La detención se habría realizado alrededor de las 4:30 de la tarde, utilizando una patrulla oficial en la que viajaban varios elementos. Dos días después, la Guardia Nacional se enfrentó a un grupo armado y logró ubicar el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde fueron detenidas 10 personas y se rescató a dos víctimas de privación ilegal de la libertad, una de las cuales identificó a Gabriel ‘N’.

Sin embargo, la familia del expolicía asegura que él no estaba en turno el día de la detención. Su padre, Roberto Nieto, afirma que los registros del teléfono celular de Gabriel ‘N’ prueban su ubicación en esos días.

Gabriel ‘N’ trabajó previamente como bombero en El Arenal antes de unirse a la policía de Tala por cuatro meses. Posteriormente; laboró en Amatlán de Cañas, Nayarit; luego en Acatic, donde finalmente fue detenido.

Años de prisión 

Como medida cautelar; un juez determinó un año de prisión preventiva justificada; por lo que permanecerá en el Centro Integral de Justicia Regional de Tequila mientras avanza el proceso en su contra.

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Poco después del suceso, el jefe de la Policía, Damrongsak Kittiprapas, especuló con la posibilidad de que el autor de la matanza, que hoy tenía que asistir a un juicio por posesión de drogas, «probablemente estaba estresado y con alucinaciones (por el uso de anfetaminas)» cuando cometió el ataque.

El responsable policial ha anunciado este viernes que la autopsia no ha revelado restos de droga en el cuerpo de Panya Kamrab, el exagente de 34 años que causó la muerte de 37 personas, incluidos 22 niños, en un centro escolar de la localidad de Uthai Sawan, el noreste del país.

«Inicialmente, no se ha encontrado droga en su sistema», ha dicho en una rueda de prensa Damrongsak, quien ha precisado que el examen «post mortem» muestra que no consumió drogas en las últimas 72 horas, aunque volverán a hacer otra autopsia para confirmarlo.

La matanza desata el debate sobre las armas y la droga

El presunto asaltante irrumpió en la escuela infantil, situada en la provincia de Nongbua Lamphu, alrededor del mediodía hora local y atacó a los presentes con un arma de 9 mm que tenía legalmente y un cuchillo.

«¿Cómo un policía expulsado puede tener un arma legal? Es uno de los errores de las autoridades, por eso hay que reformar la ley (de armas)», ha exigido, en declaraciones a EFE el secretario general del partido opositor Pheu Thai, Prasert Chantararuangtong, cerca de la guardería de la donde ayer tuvo lugar la tragedia.

Warong Dejkitvikrom, del partido Thai Phakder, ha precisado, por su parte, que «Tailandia tiene buenas leyes para controlar las armas pero no las aplica por corrupción».

Tras la matanza en Uthai Sawan, la tailandesa Kwanrat Binsri ha iniciado una petición en Change.org para que la Policía y el Ejército presten más atención a los oficiales de menor rango, especialmente a los que tengan problemas mentales o exhiban comportamiento anormal.

El ministro de Sanidad tailadnés, Anutin Charnviraku, afirmó anoche que «Tailandia es considerado uno de los países más seguros del mundo» y calificó de «excepción» lo ocurrido el jueves, aunque reconoció que hay que tomar medidas.

«Probablemente tenemos que garantizar mejor los lugares públicos», indicó Anutin a los medios durante una visita a Uthai Sawan

Datos de violencia, armas y drogas

Según un estudio del Instituto de Evaluación y Medida de la Universidad de Wasghinton (EE.UU.), en 2019 se registraron en Tailandia 3,11 muertes por 100.000 habitantes por arma de fuego, una cifra sensiblemente menor que la de otros países de la región.

Se estima que hay más de 10,34 millones de armas en Tailandia, unas 15,14 por cada 100 civiles, de las que unos 4,1 millones no cuentan con licencia o no están registradas, de acuerdo con los datos de Small Arms Survey.

