La decisión judicial se fundamenta en el “peligro de fuga” de Chávez, señalado como palpable debido a su inasistencia al control biométrico y a varias audiencias. Con ello, se revocó la orden de comparecencia con restricciones que se le había impuesto previamente.

Betssy Chávez fue detenida en junio de 2023 y permaneció en prisión preventiva hasta septiembre de este año. La Fiscalía de Perú solicita para ella una condena de 25 años de cárcel por el delito de rebelión. Tras ser liberada por decisión del Tribunal Constitucional, que reconoció una detención arbitraria, recibió asilo político del Gobierno de México hace dos semanas.

Actualmente, Chávez reside en la Embajada mexicana en Lima, sin que se le haya concedido el salvoconducto para viajar a México. El ejecutivo peruano condicionó esta autorización a consultas en la Organización de Estados Americanos (OEA), argumentando que la Convención de Caracas sobre asilo diplomático ha sido desvirtuada.

El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, negó que su país vaya a irrumpir en la sede diplomática mexicana, asegurando que “Perú es respetuoso del derecho internacional” y descartando cualquier acción similar a la ocurrida en Ecuador con Jorge Glas.

Por su parte, el Gobierno de transición de Perú, encabezado por José Jerí, rompió relaciones diplomáticas con México tras el otorgamiento del asilo. Además, Álvarez anunció que Perú denunciará a México en instancias internacionales por presunta injerencia, atribuyendo la decisión a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

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