Las manifestaciones comenzaron el pasado miércoles y han dejado al menos 19 muertos y 800 heridos, por lo que Colombia está en la mira de organizaciones internacionales por la recurrente violación de derechos humanos y los abusos de la fuerza pública.

«La Defensoría del Pueblo registró unas quejas correspondientes a las presuntas desapariciones durante la protesta social convocada el 28 de abril y dio traslado de dicha información a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas«, informó la entidad.

Igualmente, compartió el listado completo de las personas que según las denuncias siguen desaparecidas.

Al menos 35 de ellas desaparecieron en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, epicentro de las protestas, y la vecina Palmira, región del suroeste donde también se han registrado la mayor cantidad de muertos durante las protestas.

También hay desaparecidos en Bogotá, Barranquilla y Medellín, y en el departamento del Quindío, situado en la zona cafetalera del centro del país.

Las manifestaciones continuarán mañana, según la convocatoria del Comité Nacional del Paro, que expresó que pese a que el presidente Iván Duque anunció que el proyecto fiscal sería retirado «la gente, en las calles, está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria«.

 

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No informan sobre muertos

Aunque la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de 19 personas durante las manifestaciones -18 civiles y un policía-, el Ministerio de Defensa ha eludido informar sobre los fallecimientos relacionados con las protestas.

El ministro Diego Molano se ha limitado a informar en ruedas de prensa sobre los capturados, daños a bienes públicos y privados, y ataques a la fuerza pública, mientras responsabiliza a grupos armados ilegales de instigar las movilizaciones, pero sin mencionar las pérdidas de vidas humanas.

Molano afirmó hoy que «se han registrado ataques a miembros de la fuerza pública, estaciones de policía, vehículos, bloqueos y otros hechos violentos que afectan a municipios del país«.

Agregó que la fuerza pública «ha sido atacada con un registro de 579 policías lesionados, 464 uniformados tienen contusiones, 93 han sido heridos con arma cortopunzante, tres con arma de fuego y 15 por artefactos explosivos o acción incendiaria, de ellos 25 continúan hospitalizados«.

Sin embargo, en el país hay un reclamo generalizado hacia el ministro por las graves denuncias que recaen sobre agentes de la Policía a los que se les ha visto incluso disparar a quemarropa contra manifestantes.

La Policía es objeto de serias acusaciones que incluyen ataques sexuales, violencia física y detenciones arbitrarias, y además ha sido señalada por la muerte de muchos manifestantes, en su mayoría gente joven.

La Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, que reúne a varias organizaciones defensoras de derechos humanos, denunció hoy que 305 personas han resultado heridas «por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios)».

«Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante estas actuaciones arbitrarias y desproporcionadas que van en contra de los protocolos, normas y estándares internacionales sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social«, afirmó el colectivo.

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La Defensoría del Pueblo dijo que los soldados fueron entregados a una misión humanitaria en una zona rural del municipio de Carmen de Atrato y que los indígenas también devolvieron el armamento y los elementos de dotación de los militares.

«Celebramos que los uniformados regresen sanos y salvos. Nuestra invitación es al trabajo conjunto entre las comunidades y las autoridades para luchar juntos contra todas las amenazas», añadió la Defensoría en Twitter.

El organismo dijo además que se activó una ruta de atención humanitaria para atender a 49 indígenas que se desplazaron forzadamente en Carmen del Atrato, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Según el Ejército, los ocho soldados y un oficial fueron retenidos mientras desarrollaban actividades de desminado en la vía entre Quibdó, capital del Chocó, y Medellín, capital del vecino departamento de Antioquia.

El comandante de la Séptima División, general Juvenal Díaz, dijo esta mañana que los militares fueron detenidos por indígenas que los amarraron y les quitaron las armas de dotación.

El oficial aseguró que denunciará ante la Fiscalía a los indígenas por secuestro y no descarta que estos hayan cometido otros delitos.

En esa región del Pacífico operan grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que constantemente cierran las carreteras al quemar camiones y otros vehículos que transitan por ellas.

La Defensoría ha alertado además sobre la expansión de la banda criminal del Clan del Golfo en esta región del Chocó, departamento fronterizo con Panamá, donde se disputa el control de espacios abandonados por la antigua guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz.

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«Si derramamos más sangre, la tierra también muere», gritaron centenares de indígenas embera durante una manifestación el lunes en El Valle, lugar al que huyeron de los enfrentamientos y amenazas de grupos armados ilegales que se disputan el control de ese territorio clave para el tráfico de drogas.

