jérez fueron detenidos en julio pasado, en medio de una ola de arrestos en el contexto de las elecciones generales, en las que el presidente Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

¿Quiénes son los inculpados?

El Cenidh recordó que Tinoco, además de ser un jefe guerrillero que combatió contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, fue vicecanciller durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), y embajador ante las Naciones Unidas.

Tras ser expulsado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 2005, se unió al Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que ahora se llama Unión Democrática Renovadora (Unamos), y «formó parte de una ola de arrestos contra figuras de la oposición» en el 2021.

En el caso de Jerez, quien desde los 10 años daba clases de música a otros niños, era estudiante de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que recientemente fue absorbida por el Estado, cuando se unió a las protesta antigubernamentales de abril de 2018, y participó en el fallido diálogo nacional como delegado de la comunidad universitaria.

Según el Ministerio Público, que había anunciado que los juicios serían orales y públicos, los opositores son juzgados por haber violentado la Constitución Política, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la Ley de seguridad soberana y el Código Penal de Nicaragua.

Los juicios se han celebrado a puerta cerrada en El Chipote, una celda ubicada en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.

Entre los acusados se encuentran los siete dirigentes opositores que anunciaron sus intenciones de aspirar a la Presidencia en los comicios pasados, a los que Ortega tildó de «hijos de perra de los imperialistas yanquis» un día después de las votaciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes las «graves afectaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales de las personas presas políticas en Nicaragua».

Asimismo, la CIDH urgió al Estado de Nicaragua «a liberar inmediatamente a todas las personas detenidas en el contexto de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018» que, de acuerdo con los organismos humanitarios nicaragüenses, suman 170, incluido más de 30 que están siendo procesados desde la semana pasada.

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Las restricciones, que afectan entre otros a la ministra de Defensa nicaragüense, Rosa Adelina Barahona, se imponen en coordinación con la Unión Europea (UE), que también aprobó este lunes nuevas sanciones contra la hija y el hijo de Ortega y contra otras cinco personas cercanas a su Gobierno.

«El presidente Ortega se va a investir hoy para un nuevo mandato presidencial, pero las elecciones predeterminadas que diseñó el 7 de noviembre no le conceden un nuevo mandato democrático, solo pueden hacerlo unas elecciones libres y justas», dijo en un comunicado el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

Por una parte, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones económicas contra tres cargos del aparato militar del país centroamericano, dos directivas del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), y otro de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).

Esas sanciones afectan a la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona; al general de brigada Bayardo de Jesús Pulido Ortiz, que ocupa el tercer mayor grado en la jerarquía en el sistema castrense del país, y al jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz.

El Departamento del Tesoro los sanciona por los «actos estatales de violencia» contra la oposición política y las manifestaciones, que han dejado desde 2018, asegura, más de 300 muertos, 2.000 heridos y el encarcelamiento de «cientos de actores políticos y de la sociedad civil».

En el caso de la directora general y directora general adjunta de Telcor -Nahima Janett Díaz Flores y Celina Delgado Castellón, respectivamente-, el Departamento del Tesoro las penaliza por «desinformación y persecución de medios independientes».

Según el comunicado, Telcor «suspendió la licencia de operación del Canal 21» después de que su director «denunciara anomalías en el proceso electoral», y también operó más de mil cuentas en redes sociales para «difundir propaganda negativa sobre la oposición».

Por último, sanciona a Ramón Humberto Calderón Vindell, un general del Ejército retirado y presidente de la junta directiva de Eniminas, para golpear los beneficios generados por el control estatal de la minería de oro, dado que el valor de las exportaciones de ese metal en Nicaragua ha «crecido drásticamente en los últimos años».

Las sanciones de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro implican el bloqueo de todas las propiedades o activos que puedan tener esas personas en Estados Unidos o bajo el control de estadounidenses, y les prohíbe cualquier transacción con ciudadanos que estén en ese país.

En paralelo, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a «116 individuos que son cómplices de socavar la democracia en Nicaragua, incluidos alcaldes, fiscales y administradores de universidades, así como funcionarios de Policía, prisiones y de defensa», indicó Blinken en su comunicado.

