La propuesta establece que el procedimiento deberá informarse al Comité de Bioética, encargado de evaluar la aptitud de la persona y la procedencia de la solicitud. El proyecto plantea reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, con el objetivo de regular la eutanasia y el suicidio asistido en el país.

De acuerdo con el documento, la Secretaría de Salud emitirá los lineamientos que definan requisitos, formatos y tiempos de reflexión antes de aprobar y ejecutar el procedimiento. Además, se precisa que el médico autorizado podrá negarse a realizarlo, en cuyo caso la institución deberá asignar a otro profesional no objetor de conciencia.

La iniciativa define la muerte asistida como la “terminación intencional de la vida”, practicada por personal médico autorizado a solicitud expresa de la persona. Incluye dos modalidades:

• Eutanasia: actos intencionales realizados por un médico para terminar la vida del paciente, previa aprobación de la autoridad competente.
• Suicidio asistido: el médico proporciona los medios para que el paciente ejecute el procedimiento por sí mismo, también con autorización oficial.

Aunque en México la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos, la Encuesta Nacional de Opinión sobre el derecho a morir con dignidad 2022 reveló que el 68.6 % de los encuestados considera que las personas en fase terminal deberían tener la opción de adelantar su muerte. Asimismo, el 72.7 % opinó que las leyes deben cambiar para permitir ayuda médica en estos casos.

A nivel mundial, países como Suiza, Bélgica, Países Bajos, Canadá, España, Italia, Alemania, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda cuentan con regulaciones en la materia. En América Latina, Colombia y Ecuador han despenalizado la eutanasia mediante resoluciones judiciales.

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El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló en un comunicado que “nuevas ideologías destructivas han dado refugio a violaciones de derechos humanos” y subrayó que la administración no permitirá que prácticas como la “mutilación de niños” o leyes que limiten la libertad de expresión queden impunes.

De acuerdo con fuentes oficiales, los diplomáticos deberán incluir en sus informes:

• Subvenciones estatales a abortos o fármacos abortivos.
• Número total de interrupciones voluntarias del embarazo.
• Políticas de diversidad, equidad e inclusión que impliquen discriminación positiva por raza, sexo o clase social.
• Intentos de coacción hacia la eutanasia.
• Procesos de cambio de sexo en menores, calificados como “mutilación química o quirúrgica”.

Las embajadas también deberán señalar investigaciones contra la libertad de expresión, violaciones a la libertad religiosa —con énfasis en el antisemitismo— y prácticas que faciliten la migración masiva o ilegal. Estas medidas se enmarcan en la batalla ideológica de Trump contra lo que denomina “wokismo”, término con el que se refiere a pensamientos progresistas o no conservadores.

El último informe del Departamento de Estado sobre derechos humanos, publicado en agosto, ya había omitido secciones habituales dedicadas al colectivo LGTBI y a la corrupción, lo que refleja un cambio en las prioridades de la administración.

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Su historia y el video que él mismo grabó le dio la vuelta a Colombia, provocando una gran conmoción y solidaridad con el joven y que decenas de hinchas y barras bravas del equipo capitalino acudieran hoy a las puertas del hospital San Ignacio de Bogotá para despedirlo y acompañarlo en el procedimiento.

«Mi nombre es Javier Acosta soy hincha de millonarios y el día de ayer tome una decisión para mí vida y el día de hoy me despido de amigos y familiares a lo grande aguante la vida locos«, publicó el joven en sus redes sociales.

Este joven bogotano quedó hace nueve años en silla de ruedas tras un accidente de tráfico, y contrajo una bacteria en una piscina que le provocó una grave infección que llegó hasta sus huesos, enfermedad que no lograron controlar y terminó desarrollando un cáncer de sangre, según relató a Noticias Caracol.

Acosta estaba «esperando un milagro«, los médicos le dijeron en los últimos días que no habría tratamiento posible. «Amigos, pero paila (mal) les cuento que no habrá milagro, que no hay otra oportunidad», explicaba el joven en un video con un nudo en la garganta.

