El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela informó que Díaz, exgobernador de Nueva Esparta y militante de Acción Democrática, falleció a causa de un infarto. Sin embargo, líderes opositores como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia aseguraron que su muerte refleja un “patrón sostenido de represión estatal”, recordando que ya son siete los presos políticos fallecidos en prisión desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Díaz fue detenido en noviembre de 2024, en medio de la crisis política tras las presidenciales que dieron la reelección a Maduro, resultado denunciado como fraudulento por la oposición. Días antes de su arresto, el político había cuestionado la falta de transparencia en los resultados y criticado la crisis eléctrica que afectó a Nueva Esparta.

La declaración de Washington se produce en un momento de tensión, tras el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, acción que Caracas interpreta como una amenaza de intervención. El presidente Maduro no se ha pronunciado directamente sobre el caso, mientras que la oposición insiste en que la responsabilidad de la muerte recae en el Estado venezolano.

Machado y González Urrutia subrayaron que la integridad de Díaz era responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían detenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Ambos descartaron que su fallecimiento pueda considerarse “común” y exigieron una investigación independiente.

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