La decisión se tomó tras un dictamen técnico de la Dirección General de Servicios Periciales. El informe alertó sobre fracturas y fisuras graves en el muro del panteón, que mide 24.40 metros de largo por 1.95 metros de alto.

Riesgos estructurales y suspensión de las labores

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada argumentó que las excavaciones alcanzaron los 2.5 metros de profundidad, lo que aumenta el peligro de colapso. Según el peritaje, continuar con los trabajos podría generar vibraciones que pondrían en riesgo al personal.

Por esta razón, se recomendó suspender la exhumación, reforzar el perímetro y demoler el muro para garantizar condiciones seguras antes de continuar.

Irregularidades documentadas por el colectivo

Desde el inicio de las labores el 26 de mayo, el colectivo ha señalado diversas irregularidades. Entre ellas, errores en la toma y embalaje de muestras, así como fallas en la nomenclatura utilizada por la Fiscalía, lo cual impide un conteo preciso de los cuerpos recuperados.

Amalia Alejandra Hernández, integrante del colectivo y familiar de una víctima, explicó que se han clasificado restos completos de bebés como “huesos dispersos”. Esto afecta la veracidad del registro.

Ausencia de personal clave y exigencias al fiscal

El colectivo también denunció la ausencia de un antropólogo físico y de la Guardia Nacional durante al menos dos jornadas. La Guardia es fundamental para la toma de perfiles genéticos, y su falta dificulta la identificación adecuada.

También se señaló que la antropóloga física asignada solo realiza labores de gabinete. En campo, las actividades están a cargo de una arqueóloga que no cuenta con cédula profesional en esa especialidad.

Por ello, se pidió al Congreso estatal que exhorte al fiscal Edgar Maldonado a presentarse en el lugar. Se busca que escuche a las víctimas y observe directamente las condiciones de trabajo.

Petición a autoridades y próxima reunión

La diligencia fue acordada el 16 de abril entre colectivos y autoridades. Tras la suspensión, la Fiscalía de Morelos informó que se reunirá próximamente con los colectivos para evaluar los resultados. También se definirá una nueva fecha de reinicio, una vez que se garantice la seguridad estructural del lugar.

Por último, Amalia Hernández solicitó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) asigne un asesor jurídico permanente para acompañar a las familias durante estas acciones.

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“Mi hija es estudiante de esta escuela y está desaparecida desde hace dos años, allá tenía que estar allí sentada a su lado y yo muy lejos de aquí«, denunció la madre de una joven desaparecida.

El itinerario contempla visitar Guerrero y, en concreto, el municipio de Iguala el 8 de marzo.

Morelos ha experimentado en los últimos años un incremento en los índices de desapariciones y varios señalamientos de activistas y organizaciones civiles a autoridades por no atender el problema o incluso, afirman, ser partícipes de ello.

Entre los participantes de la Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en Vida se encuentra María Herrera, fundadora con ayuda de sus hijos y contará con la presencia de colectivos locales de búsqueda de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México.

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