Tras cinco años luchando contra la enfermedad, los tratamientos no le hicieron efecto y el cáncer comenzó a desarrollarse en la cabeza, por lo que, en vista de que tampoco puede caminar, el joven decidió que prefería someterse a la eutanasia que vivir en un hospital esperando a que el cáncer acabara con su vida.

Por eso, el joven, padre de una menor de 12 años, este pasado lunes tomó la decisión de optar por la eutanasia, que en Colombia es legal en casos de enfermedad terminal, grave o incurable, y que fue realizada este viernes.

«Se acabó la vida y hago el ‘en vivo’ para despedirme de todos porque más adelante no tendré fuerzas para decírselo. (…) No es fácil tener una infección de estas«, decía el joven en uno de sus últimos videos.

Por el caso incluso se interesó Radamel Falcao García, quien lo llamó cuando estaba en la clínica y le comunicó que le dedicará el primer gol que marque con la camiseta del equipo bogotano, al que llegó este semestre.

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Numerosas publicaciones en redes aseguran que en Nueva Zelanda se aprobó una ley de eutanasia «para pacientes con covid», a raíz del titular de un medio católico neozelandés y de una afirmación de la web anti-eutanasia The Defender, que, tras consultar al Ministerio de Sanidad de ese país, extraía la conclusión de que los pacientes de covid «podrían ser elegibles» para la muerte asistida.

Asimismo, circularon en internet múltiples comentarios a raíz de un vídeo publicado por un medio de comunicación español en el se aseguraba que el Gobierno neozelandés «paga a los médicos un bono de 1.087 dólares más los gastos de viaje por prestar el servicio de la eutanasia a pacientes graves por coronavirus».

HECHOS: La Ley de Eutanasia neozelandesa, en vigor desde el 6 de noviembre de 2021 aunque fue aprobada por el Parlamento en 2019, no está pensada para su aplicación a enfermos graves de covid, y establece una ayuda de 1.087,20 dólares (unos 650 euros) para que médicos y enfermeros afronten gastos exigidos por el procedimiento de muerte asistida, no como un plus salarial para incentivarla.

Ayudas para costes de asistencia

Los 1.807,20 dólares neozelandeses previstos en la regulación oficial de la muerte asistida corresponden a unas ayudas que médicos y enfermeros pueden solicitar por conceptos concretos y justificados en relación a servicios como asesoramiento al registrador o administración de medicamentos.

También pueden los profesionales sanitarios recibir compensaciones a sus gastos de viaje cuando esos desplazamientos sean necesarios para proporcionar eutanasia a un enfermo con derecho a recibirla y se compruebe que Los costes están debidamente justificados y razonados.

En ambos casos, se trata de ayudas con las que el Estado financia el servicio de eutanasia con el objetivo de garantizar que sea «accesible a todos los que cumplan las condiciones para solicitar la muerte asistida», según aclaran fuentes del Ministerio de Sanidad de Nueva Zelanda consultadas por EFE.

La norma, aprobada definitivamente el 17 de octubre de 2020 en un referéndum vinculante, permite que un médico administre una droga letal a un adulto al que le quede un máximo de seis meses de vida y sea víctima de una enfermedad terminal insufrible, siempre y cuando lo haya solicitado de forma consciente y voluntaria, según estipula la denominada «Ley de Elección para el Final de la Vida».

Asimismo, los médicos desplazados para administrar la eutanasia pueden recibir una compensación por los costes del viaje «para facilitar el acceso al servicio en áreas rurales y regiones con un bajo número de médicos disponibles», tal como precisa el documento sobre «financiación y pago del servicio de muerte asistida» del Ministerio de Sanidad neozelandés.

La ley no es para pacientes covid

La desinformación surgió a raíz de un artículo publicado por The Defender, una web neozelandesa dirigida por un movimiento «provida» que considera que «la Ley de Elección para el Final de la Vida conducirá directamente a la muerte injusta de personas vulnerables».

