De acuerdo con el comunicado oficial, se cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República. Entre ellas destacan las de los dos exfuncionarios mencionados, mientras que continúa el proceso para ejecutar la orden contra Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla.

En el despliegue participaron elementos de la SSPC, la FGR y la Guardia Nacional, quienes aseguraron las zonas de intervención. García Harfuch subrayó que las investigaciones siguen abiertas y que se mantendrán las acciones para combatir la extorsión en la región.

La Operación Enjambre forma parte de los esfuerzos federales para enfrentar delitos de delincuencia organizada, particularmente la extorsión que afecta a municipios de Morelos. Con estas detenciones, las autoridades buscan debilitar las estructuras locales vinculadas a prácticas ilícitas.

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El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), imputó a ambos por portación de armas con agravante y posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Un juez de Control dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

La defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional. Tras concluir la audiencia, Andrés y Genaro fueron trasladados de la FEMDO al penal del Altiplano, donde permanecerán mientras se desarrolla el proceso judicial.

Previo a que el juez ordenara a los periodistas retirarse de la sala, Genaro N. aseguró que tanto él como Andrés fueron confundidos y negó pertenecer al CJNG. Señaló que al momento de su detención no portaba armas y pidió la aplicación de pruebas de rodizonato de sodio para demostrar que no dispararon.

La FGR mantiene abiertas las investigaciones en torno a los hechos y al papel de los detenidos dentro de la estructura criminal.

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La captura ocurrió en la alcaldía Benito Juárez, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) le cumplimentaron una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), Pedraza Madrid figura como presunta apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., señalada por fondear recursos en el sistema financiero provenientes de actividades ilícitas. También se le vincula con el desvío de fondos del extinto Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y de la Tesorería de la Federación, que habrían beneficiado a García Luna y a integrantes de su familia.

María Vanesa Pedraza trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) entre 2001 y 2012, periodo en el que García Luna encabezaba la dependencia. El exfuncionario se encuentra actualmente preso en Estados Unidos por sus nexos con el Cártel de Sinaloa.

Tras su detención, Pedraza Madrid fue trasladada al Centro de Readaptación Social número 16, en Coatlán del Río, Morelos, donde el Ministerio Público Federal (MPF) solicitará audiencia inicial para formularle imputación y definir su situación jurídica en las próximas horas.

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El decomiso incluyó 147 bultos tipo costalilla, equivalentes a más de siete millones de dosis individuales que no llegarán a la población. La diligencia se efectuó bajo la supervisión de autoridades federales y navales, quienes garantizaron la legalidad del procedimiento.

Los cargamentos fueron asegurados por elementos de la Marina durante acciones en aguas nacionales. Estos operativos forman parte de las estrategias de seguridad para combatir el tráfico de drogas y mantener el Estado de derecho en la región.

En la incineración participaron representantes de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), del Órgano Interno de Control (OIC), así como el Ministerio Público Federal de Acapulco y autoridades navales.

La SEMAR destacó que estas acciones buscan inhibir la operación de grupos delictivos y proteger la salud de la población. “Se trata de operaciones encaminadas a evitar el tráfico de drogas e impedir que sustancias ilícitas lleguen a la sociedad”, señaló la dependencia.

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El proceso penal fue promovido por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con base en una orden de aprehensión vigente desde febrero de 2012. Yarrington fue detenido tras su reciente deportación desde Estados Unidos a México.

Vínculos con el crimen organizado

Yarrington fue señalado desde hace más de una década por presuntamente recibir sobornos del narcotráfico. Los cargos derivan de una averiguación previa iniciada por la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), hoy FEMDO, con testimonios de testigos protegidos.

Entre los colaboradores que lo implicaron se encuentran personas identificadas con los alias «Jennifer» y «Pitufo», quienes aseguraron que el exgobernador mantenía nexos con cárteles de la droga que operaban en Tamaulipas.

Cuestionamientos a los testimonios

Aunque los testimonios de estos testigos fueron clave en la acusación inicial,; en otros procesos judiciales similares han sido invalidados por inconsistencias y falta de pruebas. Tal fue el caso de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe, Ricardo Escorcia y Rubén Pérez, exonerados de cargos por narcotráfico en julio pasado.

Pese a estos antecedentes, la FGR ha continuado con el caso en contra de Yarrington,; argumentando la solidez de las pruebas y su responsabilidad directa en los hechos.

Deportación desde Estados Unidos

El pasado 9 de abril, autoridades estadounidenses deportaron a Yarrington por la Garita El Chaparral,; en Tijuana, Baja California, tras cumplir una sentencia en ese país. Al llegar, personal de la FGR le notificó la orden de aprehensión pendiente en México.

Posteriormente, fue trasladado al penal federal del Altiplano,; en el Estado de México, donde quedó a disposición del juez que lleva su caso.

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El acto fue presidido por autoridades navales y de la FGR, quienes en compañía de representantes de la FEMDO, verificaron la destrucción total del estupefaciente.

Esta acción se realizó en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad, producto de un aseguramiento realizado en octubre del año 2021 en la costa de Colima, tras la intercepción de una embarcación.

También es relevante mencionar que el personal naval realiza funciones de Guardia Costera en apego a los procedimientos establecidos, con el objetivo de dar cumplimiento a los fines de Seguridad Nacional, contribuyendo con esto a inhibir la acción delincuencial y evitar que los grupos delictivos sigan dañando a la sociedad, lo que contribuye a generar un ambiente de paz y seguridad para las familias mexicanas.

Estas acciones son resultado de los esfuerzos coordinados y de la estrecha colaboración entre esta Institución con otras autoridades; con las cuales se contribuye a debilitar la distribución de este tipo de narcóticos por parte de los grupos delictivos.

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Esta acción se realizó en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad, producto del aseguramiento de una embarcación localizada a 132 millas náuticas (244 kilómetros) aproximadamente al Suroeste de Puerto Chiapas, el pasado 17 de febrero de 2022, en el área geoestratégica de la Octava Región Naval.

El acto se realizó en presencia del Vicealmirante José Manuel Guido Romero, Comandante de la Décimo Cuarta Zona Naval y de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, así como ante autoridades del Órgano Interno de Control, peritos de la FGR y de personal naval.

Cabe destacar que estas acciones son resultado de los esfuerzos coordinados y de la estrecha colaboración entre esta Institución con otras autoridades; con las cuales se contribuye a debilitar la distribución de este tipo de narcóticos por parte de los grupos delictivos.

También es relevante mencionar, que el personal naval realiza funciones de Guardia Costera en apego a los procedimientos establecidos, con el objetivo de dar cumplimiento a los fines de Seguridad Nacional, contribuyendo con esto a inhibir la acción delincuencial y evitar que los grupos delictivos sigan dañando a la sociedad, lo que permite generar un ambiente de paz y seguridad para las familias mexicanas, contribuyendo de esta manera a continuar fortaleciendo un clima de paz y seguridad.

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