El Valle, un turístico caserío a 30 minutos por carretera de la cabecera municipal de Bahía Solano, alberga hoy a casi 200 familias desplazadas que piden a las autoridades atención humanitaria.

ACORRALADOS EN SU PROPIA TIERRA

Las comunidades indígenas de esa zona viven acorraladas por narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros que se enfrentan a muerte por el dominio de Bahía Solano, un paraíso costero ubicado sobre la Serranía del Baudó, en la subregión del Pacífico Norte del Chocó.

Bahía Solano, mundialmente reconocido como la sala de parto natural de las ballenas que entre julio y agosto de cada año visitan sus aguas, es también una estratégica zona apetecida por bandas traficantes de drogas por sus salidas al océano Pacífico y su proximidad a la frontera con Panamá.

Las balas intimidan a los habitantes de este destino turístico de 1.667 kilómetros cuadrados, que emprendieron la huida luego de que la Defensoría del Pueblo alertó sobre el avance de un grupo armado, al parecer las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -también conocidas como Clan del Golfo-, en la comunidad indígena de Bacurú Purrú.

El miedo de los pobladores aumentó con el secuestro y posterior asesinato, el pasado 3 de diciembre, de Miguel Tapí Rito, de 59 años, un líder comunitario que en 2019 ejerció como gobernador de los resguardos de El Brazo y Bacurú Purrú.

«Su comunidad lo recuerda como uno de los voceros indígenas más importantes de la zona», explicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) al denunciar el homicidio de Tapí, que fue degollado.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo, había advertido recientemente sobre el riesgo que corría la comunidad por la presencia de actores ilegales en esa zona y posteriormente confirmó el desplazamiento masivo de 906 personas que hacen parte de 195 familias, entre ellas cerca de 200 niños.

DISPUTA EN EL PARAÍSO

Históricamente grupos como el frente 57 de la antigua guerrilla de las FARC, el frente Héroes del Chocó del Bloque Pacífico de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el frente Resistencia Cimarrón de la guerrilla del ELN, han controlado este corredor al que convirtieron en una zona de embarque de narcotráfico y tráfico de armas a través de lanchas rápidas y pistas aéreas clandestinas.

En abril pasado, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que denunció ante el Ministerio del Interior la situación de riesgo que afrontan los habitantes de los corregimientos de El Valle, Huaca, Bahía Cupica y la vereda Playita Potes por la disputa entre las AGC, el grupo armado de crimen organizado Los Chacales y el ELN.

A la disputa que ya libraban las AGC y el ELN se sumaron a finales de 2016 Los Chacales, una banda criminal dedicada principalmente al transporte, comercialización y embarque de cocaína, que luego del desarme de las FARC ha extendido sus tentáculos y se ha fortalecido.

«Esta dinámica aumentó la vulnerabilidad de las autoridades étnicas y pobladores de la región Pacífico Norte del Chocó, ante las limitaciones por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos en los territorios abandonados por las FARC luego de su proceso de dejación de armas», advirtió la Defensoría en su alerta.

ENTRE EL FUEGO CRUZADO

Las disputas han desencadenado enfrentamientos constantes, homicidios selectivos, desplazamientos individuales y colectivos, confinamientos, amenazas de secuestro, reclutamiento de menores y restricciones a la movilidad de la gente.

Además de los desplazamientos, el miedo de las comunidades a quedar bajo el fuego cruzado o ser atacadas les impide continuar sus labores agrícolas y de pesca, lo que perjudica su alimentación y la generación de ingresos.

Los indígenas de esta zona también son agredidos y amenazados por los distintos bandos que los acusan de colaborar o tener vínculos con grupos enemigos.

El pasado 6 de abril hombres de las AGC ingresaron al barrio Chambacú y secuestraron a un joven de 15 años al que luego la comunidad encontró asesinado y con señales de tortura similares a las que tenía el cuerpo de otro menor de 17 años decapitado tres días antes.

«Los desplazamientos intraurbanos que han comenzado a presentarse en Bahía Solano en su mayoría obedecen a las amenazas, señalamientos y acusaciones de colaboración con los actores armados presentes en el territorio, al igual que por el temor generalizado que existe por parte de la población civil de resultar afectados en medio de una confrontación armada», explicó la Defensoría.

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