El editor de este digital, Henoch Kloosterboer, preguntó directamente al Ministerio de Sanidad si un paciente gravemente hospitalizado por coronavirus podía ser «potencialmente elegible» para la eutanasia cuando su pronóstico de vida fuera inferior a seis meses y se pudiera utilizar así este recurso «para rebajar la presión hospitalaria» en el país.

En una de sus respuestas, el Gobierno indicaba que un paciente de covid «podía ser elegible para la muerte asistida si cumple con los requisitos», lo que dio pie a malinterpretaciones por parte de los críticos con la nueva norma.

Sin embargo, las fuentes del Ministerio de Sanidad consultadas por EFE insisten en dejar claro que Nueva Zelanda «no ha aprobado la eutanasia para personas con coronavirus» y subrayan que los medios y perfiles en redes sociales que sostienen esa falsedad difunden información engañosa.

Además, el ministerio neozelandés de Sanidad recalca que la eutanasia «no reemplaza los cuidados paliativos ni los servicios de atención médica», sino que proporciona «otra opción para personas con una enfermedad terminal en determinadas circunstancias».

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Sepúlveda falleció hoy a los 51 años en el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) en la ciudad de Medellín, después de una incansable lucha por ejercer su derecho a morir dignamente, que en Colombia es legal desde 1997, aunque no se empezó a ejercer hasta 2015.

El caso de Martha Sepúlveda se conoció el pasado septiembre cuando, en un reportaje de Noticias Caracol, contó su deseo de morir: «Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila (…) Cobarde seré, pero no quiero sufrir más, estoy cansada. Lucho por descansar», dijo la mujer, quien agregó que la certeza de morir le daba «tranquilidad».

Desde que fue diagnosticada, la mujer empezó a perder fuerza en las piernas y cada vez se le hizo más difícil caminar distancias largas, lo que empeoró su calidad de vida.

Sin embargo, horas antes de que le practicaran el proceso en septiembre, Incodol decidió cancelar el procedimiento al «contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente» con el que «se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado», según señaló en un comunicado.

Entonces un juez de Medellín ordenó al centro médico volver a programar la eutanasia, «siempre y cuando esta (Sepúlveda) mantenga su voluntad de practicarlo», y hoy la entidad prestadora de salud dio la autorización y «se realizó el procedimiento», según confirmaron al diario local El Colombiano.

Eutanasia para no terminales

Esta eutanasia se produce tan solo un día después de que este viernes Víctor Escobar, de 60 años y quien padecía la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes e hipertensión, entre otros problemas, se convirtiese en el primer colombiano en recibir la eutanasia sin ser un paciente terminal y tras haber tomado la decisión de tener «una muerte digna».

Martha Sepúlveda es, por lo tanto, la segunda persona sin una enfermedad en estado terminal en recibirla, después de que la Corte Constitucional lo autorizara el pasado julio para este tipo de pacientes.

El fallo de julio de la Corte, que modifica el «homicidio por piedad» del Código Penal y que antes contemplaba penas de hasta 54 meses de prisión, anula ese primer requisito de que la persona que lo solicite padezca una enfermedad terminal, y lo hace motivado por las barreras que aún persisten en el país para ejercer este derecho.

La eutanasia en Colombia

Colombia fue el primer país de Latinoamérica en despenalizar la eutanasia y es uno de los pocos del mundo donde es legal después de que el Constitucional consagrara en 1997 la muerte digna como un derecho fundamental en caso de enfermedad terminal cuando el paciente sufriera de mucho dolor, lo solicitara de forma voluntaria y lo realizara un médico.

A pesar de que es legal desde 1997, no se comenzó a ejercer ese derecho hasta 2015 y los procedimientos aún enfrentan barreras, como que solo se realiza en determinadas ciudades y muchos centros médicos no saben cómo actuar.

En el país tan solo se han realizado 94 procedimientos de eutanasia desde abril de 2015 hasta el 8 de mayo de 2020, según el Ministerio de Salud, que cuenta los casos desde que se permitió el procedimiento.

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«El Comité de Ética (del servicio sanitario público) constató que el hombre se encuentra dentro de las condiciones establecidas por el Consejo para acceder al suicidio asistido, por primera vez en Italia», anunció hoy la Asociación Luca Coscioni, que lleva años luchando por la introducción de una ley que regule la eutanasia en Italia.