El tráfico de drogas, especialmente de metanfetaminas, también es un problema grave en Tailandia, que junto con Birmania (Myanmar) y Laos forma el Triángulo de Oro, una zona muy afectada por el narcotráfico internacional.

Más de 800 millones de pastillas de metanfetaminas fueron incautadas en 2021 en el Sudeste Asiático, una región que está «inundada» por esta droga, según Jeremy Douglas, representante de Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en la región.

Compensaciones para los familiares

Decenas de familiares y vecinos se han reunido este viernes frente a la guardería de la pequeña y tranquila población de Uthai Sawan, en una ceremonia organizada a escasos metros del centro infantil, donde los funcionarios del Ministerio de Justicia les tomaban los datos uno a uno.

La triste procesión de padres, madres, abuelas y otros familiares directos de los asesinados se sumaba a los llantos desgarrados y rostros de desolación, mientras aguardaban estoicamente a su turno.

“Se trata de aportar evidencias para certificar que son familiares de uno de los fallecidos” en la matanza del jueves, apuntaba a EFE una funcionaria de Justicia sentadas frente a una pila de papeles.

Este ministerio aporta un fondo de compensación de 110.000 bath (unos 2.940 dólares o 3.000 euros) por fallecido, excluido el asaltante.

Está previsto que el primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-ocha, visite a los familiares y les de un nuevo fondo, procedente de su oficina, para después desplazarse al hospital, para ver a los herdos y recibir al rey de Tailandia, Vajiralongkorn.

El segundo tiroteo en un mes

Los tiroteos masivos en Tailandia son raros, pero en 2020 un soldado mató al menos a 29 personas e hirió a 58 en un alboroto que abarcó varios lugares, incluido un campamento militar y un gran centro comercial en la provincia nororiental de Nakhon Ratchasima.

El mes pasado, otro oficial de policía mató a tiros a dos colegas e hirió a otro en la Escuela de Guerra del Comando de Entrenamiento del Ejército en Bangkok.

La matanza perpetrada el jueves es una de las más graves registradas en un centro escolar en el mundo, al margen de conflictos armados o ataques terroristas.

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Durante el ataque una trabajadora de la dependencia también resultó herida, sin embargo fue trasladada a un hospital de la región, algunos testigos afirmaron que la balacera se desató cerca de las 11 horas, frente a la pluma de acceso al inmueble.

El ataque se cometió en un área en la que se ubican varias fonditas, una de ellas atendida por Hernández Flores, quien actualmente tenía incapacidad definitiva, debido a lesiones provocadas en el desempeño de sus funciones policiales.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y personal de la Policía Militar, se acordonó la zona para que peritos de la Fiscalía realizaran su trabajo, hasta el momento no se tiene reporte de personas detenidas.

Hernández Flores fue fotografiado en 2011 apuntando con un arma a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, durante la mañana del 12 de diciembre de 2011, cuando fueron asesinados los jóvenes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Cabe mencionar que tras salir de prisión en 2013 por falta de pruebas, Hernández Flores llamó a los familiares de los normalistas para que exigieran que las investigaciones sobre la desaparición de sus hijos llegaran a los verdaderos responsables.

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Fue la noche del jueves 11 de mayo, que autoridades locales fueron alertadas, así que paramédicos que llegaron a un terreno baldío confirmaron que la mujer carecía de signos vitales por las heridas que presentaba en el cuello y el rostro.

Por lo anterior, se dio aviso a personal del Ministerio Público para realizar las diligencias y primeras investigaciones para determinar la mecánica de la agresión a la joven que fue identificada como Bernarda, de 26 años de edad.

La víctima fue trasladada al anfiteatro de la región, se estableció en la carpeta de investigación que hasta hace poco se desempeñaba como elementos de la Policía Municipal de la región.

Será conforme avance la investigación que la Fiscalía General del Estado proporcione mayor información del feminicidio.

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