El Departamento de Estado ya ha impuesto en los últimos meses restricciones de viaje a decenas de nicaragüenses, pero nunca identifica a aquellos que han perdido su visado estadounidense porque los datos sobre esos documentos son confidenciales, de acuerdo a la ley de Estados Unidos.

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En su conferencia matutina, el mandatario afirmó que el próximo embajador en esa nación centroamericana será el periodista Guillermo Zamora.

“Va estar Ramiro Ayala, jefe de la cancillería en la embajada de México en Nicaragua. De una vez lo voy a  decir, es el encargo de negocios, porque no tenemos embajador, pero ya vamos a pedir el beneplácito del gobierno de Nicaragua, porque va a ser embajador en Nicaragua Guillermo Zamora, por cierto, periodista”, dijo.

López manifestó que no asistir a la toma de posesión de Daniel Ortega para otro periodo como presidente de Nicaragua, sería “una imprudencia”.

En conferencia de prensa matutina, el titular del ejecutivo federal aseguró desconocer la fecha y hora que será la toma de posesión del mandatario nicaragüense.

“Todavía no se decide, ¿cuándo es la toma de posesión?”, preguntó.

Cuando se le informó que era hoy comentó:

-“Ah hoy, no sabía. Vamos a ver que llegue, porque nosotros tenemos buenas relaciones con todos, con todos, y no queremos ser impudentes”.

-“¿Sería una impudencia no ir a la toma de posesión?”, se le preguntó.

-“Sí, porque nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos, la independencia, o sea, no es que el gobierno pasado que por quedar bien con otro gobierno expulsó al embajador de Corea del Norte, ¿por qué tenemos que actuar nosotros así si México es un país libre y soberano? Si además la política está bien definida en el artículo 89 de la Constitución, pero tenemos muchísimos antecedentes México es el único país que votó en contra de la expulsión de Cuba de la OEA, es el único país.

“México tiene una política exterior ejemplar, pero si vamos a ir, un representante”, dijo.

Minutos después, López informó que Ramiro Ayala, jefe de la Embajada de México en Nicaragua, asistirá a la toma de protesta de Daniel Ortega.

Además, adelantó que Guillermo Zamora será embajador de México en Nicaragua  y Leopoldo de Gyves será embajador de México en Venezuela.

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«Estamos renunciando y desvinculándonos de la Organización de Estados Americanos, nos estamos retirando de la OEA«, declaró el ministro nicaragüense de Relaciones Exteriores, Denis Moncada, en una comparecencia de prensa desde la sede de la Cancillería, en Managua.

Moncada dijo que con instrucción del presidente Ortega envió hoy una comunicación al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que denuncian la Carta de ese organismo continental, con la que, ratificó, «nos estamos desligando de la OEA«.

En la carta, el canciller Moncada explicó que «conforme el artículo 67 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados«, notificó «oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la OEA, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización«.

Acusa a EE.UU

En el documento, Managua acusó a la OEA de incumplir, desconocer irresponsablemente y trasgredir su propia Carta sobre el respeto a la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos y la no imposición de medidas unilaterales, ilegales y coercitivas.

«La OEA ha sido diseñada como un foro político diplomático que nació por influencia de Estados Unidos como instrumento de injerencia e intervención, y su actuar contra Nicaragua ha demostrado que esta organización que funciona permanentemente en Washington, tiene como misión facilitar la hegemonía de los EE.UU. con su intervencionismo sobre los países de América Latina y el Caribe«, según el texto de denuncia.

Para Nicaragua, continuó Moncada, eso «es inaceptable, lo rechazamos y lo condenamos«.

Recordó que su país ha expresado reiteradamente su condena y rechazo a la «actuación injerencista» de la OEA y que Nicaragua «no nos reconocemos como colonia de ninguna potencia, y reivindicamos la dignidad y el decoro nacional, en legítima defensa de nuestra independencia, soberanía y autodeterminación«.

«El pueblo y Gobierno digno de Nicaragua renuncia a formar parte de esta organización cautiva en Washington, instrumentalizada en favor de intereses norteamericanos, convirtiéndose en constructora de injerencia y desacuerdos en perjuicio de los pueblos de América Latina y el Caribe«, agregó.