Mario -un nombre ficticio para mantener oculta la identidad del enfermo- llevaba más de un año solicitando al hospital de la región de Las Marcas (centro-este) «que verificase sus condiciones de salud para acceder, legalmente en Italia, a una droga letal para poner fin a su sufrimiento», el plazo previsto por la sentencia del Constitucional.

«Hemos conquistado en Italia el derecho de poder elegir sobre la propia vida», dijo a Efe Filomena Gallo, codefensora de Mario y secretaria de la organización, quien calificó de «cruel» haberle hecho «esperar 15 meses porque la sentencia del Constitucional ya tiene valor de ley».

Tras la primera negativa del servicio regional de Las Marcas (ASUR), un laudo de mediación y la decisión final del Tribunal de Ancona, además de dos advertencias legales a la ASUR, Mario finalmente obtuvo la opinión favorable del Comité de Ética, después de que un grupo de médicos especialistas confirmara que tiene derecho al acceso legal al suicidio asistido.

«Me siento más ligero, me he liberado de toda la tensión acumulada en los últimos años», dijo Mario, quien «ya estaba listo para irse a Suiza», según explicó Gallo, cuando acudió la asociación Coscioni, que le ha acompañado durante todo el recorrido legal necesario hasta lograr su deseo.

Ahora «proporcionaremos, en colaboración con un experto, los detalles de los métodos de autoadministración del fármaco adecuados para Mario, en función de sus condiciones. La sentencia del Tribunal Constitucional establece que a la estructura pública del Servicio Nacional de Salud sólo le corresponde la verificación de las modalidades ante el comité de ética territorial competente ”, dijo la abogada.

En Italia se pueden suspender los tratamientos de apoyo vital, dar cuidados paliativos y sedación profunda, como prevé la ley del testamento biológico, «pero si Mario no hubiera sido capaz de se autosuministrase el fármaco hubiera necesitado la eutanasia directa, y eso todavía está considerado un delito», añadió.

La abogada recordó que la asociación ha presentado más de 1.2 millones de firmas -«más del doble de las necesarias»- para convocar un referéndum que permita «abrogar este delito» ante «la falta de voluntad política».

«La clase dirigente italiana tiene miedo de la libertad de los propios ciudadanos, en vez de pensar en las libertades civiles, fundamentales, prefieren no pronunciarse y mantener prohibiciones que no existen en nuestra Constitución», aseguró.

La Sanidad pública «se esconde tras la ausencia de una ley que defina los procedimientos» fruto de la «parálisis de Parlamento, que tres años después de la petición del Tribunal Constitucional, sigue sin poder aprobarla», indicó por su parte Mario Cappato, tesorero de la Asociación.

«El resultado de esta irresponsabilidad institucional es que personas como Mario se ven obligadas a soportar incluso un calvario judicial, además del sufrimiento físico y psicológico causado por su condición», añadió.

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“Según reunión en la cual se revisó y analizó de nuevo de forma amplia y suficiente la solicitud de la señora Martha Liria Sepúlveda, concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento a morir con dignidad a través de eutanasia, programado para el día 10 de octubre de 2021″, señala en un comunicado la IPS.

 

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Explican que la decisión se basó en el numeral 26.6 del artículo 26 de la Resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud, que le asigna al Comité dentro de sus funciones revisar el trámite de la solicitud y el procedimiento eutanásico completo, a fin de detectar alguna situación que afecte el desarrollo del mismo.

“Es por eso que, al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité”, explica Incodol.

Sepúlveda, es una mujer de 51 años que padece de una esclerosis lateral amiotrófica que, entre muchas otras consecuencias y dolores indescriptibles, le ha quitado la posibilidad de caminar y desplazarse por sí misma. Por este motivo acudió a la justicia colombiana en búsqueda de tener una muerte digna y pronta.

Sepúlveda se convertiría en la primer paciente con diagnóstico no terminal en acceder a la eutanasia en Colombia, y en el mundo entero.

