La instancia judicial informó en un comunicado que el juicio será contra 48 personas, entre ellos directivos de ambos bancos y empresarios, y se excluye del mismo a otras nueves personas que habían sido también investigadas.

La jueza les somete a juicio por el delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida, y de un delito de lavado de capitales.

La magistrada explicó que Bancaja y Banco de Valencia participaron entre 2005 y 2009 en unas inversiones inmobiliarias en México, en el llamado Grupo Grand Coral (CGC) del que formaban parte también otros socios externos, inversiones muy diversas y de una “enorme magnitud económica”.

Según informes de los peritos judiciales, Bancaja y Banco de Valencia fueron los socios denominados “financiadores” que “favorecieron económicamente, de modo sistemático e injustificado en detrimento de dichas entidades, a los socios externos Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch”.

La resolución enumera las operaciones sospechosas, como el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas (en Baja California), en el que Ferri, Baldó y Poch obtuvieron una plusvalía injustificada de 138.8 millones de dólares.

El monto fue sufragado por las dos entidades financieras y posteriormente se transfirió a las cuentas en Andorra de los tres empresarios socios de Olivas.

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José Antonio Turrubiarte Delgadillo, ex director de Administración y Finanzas de la SEPH acusado de peculado por 68 millones de pesos obtuvo un amparo del juez primero de distrito Diego Alejandro Ramírez Velásquez, quien concedió la suspensión de prisión preventiva dictada por el juez de control Ciro Juárez.

No obstante, al considerar que la resolución de la autoridad federal es «un abuso del principio de inocencia», la coordinación Jurídica de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) a cargo de Carlos Emigdio Arozqueta Solís, interpondrá un recurso de apelación que será resuelto en 10 días.

El amparo, que ingresó el 8 de febrero y fue resuelto el viernes pasado, señala que la prisión preventiva a Turrubiarte Delgadillo es infundada al no considerar el principio de inocencia y que para ese delito habían otras medidas cautelares.

A diferencia de otros asuntos, que llevan hasta seis meses en resolver, el de Turrubiarte sólo llevó siete semanas, lo cual «extraña» a la coordinación jurídica de la SEPH y «exigimos a la Judicatura federal explique porque la preferencia a este amparo sobre otros que se han presentado antes y llevan meses esperando que haya audiencia constitucional«.

El juez federal, agregó Arozqueta Solís, «quiere permitir la libertad a una persona para que en uso de ella pueda trasladar los bienes o desaparecerlos, cuando estamos en la investigación de ver si los podemos recuperar«.

Dentro de la causa penal 354/2016 se giró orden de aprehensión contra el ex subsecretario de Administración y Finanzas, Pablo Pérez Martínez, quien supuestamente está fichado por Interpol y no ha sido localizado.

El ex director de finanzas permanece preso en el Centro de Reinserción Social de (Cereso) de Pachuca desde el 18 de enero de 2027, cuando elementos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) cumplimentaron la orden de aprehensión bajo la carpeta de investigación NUC 12-2016-11840.

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El procurador de Justicia de Hidalgo, Javier Ramiro Lara Salinas, informó que sumarán a la carpeta de investigación de Radio y Televisión los 3 millones 832 mil 349 pesos observados por la ASEH al ejercicio de la cuenta pública 2015.

Expuso que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) no ha ejecutado órdenes de aprehensión contra servidores públicos por este hecho pero sí han sido citados a declarar.

Y sustenta su actuación en los informes elaborados por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), la cual observó compras por 2 millones 971 mil 857 pesos de bienes que no se encontraron, remodelaciones que no se llevaron a cabo.

Así como falta de documentación justificativa de las erogaciones por 110 mil 201 pesos; obra facturada, pagada y no ejecutada por 442 mil 510 pesos y pagos duplicados, improcedentes o en exceso por 307 mil 779 pesos.

De momento, la Fiscalía estatal ha integrado una sola carpeta pero el delito que se persigue lo determinarán las propias indagatorias.