Pide alto a «agresiones»

Moncada explicó que la presente nota constituye «nuestro indeclinable manifiesto y decisión de denuncia a la Carta de la OEA, para que cesen sus efectos internacionales nocivos contra Nicaragua«.

Por tal razón, agregó, pidió a Almagro comunicar de manera inmediata a los Estados miembros «la decisión nicaragüense de denuncia y renuncia irrevocable, digna y patriótica ante las acciones injerencistas, inamistosas y agresivas de esa organización, los Gobiernos subordinados de los Estados Unidos y el Secretario General«.

Nicaragua argumentó que tomó su decisión basada en su Constitución y en la petición de los otros tres poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Electoral, que instaron a Ortega denunciar la Carta de la OEA, tras rechazar la legitimidad de las recientes elecciones.

La decisión de Nicaragua se produce luego de que la 51 Asamblea General de la OEA, en una resolución aprobada el pasado viernes, considerara que las elecciones generales que garantizaron la permanencia de Ortega en el poder «no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática«.

Las elecciones presidenciales y legislativas, celebradas el pasado día 7, destacaron por la ausencia de siete potenciales candidatos a la presidencia de la oposición que fueron encarcelados previo a las votaciones acusados de «traición a la patria, entre ellas la independiente Cristiana Chamorro, favorita en las encuestas.

Así como por la eliminación de tres partidos opositores, la derogación de la observación electoral, discrepancias sobre el nivel de participación, y una serie de leyes que restringieron la participación en el proceso.

Ortega, de 76 años y que retornó al poder en 2007, fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, junto con su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta, en esos comicios que no han logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional.

Además de la OEA, la Unión Europea, y una parte del resto de la comunidad internacional, rechazaron las elecciones de Nicaragua.

Por el contrario, entre los países que han felicitado a Ortega por su reelección se encuentran sus aliados de Bolivia, Corea del Norte, Cuba, Irán, Palestina, Rusia, Siria, Venezuela y Vietnam.

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El grupo de opositores, entre exguerrilleros sandinistas, activistas, estudiantes, campesinos, empresarios y profesionales independientes, detenidos en el contexto de las elecciones generales del pasado 7 de noviembre, acordó realizar el ayuno este día tras recibir el tercer permiso de visita en seis meses, según los familiares.

«Nos invitaron a sumarnos al ayuno el día de hoy, que ya ha iniciado y al que miles de nicaragüenses se han sumado en solidaridad con ellos», dijo la dirigente estudiantil Dolly Mora, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, a la que pertenecen los líderes juveniles Max Jerez y Lesther Alemán.

Victoria Cardenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, detenido en junio pasado tras anunciar su interés en ser candidato a la Presidencia, invitó a los nicaragüenses a «unirnos a este ayuno nacional».

Debido a las «frágiles» condiciones en que se encuentran los «presos políticos» en la cárcel policial conocida como «El Chipote», el ayuno fue programado desde las 8 a las 13 horas (tiempo local).

No se limita a abstenerse de ingerir alimentos, sino que puede extenderse a no hacer cosas que normalmente harían, explicó a Efe una fuente de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que promovió la acción.

Los líderes presos en «El Chipote» fueron detenidos gradualmente desde fines de mayo pasado bajo cargos relacionados con «traición a la patria» o lavado de dinero, de los cuales sus familiares afirman son inocentes.

Entre estos se encuentran siete personas que anunciaron su interés en competir con el gobernante Daniel Ortega por la Presidencia de Nicaragua, dos exguerrilleros sandinistas disidentes, un excanciller, dos exvicecancilleres, empresarios, periodistas, estudiantes y campesinos, entre otros.

Desde 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha llevado a prisión a miles de opositores, de los cuales 159 se mantienen en las cárceles, según el observatorio denominado Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según un informe de la CIDH sobre el caso de Nicaragua, y que fue actualizado esta semana, al menos 355 personas murieron entre mayo y julio de 2018, durante las manifestaciones antigubernamentales de ese año.

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El segundo día de la Asamblea General que se celebra de manera virtual en Guatemala tuvo a Nicaragua como principal punto de debate, además de régimen venezolano.