En Colombia, la eutanasia se despenalizó en 1997, se convirtió en ley hasta 2015, y en julio pasado la Corte Constitucional extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan «un intenso sufrimiento físico o psíquico» por causa de una lesión o enfermedad incurable.

Fue la dificultad para caminar, con el pasar del tiempo más intensa, la que le obligó a tomar la decisión.

Así, el pasado 22 de julio, la Corte Constitucional confirmó que por norma se extendió el cubrimiento del derecho a fundamental a morir dignamente a los pacientes no terminales, pues es clave resaltar que anteriormente este procedimiento estaba habilitado solamente para personas que tuvieran enfermedades terminales en estado avanzado.

Martha solicitó la eutanasia el pasado 27 de julio, cuatro días después de que la Corte diera luz verde a acceder a ese derecho.

Paz con la decisión

«Mi mamá está tranquila y feliz desde que le dijeron que podía morir porque su vida era literalmente un infierno«, dijo su hijo a la BBC.

Y así se le ve, contenta porque va a morir.

«Tengo buena suerte«, dice en su última entrevista televisiva con Caracol TV. «Me río más, duermo más tranquila«.

«Soy una persona católica, me considero muy, muy creyente. Pero Dios no me quiere ver sufrir a mí«.

«Con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es que me vaya a descansar«.

Con información de Infobae, Excelsior y BBC Mundo

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La Cámara Baja aprobó esta iniciativa, ingresada por parlamentarios de oposición, que busca permitir que una persona con una enfermedad terminal e incurable, una patología que sea muy dolorosa o una enfermedad que derive en sufrimiento psicológico pueda ser ayudada a morir si lo desea.

«Lo que antes era obligar a sufrir ahora será ofrecer un derecho a vivir con dignidad«, afirmó durante la discusión el diputado Vlado Mirosevic, uno de los autores del proyecto, del Partido Liberal).

En 2006 y 2011 ya se habían presentado otras iniciativas similares, pero ninguna había llegado tan lejos como la propuesta actual, que fue ingresada hace seis años por una decena de parlamentarios de oposición y ha ido ganando seguidores hasta obtener un apoyo transversal, incluyendo a diversos diputados de la derecha.

Pese a que Chile es considerado como uno de los países más conservadores de Latinoamérica, la eutanasia cuenta con un alto respaldo ciudadano. Setenta y dos por ciento de los chilenos se mostró de acuerdo con este derecho, según datos de la encuestadora Cadem.

Además, el 77 por ciento del personal sanitario se mostró a favor de que se permita realizar la práctica para pacientes con sufrimiento intolerable o con una enfermedad incurable, según una encuesta del Colegio Médico (Colmed).

Según el proyecto actual, este derecho será indelegable, es decir, solo podrá ser solicitado directamente por el enfermo, y solo optan a él los mayores de 18 años.

Otro punto controvertido fue la objeción de conciencia, que podrá ser invocada tanto por el médico como el resto del personal al que le corresponda desempeñar el procedimiento.

De salir adelante la ley, pues todavía debe aprobarse en el Senado, Chile se convertiría en el octavo país del mundo en despenalizar la eutanasia y el segundo de Latinoamérica, una región de tradición conservadora en la que este derecho también se está abriendo camino.

En Colombia es legal desde 1997 por decisión del Tribunal Constitucional (aunque el primer procedimiento no se autorizó hasta 2015) y Perú dio un paso en firme el pasado enero con el caso de Ana Estrada, una mujer que padece poliomiositis que logró acceder a la muerte asistida a través de un inédito fallo judicial.

La eutanasia también se ha legalizado en España, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Nueva Zelanda, cuya ley entrará en vigor en noviembre.

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España se convierte en el séptimo país del mundo donde la eutanasia será legal, tras Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda.

Podrán solicitarla los mayores de edad que sufran «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable».

Una «Comisión de garantía y evaluación«, compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, será responsable en última instancia de autorizar cada proceso de eutanasia. El solicitante deberá confirmar varias veces el deseo de seguir adelante y podrá desistir en cualquier momento.