«Cada autoridad por cuestión de fuero investiga lo que está dentro del ámbito de su competencia«, dijo en relación con las indagaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), la auditoría federal y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

A observaciones hechas por la ASEH se suman 18 millones de pesos detectados por la Secretaría de la Contraloría e investigaciones por 100 millones de pesos señalados por el director del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Cristian Guerrero Barragán.

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El gobernador del estado Omar Fayad informó que en el caso del millonario desfalco cometido en Radio y Televisión de Hidalgo, continúa la investigación del mismo porque se trató de un fenómeno sofisticado, y que la inhabilitación de los implicados no es suficiente, ya que deben regresar el dinero y cumplir una pena con privación de su libertad.

En cuanto a los faltantes derivados del convenio Radio y Televisión de Hidalgo, con Sedesol, el mandatario estatal indicó que el gobierno de Hidalgo ha hecho lo que tiene que hacer.

“Ustedes saben que el gobierno, desde la pasada administración, cesó al titular de Radio y Televisión y lo inhabilitó, pero también estaban en investigación con el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, con la Auditoría Superior de la Federación, y con la Función Pública”.

“Esto ha ido avanzando, ya les dio cuenta las autoridades que están haciendo las investigaciones de qué tamaño son los boquetes, y entonces, lo que mi gobierno habrá de hacer es intentar, por una parte, castigar a los responsables de estas acciones, porque son en contra del dinero de la gente, y tratar de hacer lo necesario para que este tipo de situaciones no se repitan”, aseguró.

Es por esto que se construye el Sistema Estatal Anticorrupción y se toman las medidas legales necesarias para enfrentar este tipo de fenómenos, porque explicó son fenómenos sofisticados, y han sido difíciles liberar las órdenes de aprehensión por lo complicado y complejo de las acciones que se realizaron, porque se utilizaron empresas.

El gobernador consideró que la inhabilitación no es castigo suficiente, ni tampoco una multa, “por supuesto que una inhabilitación no nos deja satisfechos, lo que más nos dejaría satisfecho a la gente es que regrese la lana y que cumplan una sentencia con privación de la libertad, por haberse metido con los recursos de la gente que tanto lo necesita”.

En otro tema, Fayad se refirió al tema de los ordeñadores, de lo cual dijo han sostenido reuniones con Pemex y han tenido reuniones con el grupo de coordinación en el que están concentradas todas las áreas operativas que tienen qué ver con el tema, “le vamos a entrar muy fuerte, no debemos que se complique y se convierta en un foco rojo, por eso el programa de seguridad que estoy anunciando, va a haber una vigilancia intensa”.

Anunció que habrá muchos arcos carreteros para vigilar unidades, tener evidencia en video, identificación de placas, inteligencia para la prevención de la delincuencia que se van a trabajar en conjunto con las autoridades federales.

Manifestó que ha habido muy buenos resultados en el semestre septiembre-diciembre en materia de seguridad y externó que las bandas del crimen están incursionando en el sector energético, “y yo no quiero que las bandas del crimen organizado se metan aquí a operar en el estado de Hidalgo”.

Asimismo, señaló que se tiene los peores índices en estados vecinos, como en el Estado de México, en donde bromeó “ya quería hacer un muro con el Estado de México y que Eruviel lo va a pagar, claro que no, son nuestros hermanos mexiquenses, pero a medida que da resultados el Estado de México, no vaya a darse el efecto cucaracha y se vayan a venir para acá”.

Manifestó sobre las otras colindancias, que Veracruz anda en las mismas, Tamaulipas está peor y Querétaro trae ya su descomposición y un poco menos San Luis, “pero si no hacemos algo, se va a venir el efecto cucaracha y no quiero que eso le suceda a Hidalgo, por eso estoy pensando en un programa de seguridad pública muy ambicioso, que abarca todos los aspectos que acabo de comentar”.

Por otro lado, Fayad habló del programa para beneficiar a los estudiantes que terminen el ciclo escolar y de conectar a los estudiantes con las empresas, para pactar con las mismas financiando recursos para que los contraten, los capacite y empiecen a trabajar y se estén ahí, “normalmente el alumno que colocas en una empresa y lo capacitan y se queda tres meses lo acaban contratando”.

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