La «situación» de ambos países prácticamente monopolizó las deliberaciones de los 34 Estados miembros del órgano regional, que celebra del 10 al 12 de noviembre su Asamblea General, pese al constante reclamo en varios momentos de la jornada por parte de Nicaragua durante la sesión de este jueves.

Estados Unidos y Canadá fueron las naciones que con más fuerza criticaron durante sus intervenciones al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que el pasado domingo fue reelecto en unos controversiales comicios calificados como una «farsa» por parte de la comunidad internacional.

Durante su intervención, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ratificó el rechazo de Washington a los comicios en Nicaragua, además de dirigir sus críticas contra Cuba y Venezuela.

«En las recientes elecciones en Nicaragua, el Gobierno de Ortega evitó que algunos líderes de partidos opositores y de la sociedad civil participaran», recordó Blinken, quien mencionó que su país emitió una resolución en esta asamblea para que condene al Ejecutivo que encabeza el líder sandinista.

El proyecto de resolución en la agenda de la OEA fue incluido en el punto 24 del temario de la Asamblea, promovido por las representaciones de Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay, para ser debatido el viernes.

La inclusión de la resolución, a primera hora de este jueves, provocó el rechazo de Nicaragua mediante su representante, Michael Campbell, quien pidió «respeto» para la nación centroamericana.

La propuesta de resolución sobre «la situación de Nicaragua» deplora que el país centroamericano haya hecho caso omiso a las iniciativas diplomáticas y técnicas emprendidas desde junio de 2019 por la OEA para promover la «democracia representativa y la protección de los derechos humanos».

Cuba y Venezuela

En otro tema, el jefe de la diplomacia estadounidense exigió también la «liberación de todos los ciudadanos de Estados Unidos que han sido ilegalmente detenidos en Venezuela».

Además, hizo referencia a Cuba, donde condenó la detención de «muchas personas» durante la jornada de manifestaciones del pasado 11 de julio, entre ellas Yolanda de la Cruz, una joven de 26 años, de quien aseguró «tiene una sentencia de ocho años por haber transmitido en vivo la protesta».

Blinken también recordó que los líderes de oposición cubanos «han convocado para otra protesta el próximo 15 de noviembre».

Una disputa

La canciller canadiense, Melanie Joly, aseguró que su país está «profundamente preocupado por lo que acaba de ocurrir en Nicaragua» en referencia a las elecciones del pasado domingo, a las que describió como «injustas» y que «no fueron libres al encarcelar a los líderes de la oposición, periodistas y miembros de sociedad civil».

«El régimen de Daniel Ortega ha sacado a Nicaragua de la familia de las democracias del hemisferio», esgrimió la funcionaria, quien invitó a los demás países miembros de la OEA a «no quedarnos mirando» y «tomar acciones colectivamente aquí» en la asamblea.

En respuesta, el representante de Nicaragua rechazó las «falsas declaraciones» de Canadá y manifestó nuevamente que «Nicaragua se respeta».

Campbell aprovechó para mencionar que «el mundo entero ha contemplado estupefacto los hallazgos de tumbas sin marcar de niños y niñas» en Canadá.

El embajador de Nicaragua en la OEA sostuvo que «se estima que entre 1883 y 1996 más de 150.000 niños y niñas indígenas fueron separados de sus familias y enviaron a reformatorios gubernamentales donde sufrieron todo tipo de abusos físicos y sexuales, tortura y hasta asesinatos».

Al concluir, el funcionario nicaragüense se preguntó si «¿podrá haber democracia sin la participación plena de los pueblos originarios? ¿Podrá haber democracia sin justicia para tantas familias y comunidades indígenas?».

México defiende al régimen amigo

Al final de la sesión de deliberaciones este jueves, México cuestionó la labor del ente regional y señaló a su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, de haber «dañado profundamente» a la Organización de Estados Americanos.

«La OEA debería de ser una organización inclusiva, promotora del diálogo político, de la cooperación, la integración y el desarrollo de los Estados miembros, pero no lo es», dijo la representante permanente de México ante el ente continental, Luz Elena Baños Rivas, durante su intervención.

Con información de EFE

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