Después de ser enmendada por el Senado, el Congreso respaldó finalmente hoy la ley con el voto a favor de 202 de los 350 diputados, con 141 en contra y 2 abstenciones.

La norma, que entrará en vigor dentro de tres meses, fue impulsada por el gobernante Partido Socialista, apoyada por el resto de los partidos de izquierda, liberales, nacionalistas e independentistas; y rechazada frontalmente por la oposición de conservadores y de extrema derecha.

La ley es motivo de polémica social y política, con un fuerte enfrentamiento dialéctico entre la izquierda y la derecha.

La ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, aseguró que España avanza en el «reconocimiento de los derechos», así como en una sociedad «más justa y decente».

La diputada socialista y exministra de Sanidad María Luisa Carcedo recordó a todos aquellos que han luchado por conseguir que se apruebe esta ley, que da «libertad para decidir», resaltó.

Por el contrario, el parlamentario conservador José Ignacio Echániz (Partido Popular) se refirió a que «no existe demanda social objetiva», y aseguró que comités de bioética consideran que la ley abre la puerta a «eutanasias no solicitadas» y España puede convertirse en un país de «turismo eutanásico».

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El histórico fallo, publicado este jueves, ordena al Ministerio de Salud y al Seguro Social de Salud (EsSalud) respetar y atender la solicitud de Estrada, de 44 años, que sufre polimiositis, una enfermedad degenerativa e incurable que debilita sus músculos y actualmente la mantiene la mayor parte del tiempo en su cama.

Con esta sentencia, los médicos que apliquen la eutanasia a Estrada, en el momento que ella lo decida, quedarán eximidos de castigo, pues la eutanasia está penada en Perú con hasta tres años de prisión bajo la figura del homicidio piadoso.

La sentencia del juez Jorge Luis Ramírez, del undécimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, puede ser apelada por los Ministerios de Salud y de Justicia y por EsSalud, cuyos abogados se oponen a la demanda de Estrada al considerar que la eutanasia debe ser legalizada por una ley en el Congreso.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, que ha patrocinado la demanda de Estrada, ya ha anticipado que acudirán al Tribunal Constitucional si se revierte en segunda instancia la presente sentencia.

El fallo establece una serie de plazos para que el Ministerio de Salud y EsSalud preparen el procedimiento para atender la solicitud de eutanasia de Estrada.

Primero deberán conformar en siete días tres comisiones médicas con reserva de la identidad de los médicos y con respeto de su objeción de conciencia.

Dos comisiones estarán en EsSalud, una para elaborar los aspectos asistenciales y técnicos y un protocolo de cumplimiento del derecho de Estrada a la muerte digna y otra para cumplir con practicar la eutanasia propiamente dicha.

El Ministerio de Salud tendrá otra comisión que deberá aprobar el plan con los aspectos asistenciales y técnicos elaborados por EsSalud.

Una vez aprobados los protocolos, EsSalud deberá practicar la eutanasia a Estrada en un máximo de diez días desde el momento que ella manifieste formalmente su voluntad.

Durante la audiencia celebrada sobre este caso, Estrada ya dejó claro que ella tiene ganas de vivir, y lo que pretende es tener la libertad de poder elegir el momento en el que morir con dignidad cuando las condiciones de su enfermedad hagan ya su vida insoportable e indigna.

El único aspecto que el juez no aceptó de la demanda fue ordenar al Ministerio de Salud que elabore una directiva para otros casos similares al de Estrada, por lo que de momento Ana será la única persona en Perú con derecho a la eutanasia.

Esta sentencia supone un paso hacia la legalización de la eutanasia para hacerla accesible a toda su población, algo que puede darse con un proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso e inspirado en el caso de Ana Estrada.

Hasta ahora sólo seis países en el mundo han legalizado la eutanasia, entre ellos Bélgica, Canadá, Colombia, España, Holanda y Luxemburgo, mientras que Chile está próximo a sumarse con una ley pendiente de ser ratificada por el Senado.

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